Mera
coincidencia irónica con la fecha de la expropiación petrolera son las
notas periodísticas informando que en la punta de la pirámide social
diez megamillonarios mexicanos acaparan 133 mil millones de dólares, lo
cual significa que el ingreso anual de casi 16 millones de hogares
equivale a menos de dos terceras partes de esa fortuna. En decir, 10
mexicanos poseen casi el ingreso de 80 millones de mexicanos. Esta
decena de capitalistas mexicanos, con inversiones en las
telecomunicaciones, minería y comercio, detenta una fortuna de 132 mil
900 millones de dólares, alrededor de 1.8 billones de pesos, de acuerdo
con el listado de la revista Forbes. La fortuna de los diez magnates
–Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas
Pliego, Emilio Azcárraga Jean, Eva Gonda de Rivera, María Asunción
Arumburuzabala, Antonio del Valle Ruiz, Jerónimo Arango y Emilio
Azcárraga Jean– es equivalente a 11 por ciento del valor de los bienes
y servicios producidos en un año por la economía mexicana, medidos a
través del producto interno bruto (PIB), actualmente calculado en 16
billones de pesos.
Esta concentración de riqueza es
correlativa al crecimiento de la pobreza social. En México, 4 de cada
10 personas no tiene dinero para comprar alimentos según el reporte de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Uno de cada cinco habitantes vive en extrema pobreza y uno de cada dos
en pobreza. Esta situación es producto de las políticas privatizadoras
neoliberales desde 1982, y seguramente se agravará más con las
“reformas estructurales” impuestas por el pripanismo y el perredismo
mediante el Pacto por México de Enrique Peña Nieto. La llamada reforma
energética es la privatización de los recursos petroleros en beneficio
de la oligarquía local y extranjera. Esta reforma en los hechos es una
subordinación trasnacional –Exxon, Chevron, Shell, Halliburton,
Schlumberger, etcétera–, pero especialmente es una sumisión política a
los intereses imperialistas del país vecino norteño.
Este 18
de marzo la celebración oficial de la expropiación petrolera que llevó
a cabo Lázaro Cárdenas del Río en 1938 fue encabezada por Peña Nieto,
el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el director de Pemex,
Emilio Lozaya Austin, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; un
gobernador acusado del asesinato de por lo menos 10 periodistas. El
ritual no dio más que para un acto patético de simulación y cinismo.
Dicen que uno de los derivados más importantes del petróleo es la
corrupción, tan profunda como un pozo de hidrocarburos. Oceanografía es
un ejemplo visible; uno más de los escándalos más recientes del Estado
mexicano.
Pero el culmen de la corrupción y el cinismo es la ovación
que recibió el charro sindical Carlos Romero Deschamps como orador
durante la ceremonia donde Peña Nieto insiste, falsamente, en que el
Estado continuará siendo dueño de Pemex. El hecho de que Romero
Deschamps haya estado presente es el descaro de la profunda corrupción
que encierra toda la política petrolera gubernamental de saqueo y
fraudes multimillonarios, como el de Oceanografía, cual punta del
iceberg. Hablar de este charro sindical supermillonario es hablar de
uno de los principales amos de la mafia sindical, nos dice en
su libro el periodista Francisco Cruz Jiménez. Este “líder” sindical
debería estar en la cárcel al igual que la “dirigente” magisterial Elba
Esther Gordillo, pero es ejemplo de honestidad y de lucha gremial
petrolera para Peña Nieto.
Desde hace más de treinta años los
gobiernos neoliberales han venido saqueando descuartizando y
desfalcando a Pemex para presentar a la opinión pública su
"argumentación" de que Pemex necesita "cambiar de régimen", eufemismo
que se usa para esconder la verdadera intención de privatizar la
empresa más importante del país y de América Latina. La lucha contra la
privatización de la industria energética fue iniciada en 1999 por el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Es una lucha con profundas
consecuencias clasistas. Si Pemex y la Comisión Federal de electricidad
(CFE) se preservan como patrimonio nacional y no como empresas
privadas, son los trabajadores de estas industrias quienes garantizarán
esta condición.
Las burocracias gubernamentales están por completo
atravesadas por los intereses de los capitalistas y los charros
sindicales corruptos son sus cómplices. La lucha contra la
privatización de Pemex no es una mera pelea "nacionalista" sino un
capítulo de la lucha de clases de los trabajadores mexicanos por
recuperar el país y evitar su completa enajenación por el imperialismo
de EUA y las grandes petroleras mundiales. Si esta lucha triunfa, el
destino de la industria energética no quedaría en las manos corruptas
de los gobiernos priistas, panistas ni perredistas, ni seguir siendo
saqueada por los charros sindicales. Deberá ser el inicio de una lucha
por un proyecto económico no capitalista, destinado a la resolución de
las necesidades de las masas populares y en donde la participación de
los trabajadores sea la clave de su democratización y subordinación a
los intereses colectivos y no a las ganancias capitalistas.
La
lucha por la soberanía nacional pasa por una necesaria reestatización
de la industria energética, principalmente de la petrolera. Por eso, la
tarde del martes se realizó en Guadalajara una marcha y un mitin muy
combativos del Frente Amplio contra la Privatización de la Industria
Energética, sumándose a la convocatoria del Congreso Popular. Durante
la marcha el contingente se plantó frente al consulado norteamericano
para leer un manifiesto, afirmando que son los intereses de las
compañías petroleras estadounidenses las principales beneficiarias de
la reforma energética.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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