MÉXICO,
D.F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
exigió al presidente Enrique Peña Nieto se adhiera a la campaña
impulsada por Naciones Unidas (ONU) a favor de los niños mexicanos.
En
un comunicado con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Redim recordó que en mayo de
2012 el entonces candidato priista se adhirió a la iniciativa “10 por
la Infancia”, impulsada por esa ONG y el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), campaña que “plantea 10 puntos estratégicos para
avanzar hacia la garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en toda la República Mexicana”.
El director
ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, resaltó que mientras
gobernadores, alcaldes y legisladores se han adherido a la iniciativa,
aún falta que Peña Nieto “ratifique en evento público su compromiso con
la infancia”.
La Redim consideró que “la firma de #10Xinfancia
por parte del presidente y su gobierno representaría un motor
fundamental para crear una corriente de opinión favorable hacia los
derechos de niñas, niños y adolescentes en México”.
Además señaló
que la adhesión del gobierno de México es importante dada la situación
preocupante en que se encuentra la infancia, pues de los 40 millones de
menores de 18 años que hay en el país, unos 22 millones viven en
extrema pobreza (54%), de acuerdo con datos de UNICEF y del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Otros
datos preocupantes del sector se refieren a la tasa de mortalidad por
homicidios en la población de cero a 17 años, “la más alta en los
últimos años”, de cuatro muertes por 100 mil habitantes, pero “al
analizar el rango de 15 a 17 años, se encuentra que la tasa de
mortalidad por homicidios fue de 15.7 por cada 100 mil, que aumentó más
de un punto porcentual respecto de la registrada en 2010, que era de
14.4”.
Con más de 70 organizaciones integradas, la Redim resaltó
que ha solicitado sin éxito a distintas instancias gubernamentales la
elaboración de “un diagnóstico y un programa nacional para prevenir y
responder a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes,
especialmente aquellos que son víctimas de escenarios del crimen
organizado”, en atención a las recomendaciones hechas a México por el
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de la representante
especial del secretario general de la ONU para el seguimiento de la
violencia contra la infancia.
La ONG advirtió que en recientes
visitas de la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, Sara Oviedo, y de la comisionada y relatora de los
Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Rosa María Ortiz, ambas “expresaron su preocupación en torno de
la violencia que viven niñas y niños, la migración infantil y los
derechos humanos de la infancia callejera y sus familias”.
La
Redim destacó que durante el segundo ciclo de evaluación del Examen
Periódico Universal del Estado mexicano (EPU), se recomendó “establecer
un sistema integral para proteger los derechos del niño y formular una
estrategia nacional para prevenir y combatir todas las formas de
violencia en contra de la infancia”.
Ante el escenario violento
que se viven en México, apuntó, las preocupaciones de los Estados que
formularon recomendaciones a México en torno de la infancia enfatizaron
en atender “la situación de los grupos vulnerables (menores indígenas),
la discriminación hacia niñas y niños, la violencia de género que viven
niñas y mujeres adolescentes, así como la violencia vinculada a la a
delincuencia organizada”.
En víspera de la celebración del Día
del Niño, la Redim manifestó su preocupación por las “condiciones de
violencia, persecución y discriminación por parte de autoridades y
grupos vecinales” hacia los menores que viven con sus familias en las
calles de la Ciudad de México.
En particular, destaca el caso de
“limpieza social” contra el denominado “grupo Juárez” en calles de
Artículo 123 en el Centro Histórico del Distrito Federal, operativo que
“sienta un grave patrón de violaciones a derechos humanos ante la
ausencia de un sistema de protección integral para víctimas de
discriminación y exclusión social”, asunto del que tomó nota Rosa María
Ortiz, la relatora de la CIDH.
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