Política y policía

Alejandro Encinas Rodríguez 

La renuncia de Manuel Mondragón como comisionado Nacional de Seguridad y el nombramiento de Monte Alejandro Rubido han puesto en el centro del debate los resultados obtenidos en esta materia por el gobierno de Peña Nieto. 

El cambio reviste en sí mismo importancia, ya que a diferencia del perfil policial de Mondragón, el nuevo comisionado se caracteriza por su formación profesional en el ámbito de las tareas de inteligencia y seguridad nacional a lo largo de más de tres décadas, en las que se ha desempeñado en dos ocasiones como director del Cisen, e inclusive ha recibido capacitación de la CIA estadounidense, del Mossad israelí y del M16 británico. Lo que debería traducirse en un cambio radical en las políticas hasta ahora implementadas. 

Si bien es importante el perfil y experiencia profesional del titular del área responsable de combatir al crimen organizado, hay otros factores que son determinantes para obtener buenos resultados: el diseño institucional para enfrentar la inseguridad que sufre el país y la definición de la estrategia contra el crimen. 

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública concentró en la Secretaria de Gobernación las funciones de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional, sumando a la dependencia a la Policía Federal Preventiva. 

Esto ha llevado a incurrir en diversas contradicciones el desempeño de la Segob por lo disímbolo de las atribuciones que corresponden a la política interior, de las que competen a la seguridad pública, tanto en las líneas de mando como en la definición de las acciones. Ejemplo de ello son los problemas para la creación de la Gendarmería Nacional —que ahora se anuncia que se integrará como una división de la PFP sin la participación de militares— y las decisiones políticas y policiacas adoptadas en Michoacán, que un día desconocen a los grupos de autodefensa; otro proponen integrarlos como guardias rurales y al día siguiente detienen a quienes habían reconocido como interlocutores de las comunidades michoacanas. 

Por otro lado, la implementación de la estrategia no ha obtenido los resultados esperados. Al inicio del gobierno se señaló que la estrategia iba a diferenciar el tipo de delito, la región y el modus operandi de las bandas delictivas, y se realizarían acciones preventivas y transversales, atendiendo la desigualdad social y la recuperación de los espacios públicos en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo que no ha sucedido. 

Así, los índices delictivos del último año no han acreditado cambios sustantivos, y si bien se han dado golpes efectivos con la detención o abatimiento de algunos capos del narcotráfico, se han incrementado delitos de alto impacto social como el secuestro y la extorsión, extendiéndose la violencia hacia otras regiones del país, como el oriente del Estado de México. 

En 2012, a nivel nacional se registraron mil 407 secuestros, mientras en 2013 la cifra aumentó a mil 702. Tan solo en enero de 2014 se presentaron 132 secuestros, es decir, un secuestro cada cinco horas. De igual manera la extorsión pasó de 7 mil 272 denuncias en 2012, a 8 mil 42 en 2013. En enero de 2014 se acreditaron 650 denuncias de extorsión: 21 al día. Por otro lado, los homicidios dolosos que habían disminuido en 2013, repuntaron en enero de este año, registrando mil 366 casos. 

El cambio de comisionado debería permitir hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional. Mezclar política y policía nunca ha sido buen negocio, ya que por lo general la visión policial se impone sobre la política. Como también debe evitarse caer en la tentación de convertir la experiencia en materia de inteligencia del actual Comisionado, en espionaje político. 

Senador de la República