La pobreza entre las y los indígenas mexicanos es más extrema que entre la población en general
la población indígena asciende a 15,7 millones de personas, aproximadamente el 12% del total nacional, de los cuales 56% son mujeres.
México
DF., 28 ene. 15. AmecoPress/SEMlac.- Las mujeres indígenas no han
resultado beneficiadas en México con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) que los líderes de gobierno de todo el mundo adoptaron en
el año 2000 para cumplirse antes de 2015.
La pobreza entre las y los indígenas
mexicanos es más extrema que entre la población en general. También
enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación; el rezago
educativo llega al 50 por ciento y cerca del 40 por ciento de su
población tiene dificultades para obtener vivienda, según distintas
instituciones del Estado mexicano.
Los ODM se establecieron en un marco global para el
desarrollo en el mundo y comprenden ocho fines, entre ellos erradicar
la pobreza extrema y el hambre, promover la igualdad entre los géneros
y la autonomía de la mujer, así como mejorar la salud materna y reducir
las dificultades para acceder a los servicios de salud o a las
instituciones de justicia.
A 15 años de establecidos esos objetivos, además de ser
víctimas de discriminación, se han agravado los problemas que padecen
los pueblos indígenas en general y sus mujeres en particular.
A ello se agrega que muchos pueblos autóctonos son
desplazados forzosamente de sus tierras o sus habitantes son explotados
económicamente, ya que muchos de los recursos naturales se encuentran
donde viven estas poblaciones, que son despojadas por grandes
multinacionales en contubernio con las autoridades locales. Ello se ha
agudizado con la explotación de las minas, el petróleo y la
electricidad por los particulares.
Celia Aguilar, experta en indigenismo y asesora de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), señaló
que el marco legal existente a nivel internacional, continental y
nacional, que establece la protección de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, sería suficiente para asegurar todos sus derechos si
los gobiernos asumieran sus obligaciones.
Agregó que ya en sí mismo ese marco legal es un avance
muy significativo y muchas organizaciones trabajan para hacerlo
realidad.
Según datos ofrecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en
América Latina y el Caribe existen entre 45 y 50 millones de personas
indígenas, lo que equivale al 10 por ciento del total de la población
en la región.
En México la población indígena asciende a 15,7
millones de personas, aproximadamente el 12 por ciento del total
nacional, de los cuales 56 por ciento son mujeres.
En algunos lugares ellas han asumido un liderazgo en la
demanda de los derechos de los pueblos indígenas, en procesos de
resistencia contra las fuerzas coloniales que intentan despojarlas de
sus recursos, destacó Aguilar.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), dependiente de la Secretaría
de Gobernación, la situación de pobreza es más aguda en la población
indígena que en la general.
Al cierre de 2012, el 45,5 por ciento de los habitantes
del país estaba en condiciones de pobreza, o sea, 53,3 millones de
personas, mientras que la pobreza de las personas indígenas era del 72
por ciento, lo que equivale a 8,2 millones de ciudadanos.
De ese 72 por ciento, el 45,4 corresponde a indígenas
en pobreza moderada y el 26,6 a indígenas en pobreza extrema, cifras
que contrastan con la población no autóctona, para la cual la pobreza
moderada es de 35,5 por ciento y la extrema de siete por ciento.
El reporte del Coneval, emitido en 2014, señala que los
indígenas enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación, de
casi 40 por ciento, que el resto de los habitantes del país, de
alrededor del 20 por ciento.
En el tema de la vivienda ocurre otro tanto, ya que la
población nacional con dificultades para hacerse de una casa o
departamento es poco mayor al 10 por ciento, mientras que en el caso de
los pueblos originarios, esas dificultades se acercan al 40 por ciento.
En educación, el rezago es de 20 por ciento en la
población en general y entre los y las indígenas casi llega a 50 por
ciento, y afecta sobre todo a las mujeres por patrones patriarcales muy
marcados en sus comunidades.
Los tres estados con mayores índices de reprobación en
primaria y secundaria son Guerrero, Michoacán y Oaxaca, tres de las
entidades del país con más población indígena, según la organización
civil Mexicano Primero.
Los problemas para acceder a los servicos de salud son
similares en la población en general y de los indígenas, pues en ambos
casos supera al 20 por ciento, de acuerdo con el reporte del Coneval.
Esa situación se agudizó más en las mujeres indígenas,
que en varias ocasiones han tenido que parir en patios o baños de
hospitales por discriminación y negativa de atención inmediata por
parte de autoridades en centros médicos.
También persiste una alta tasa de mortalidad materna,
concentrada en los sectores de más bajos ingresos, especialmente en las
poblaciones indígenas, donde existen los mayores obstáculos para el
acceso a la salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en 2010 se registraron 1.078 decesos de mujeres por
causas asociadas al embarazo, parto y puerperio, lo cual equivale a una
tasa de 56 por cada 100.000 nacidos vivos.
Para 2011, la Dirección General de Epidemiología, de la
Secretaría de Salud, reportó 1.036 defunciones, es decir, una tasa de
54,1 por 100.000.
Las causas de la muerte materna indígena responden a un
complejo problema de salud pública, donde se combinan factores
económicos, la falta de acceso y calidad de la atención médica, las
creencias y costumbres que rigen el comportamiento de esas comunidades.
También la dificultad con que el sistema de salud
occidental se relaciona con esas poblaciones, así como las políticas
del Estado mexicano, según un estudio realizado por Judith Bocos Ruiz,
del Centro de Estudios de Ayuda Humanitaria, titulado "Situación de las
Mujeres en los Pueblos Indígenas de América Latina. Obstáculos y Retos".
Por otra parte, las barreras de las poblaciones
indígenas para acceder a la justicia son mucho más agudas que para el
resto de la población, según la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNHD), organismo que reconoce que los y las indígenas encaran
una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley,
que en última instancia termine con una sentencia de prisión.
Esa entidad precisó que hay 8.334 indígenas en cárceles
mexicana, de los cuales la mayoría no han sido asistidos por un
defensor e intérprete o traductor acompañante, incluso en muchas
ocasiones desconocen el motivo por el que están internos.
La población de mujeres indígenas en la cárcel asciende
a 290, de las cuales 236 son del fuero común y 54 del fuero federal,
según la CNDH en un reporte de mediados de 2013, cifra que pudo haber
variado en el presente, aunque no drásticamente.
El Congreso impulsa varias iniciativas de reforma para
garantizar que cuando una persona sea detenida cuente con un intérprete
para, en caso de no dominar el español, le explique cuáles son sus
derechos.
Otro tema de gran importancia que refleja la situación
de estas poblaciones en México es la discriminación de la que
cotidianamente son víctimas, como lo señaló una encuesta realizada por
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), según
la cual el 44,1 por ciento de los mexicanos considera que no se
respetan los derechos de los pueblos indígenas.
Se trata del porcentaje más alto, por encima de quienes
creen que no se respetan los derechos de personas homosexuales (42,4%),
de migrantes (40,8%), adultos mayores (34,8%) y personas con
discapacidad (34%).
El CONAPRED señala que esa situación de discriminación se materializa
en la falta de oportunidades para acceder a otros derechos
fundamentales, como la educación, la salud y el empleo.
Se ha avanzado mucho en leyes internacionales para el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de
las Naciones Unidas cabe destacar, sobre todo, la aprobación del
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y la aprobación en 2007 de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, destacó
Aguilar.
También se han establecido organismos especializados
como el Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), que han
dado más marco legal al apoyo de los derechos de los pueblos indígenas,
destacó.
En otros tratados también se ha reconocido el papel
vital de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible, y especial
mención merece la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995),
por ser la primera que prestó atención a las indígenas y a su
problemática y reivindicaciones específicas.
Otro avance en cuanto a reconocimiento de los derechos
de estas mujeres puede verse en el punto 17 del Plan de Aplicación de
los Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible, diseñado por
representantes indígenas en la Cumbre de Johannesburgo.
Pero respecto a los ODM, cuya evaluación tendrá lugar
en la Asamblea de la ONU en el presente año, deberán tomarse medidas
específicas para garantizar que se cumpla el marco legal ya establecido
en todas esas leyes y convenios, por parte de todos los niveles de
gobierno y autoridad en los países rezagados, específicamente en
México, donde menos han sido cumplidos, sostiene Aguilar.
