Expulsadas por la pobreza, se topan con el maltrato laboral
Por: Lizbeth Ortiz Acevedo
Cimacnoticias | México, DF.-Las mujeres indígenas que emigran a los campos agrícolas del noroeste de México en Sinaloa, Baja California (BC) y Sonora –al huir de la violencia, hacinamiento, pobreza, marginación y ausencia del ejercicio de sus Derechos Humanos en sus comunidades– padecen explotación laboral y no encuentran cambios significativos en su estilo de vida.
Según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, se considera explotación laboral cuando alguien obtiene beneficio mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad como condiciones peligrosas o insalubres, sin protecciones necesarias o bien por la desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado.
Tal situación se presenta en los campos agrícolas de Hermosillo (Sonora), así como en San Quintín (BC), explica la profesora investigadora del departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Dolores París Pombo, al detallar que estas indígenas laboran en condiciones de “mucha pobreza” y violación radical de derechos laborales.
En su investigación “Migrantes, desplazados, braceros y deportados”, París Pombo detalla que Hermosillo, San Quintín y Tijuana (también en BC), conforman la región agroexportadora en el noroeste de México, un punto de destino para miles de mujeres y hombres migrantes que buscan un empleo, y quienes en estas zonas establecen asentamientos permanentes marcados por la miseria.
Lo mismo pasa en los campos agrícolas de Sinaloa, donde Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, denuncia las condiciones en que viven y laboran las mujeres jornaleras, quienes son llevadas a través de “enganchadores” que les prometen trabajo, vivienda y el traslado desde sus comunidades junto con sus familias.
Sin embargo, a su llegada son llevadas a las “cuarterías”, que Lópes describe como pequeños terrenos divididos hasta en 60 espacios en los que habitan las familias entre el hacinamiento, falta de ventilación y sin posibilidad de que ingresen servicios médicos o de emergencia en caso necesario, ya que está restringida la entrada, y se ha sabido de asesinatos al interior, según la activista.
En su jornada laboral en el campo (que inicia a las cuatro de la mañana) las condiciones son de un riesgo latente para estas mujeres, ya que viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos y la mayoría no tiene acceso a servicios de salud, ya que hay casos en los que ellas tuvieron que parir en medio de los surcos.
Apenas tienen 15 minutos para comer algo a mediodía y continuar laborando, pero además tienen que llevar sus propios alimentos, bebidas y protecciones para el sol o plagas que hay entre los matorrales, ya que los empleadores no les brindan ninguno de estos recursos.
En materia de salarios, Amalia Lópes informa que ellas no ganan más de 75 pesos por día, y que incluso prefieren no descansar si hay oportunidad ya que “viven al día”.
ALEJADAS DE SU TIERRA
En su estudio, París Pombo señala que al término de la temporada agrícola en Sinaloa, en los meses de abril o mayo, contratistas y las mismas migrantes se trasladan a otros campos en Hermosillo, el Valle de San Quintín o al sur de Ensenada, BC, en el pueblo de Maneadero, por lo que no regresan a sus comunidades por algunos años, como sucede con las mujeres triquis de la región de Copala, en Oaxaca.
Como ejemplo, dice la investigadora, está el caso de Josefina, quien creció en los campamentos de Sinaloa y más tarde en San Quintín. Sus padres salieron con ella de Copala antes de que tuviera un año de edad y desde entonces nunca ha regresado a su pueblo natal.
Margarita Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –asentado en el estado de Guerrero–, explica que según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, esta entidad (seguida de Oaxaca y Chiapas) es la que más población expulsa de su territorio debido a la pobreza, hambre y marginación de sus habitantes.
En un recorrido, Cimacnoticias constató que el municipio guerrerense de Tlapa de Comonfort es la principal localidad expulsora de migrantes, ya que en siete años (de 2006 a 2012) la zona de la Montaña (con población tlapaneca, mixteca y nahua) expulsó a 33 mil mujeres, quienes emigraron en busca de mejores horizontes.
En su informe “La Montaña de Guerrero: tierra de mujeres migrantes” –publicado en diciembre de 2013– Tlachinollan detalla que las mujeres originarias de estas localidades crecen en contextos de desnutrición, violencia, ausencia de salud, vivienda y educación, sin acceso a la justicia, y además son obligadas a contraer matrimonio a los 11 o 12 años de edad para ser madres casi de inmediato.
RECLAMOS
En su informe, Tlachinollan considera una serie de obligaciones que tienen que cumplir los empleadores con la población jornalera migrante, tales como el suministro gratuito de habitaciones adecuadas e higiénicas, así como su mantenimiento; brindar agua potable y servicios sanitarios en las horas de trabajo; dar asistencia médica; fomentar la alfabetización y utilizar intérpretes cuando no hablen español.
Igualmente, al final de la temporada agrícola se deba dar el pago proporcional por concepto de vacaciones, aguinaldo y cualquier otra prestación; así como un seguro de vida en los traslados desde las comunidades indígenas al norte del país e instalación de guarderías.
Tlachinollan advierte que las visitas de las autoridades federales para verificar las condiciones de seguridad e higiene en los campos agrícolas son “laxas”, ya que no desembocan en multas cuyos montos inhiban la repetición de las violaciones a los derechos laborales.
En un informe del 8 de diciembre de 2006, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU recomendó al Estado mexicano que tome medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas de temporada, y solicitó que todas las denuncias de abusos y malos tratos sean investigados y se sancione a los responsables.
Por ello, Tlachinollan afirma que las violaciones a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras ocurren por negligencia u omisión del Estado, y acusa que las autoridades han sido omisas en implementar medidas administrativas, legislativas, así como políticas públicas que eviten estos abusos.
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