NACIONAL
Iniciativa de ley no prohíbe contenidos sexistas y violentos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Con tres meses de retraso, el Ejecutivo federal envió al Senado una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y una propuesta de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, que ignoró las propuestas de grupos civiles como la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información.
Ayer, el Senado recibió la iniciativa para expedir un ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Pese a que desde octubre de 2013 un grupo de comunicadoras, académicas, activistas y legisladoras se unieron para pedir que las leyes secundarias en telecomunicaciones tuvieran perspectiva de género, en la iniciativa de Enrique Peña Nieto no se consideran lineamientos en este sentido.
La propuesta gubernamental –que forma parte de la reforma constitucional de junio de 2013 en la materia– fortalece a la Secretaría de Gobernación (Segob), establece reglas para los medios públicos, comunitarios e indígenas, y enlista principios generales de los derechos de las audiencias.
Asimismo el objetivo de la iniciativa es regular las concesiones, las facultades del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la explotación del espectro radioeléctrico, y la competencia y libre concurrencia.
PROPUESTAS CIUDADANAS
La directora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios, Lurdes Barbosa; la directora de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes; la investigadora de la UNAM Aimeé Vega; la coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, María Eugenia Chávez; la politóloga Martha Tagle, y la periodista Cristina Renaud, presentaron en octubre de 2013 una propuesta.
El año pasado este grupo entregó a las diputadas del PRD, Purificación Carpinteyro y Martha Lucía Mícher, y del PAN Lucía Pérez Camarena, entre otras, una propuesta que elaboraron junto con la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, a propósito de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que se discutió en 2008 en el Senado.
Las activistas retomaron 13 puntos de estos lineamientos luego de que en 2008 no fueron incluidos. La idea era que las y los legisladores incluyeran en las leyes reglamentarias que los medios deberían tener medidas de autorregulación para evitar contenidos que fomentaran la violencia de género, y estrategias que promovieran la participación femenina en la planta laboral.
De acuerdo con estos puntos –que se pueden consultar en la página www.change.org–, la idea era que en la ley se promoviera el pleno ejercicio y participación de las mujeres y las niñas a la comunicación, la información y la libertad de expresión, y la producción de contenidos con perspectiva de género.
Asimismo las ciudadanas pedían que se estableciera el deber de promover la perspectiva de género en la producción audiovisual, impulsar que las mujeres accedieran a la propiedad de los medios de comunicación y a la propiedad intelectual, y la creación de observatorios de género que vigilaran la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión.
REGULACIÓN ES DE SEGOB
Pese a estas propuestas, el documento de 244 hojas que envió el Ejecutivo al Senado señala que la Segob seguirá siendo la dependencia que vigilará que los contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, y será la entidad encargada se sancionar a quienes incumplan la normatividad vigente.
De acuerdo con la iniciativa, las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ss) conservan sus facultades actuales: la primera para promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector educativo, y promover la transmisión de programas culturales, civismo, educativos y recreativos.
En tanto que la Ss conservará sus facultades de autorizar la transmisión de propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina, comestibles, bebidas, medicamentos, entre otras, pero no hace referencia a los derechos de las mujeres ni hace mención del combate a la violencia de género en los medios de comunicación.
Así, al Ifetel le corresponden los asuntos de competencia económica.
Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá entre sus tareas el promover, proteger y vigilar los derechos de los usuarios previstos en las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, debiendo sancionar su incumplimiento.
CONTENIDOS Y AUDIENCIAS
La propuesta incluye un capítulo de los “contenidos audiovisuales” y acota que atendiendo la libertad de expresión e información como pilares fundamentales de una democracia moderna, se busca “que los medios de comunicación y las audiencias puedan ejercer estos derechos en los términos que lo establece la Constitución”.
En este sentido reconoce que lo que se transmite en radio y TV es de interés público y por lo tanto afirma que le corresponde al Estado proteger y vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales a fin de proteger los valores y principios constitucionales, pero no dice cómo se cumplirá esta tarea.
La iniciativa incluye también un capítulo sobre los derechos de las audiencias, entre los que destacan el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, y recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y la pluralidad.
Atendiendo este tema, la iniciativa reconoce y fundamenta la figura de “defensoría de la audiencia” como el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de la audiencia.
La propuesta del Ejecutivo aún debe ser analizada por el Senado, que hoy turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Puntos Constitucionales, que esta semana definirán una ruta de análisis para dictaminar la iniciativa.
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