Nancy Flores / @Nancy_Contra
En la trama de corrupción que protagoniza Oceanografía –empresa que habría defraudado a Pemex, Banamex y Bancomext– se agrega otro actor: Rafael Macedo de la Concha.
En sus tiempos como procurador, sus subalternos armaron la inconformidad que la naviera presentó ante la Secretaría de la Función Pública para apelar el fallo de la licitación internacional 18575024-013-03.
Gracias a la “labor” de los abogados de la PGR, el contrato de la paraestatal por 1 mil 600 millones de dólares fue otorgado a la compañía de Amado Yáñez.
La “asesoría jurídica”, sin embargo, se adjudicó públicamente al despacho de Antonio Lozano Gracia –socio de Diego Fernández de Cevallos–, quien cobró 3 millones de dólares por “prestar” su nombre
En los tiempos del general Rafael
Macedo de la Concha al frente de la Procuraduría General de la
República (PGR), esta institución habría actuado al margen de la ley en
beneficio de Oceanografía, SA de CV, y su principal accionista, Amado Yáñez Osuna.
Gracias a lo que podría constituir una intervención
indebida de la PGR, la naviera habría conseguido que Petróleos
Mexicanos (Pemex), a través de su filial Exploración y Producción, le
asignara un contrato transexenal por 1 mil 600 millones de dólares.
Fuentes allegadas al caso –que han
solicitado el anonimato por temor a represalias– narran cómo a fines de
julio de 2003 se habrían desviado recursos públicos, en específico
humanos, para “auxiliar jurídicamente” a la naviera, ahora investigada
por los supuestos delitos de fraude y lavado de dinero.
Se trataría de la participación directa de un equipo de abogados adscritos a la PGR en el escrito de inconformidad que Oceanografía
presentó ante la Secretaría de la Función Pública, tras haber sido
descalificada de la licitación pública internacional 18575024-013-03.
A decir de las fuentes consultadas,
fueron los servidores públicos quienes estudiaron el caso y redactaron
la defensa jurídica de la empresa privada. No obstante, la
representación legal para dicha inconformidad recayó públicamente en el
panista y exprocurador general de la República, Fernando Antonio Lozano
Gracia (socio de Diego Fernández de Cevallos, quien se cuenta entre los
abogados que defendieron en algún momento a Oceanografía).
En la inconformidad, de la cual Contralínea
tiene copia, figuran también como abogados Juan Miguel Alcántara Soria,
exsubprocurador de la PGR y exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; Arturo Germán Rangel, exsubprocurador de la PGR
(y actual abogado de Elba Esther Gordillo); Guillermo Narváez
Bellacetín, exdirector general de Información e Integración de la
Función Pública; Fernando Córdova Lobo, exdiputado federal priísta;
Gerardo Vázquez Alatriste, actual delegado de la PGR en Jalisco;
Froylán Díaz Martínez; María Gisela Lozano Gracia; Moisés Durán
Pereida; José Manuel Rosales Mireles, y Roberto César Bustos Lozano.
Por este “servicio”, que en realidad
hicieron los subordinados del entonces procurador general de la
República, el despacho de Lozano Gracia recibió un pago de 3 millones
de dólares.
Los hechos
En la inconformidad –que se presentó ante la Función Pública, entonces a cargo del panista Eduardo Romero Ramos–, Oceanografía alegó lo que ahora las autoridades federales le imputan: irregularidades en el proceso en beneficio de uno de los competidores.
Como lo ha documentado Contralínea, para ese entonces (2003) la naviera ya contaba entre sus gestores a Marta Sahagún, a sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca
y a su hermano Guillermo. Éstos negociaban los contratos de la empresa
de Amado Yáñez con Raúl Muñoz Leos, entonces director de Pemex. En esa
época, al frente de la subsidiaria Exploración y Producción se
encontraba Luis Ramírez Corzo, quien –al asumir la Dirección General de
la paraestatal– también “llegó a un acuerdo” con los familiares del
expresidente panista Vicente Fox para beneficiar a Oceanografía.
En el caso que involucra a la PGR,
ocurrió a inicios de 2003: entonces, Pemex Exploración y Producción
convocó la licitación internacional 18575024-013-03 para la
“inspección, mantenimiento y reacondicionamiento a ductos costa fuera
de la región marina en la Sonda de Campeche, en la Costa Este del Golfo
de México y en el área de plataforma de la Región Marina Noroeste”. El
proyecto tuvo como fecha estimada de inicio el 5 de julio de ese año y
de término el 31 de diciembre de 2007.
No obstante, la licitación se alargó
por las juntas de aclaraciones que –a decir de Amado Yáñez en el
escrito de inconformidad– no resolvieron las dudas de los concursantes.
Además de Oceanografía, el 25 de julio
de 2003 las empresas Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV;
Servicios Marítimos de Campeche, SA de CV; Quantum Ingenieros, SA de
CV, y/o Cemtec México, SA de CV; y Condux, SA de CV, y/o Arrendadora
Sipco, SA de CV, presentaron propuestas técnicas y económicas.
El 5 de agosto se llevó a cabo la
última sesión del proceso con la apertura de propuestas económicas. En
ésta, se declararon insolventes las propuestas de Oceanografía y
Quantum Ingenieros.
Tras dicha decisión, el panista Jorge
Arturo Manzanera Quintana (quien después fue coordinador de estructura
electoral y defensa jurídica del voto en el equipo de campaña de Felipe
Calderón por la Presidencia de la República) habría solicitado “ayuda”
al procurador Macedo de la Concha, aseguran los informantes, quienes
fueron directamente involucrados en la defensa de Amado Yáñez.
En los días posteriores, los abogados
de la PGR prepararon los argumentos legales para garantizar que la
Secretaría de la Función Pública revocara la primera decisión de Pemex,
que descalificaba a Oceanografía .
Para el 12 de agosto de ese mismo año,
Amado Yáñez recibió la versión final de la inconformidad, cuyo
expediente se identificó con el folio 0996324ONT. Posteriormente, la
Función Pública declaró procedente la inconformidad, lo cual derivó en
la contratación de Oceanografía.
Los argumentos jurídicos
Entre los argumentos utilizados por la
naviera para que se revocara la decisión Pemex de descalificarla,
destacan tres: lo que consideró una modificación indebida de la
convocatoria, debido a los retrasos para elegir a la ganadora; la
improcedencia de la descalificación porque, según Oceanografía, sus
barcos sí cumplían con lo requerido por la paraestatal mientras que los
de los otros competidores no; y el supuesto beneficio a Servicios
Marítimos de Campeche.
En el primer caso, señaló: “Por causas
imputables a Pemex Exploración y Producción se llevaron a cabo 12
juntas de aclaraciones, en las fechas 24 y 30 de abril, 2, 6, 8, 16, 23
y 27 de mayo, 2 y 3 de junio y 3 y 11 de julio de 2003; [esta última]
fecha en que ya se había agotado el plazo para el procedimiento
licitatorio y había empezado a correr el término para el inicio de los
trabajos, que se había fijado a partir del 5 de julio del presente año,
sin que se hubiesen contestado en su mayoría las preguntas y dudas de
los participantes, dada la complejidad del proyecto y la redacción de
las bases de la licitación y derivada también, de las diversas
modificaciones que los servidores públicos realizaron a las bases de la
licitación y a los plazos de la convocatoria.”
En el segundo señalamiento, la naviera
de Yáñez Osuna determinó “que los dos argumentos que esgrimió la
Convocante para descalificar a mi poderdante, son improcedentes,
ilegales y frívolos”.
Y en el tercer caso, señaló que los
servidores públicos admitieron que Servicios Marítimos de Campeche
modificara su propuesta, argumentando que la caja que contenía la
información se había quedado, por un “descuido”, en una bodega y no se
había entregado al personal de los Servicios Panamericanos de
Protección, encargados de la custodia de los documentos que presentaron
todas las concursantes.
Al paso del tiempo, el contrato que
Oceanografía consiguió por la intervención de los abogados de la PGR se
convertiría en uno de los primeros negocios que le concederían los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, por más de 31 mil
millones de pesos, y que actualmente investiga la PGR.
Contrario a la defensa que consiguió entonces, actualmente Amado Yáñez se ha quedado sin abogados:?el despacho de Fernando Gómez Mont declinó representarlo por su falta de solvencia económica.
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