Colectivo La digna voz
Determinar si se trata de una criatura del gobierno o de la delincuencia, o un frankenstein
al servicio de ricos rancheros o poderosas empresas mineras, es una
preocupación que gozó –acaso aún goza– de preeminencia en el
tratamiento periodístico que se da a las autodefensas en Michoacán. Y
las opiniones frecuentemente fluctúan entre dos posiciones que a menudo
colindan: o bien que las autodefensas responden a una recomposición del
territorio administrada por empresarios o caciques locales, o bien que
“la mano que mece la cuna” mora los pasillos de la institucionalidad
pública (gobierno, ejército etc.). Mientras se insista en abordar el
fenómeno desde esta óptica, sólo se conseguirá reincidir en
diagnósticos parciales o verdades a medias. Porque la irrupción de las
autodefensas no tuvo un único epicentro originario. Tampoco fue el
saldo de la maquinación de un solo hombre o grupo de hombres. Las
autodefensas son la expresión, nunca estable, de una multiplicidad de
procesos extra e intraterritoriales. No se aspira acá a desagregar a
las autodefensas de su momento constitutivo. Tan sólo cabe reconocer
que este momento constitutivo es multiforme. Las contradicciones e
indeterminaciones de la agrupación confirman este razonamiento.
En
las autodefensas convergen 36 coordinadoras y cerca de 100 comunidades
levantadas en armas. A grandes líneas, esta confederación se divide
entre quienes respaldan el acuerdo con el gobierno y aceptan la
iniciativa de desarme, y quienes se oponen a esta tentativa de
desactivación (presumiblemente la mayoría de las coordinadoras). El
gobierno, los cárteles y quizá también algunos empresarios otrora
afines a las autodefensas, temen esta última posición de resistencia e
insubordinación. Aún cuando intervinieran poder fácticos o formales en
el origen de las autodefensas, no se puede objetar que la moción
autodefensiva ha cobrado un impulso disruptivo, que a más de una
autoridad tiene en estado de vilo e intranquilidad. En otra oportunidad
se consigno este carácter “potencialmente transgresor” de las guardias
michoacanas:
“…Cabe advertir que la sola participación (o bien
padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la
formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está
exenta de riesgos virtualmente costosos para el poder constituido. Las
propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo
conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e
intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos… acá
se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras
que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos,
inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la
tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia
ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que
fomentan por acción u omisión las autoridades públicas… El riesgo para
el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan
autonomía… y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa
alcance el rango de canon”.
El diálogo entre las
autodefensas y el gobierno (o al menos los retazos de esa interlocución
que se ventila públicamente) es altamente ilustrativo de este escenario
u horizonte antes enunciado. Allí se asoman los primeros ribetes de una
violenta confrontación en puerta, cuyo desenlace es de pronóstico
reservado. Pero acaso lo más importante de este remedo dialógico, que a
veces se acerca más a una yuxtaposición de soliloquios, es que consigna
el germen de una insurgencia social.
Pero dejemos que los propios protagonistas señalen el camino hacia esta conjetura.
Autodefensas-gobierno: señales encontradas
Lunes 13 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fija la posición del gobierno:
“Se responsabiliza a las autodefensas por debilitar el Estado de
derecho y por abonar en el terreno siempre arbitrario, inconstitucional
y peligroso de la aplicación de la justicia por propia mano… los
emplazo a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus
actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en coordinación
con las autoridades estatales, se hacen cargo de la protección y
seguridad de los habitantes de Tierra Caliente” (Nexos IV-2014).
El mismo día, las autodefensas responden:
“Que Osorio Chong venga a desarmarnos (...). Nunca va a venir, pero que lo intente” (El Universal 14-I-2014).
Viernes 17 de enero, Washington reitera su apoyo al gobierno mexicano,
en un pronunciamiento del secretario de Estado, John Kerry, que no
pocos analistas interpretan como reprimenda:
"Tenemos
preocupación, no miedo [con el asunto de las autodefensas].
Trabajaremos con el gobierno [mexicano] y estamos preparados para
tratar de ser tan útiles como podamos" (CNN 17-I-2014)
Jueves 3 de abril, casi tres meses después, Osorio Chong, sin virar un ápice la postura del gobierno, remacha el emplazamiento:
“Yo les diría que dejen a la autoridad cumplir su trabajo. Hubo
acuerdos y nosotros tenemos que seguir cuidando la estabilidad y la
seguridad en Michoacán. Los grupos que quieran ayudar lo podrán hacer y
quienes no lo desean deberán regresar a sus actividades cotidianas” (Proceso 13-IV-2014).
Las autodefensas responden con una extensión de demandas:
Interlocución directa con el gobierno, liberación de los presos,
captura de las principales cabezas de los Caballeros Templarios (que
son 20, y no siete, de acuerdo con algunos líderes), restablecimiento
del estado de derecho, incorporación de autodefensas al cuerpo de
Guardias Rurales y las policías municipales, apoyo médico (La Jornada 11-IV-2014).
El líder de Tepalcatepec, José Manuel Mireles añade:
“Es malísimo que el gobierno piense que va a acabar con la insurrección
por medio del discurso… No es mucho lo que pedimos, son dos cosas:
seguridad pública eficiente y una justa impartición de justicia. Si el
gobierno sabe lo que es la justicia debe entregársela al pueblo (sic),
porque es para el pueblo la justicia (¡sic!), y la seguridad es una
obligación constitucional del gobierno federal y de los estados y
municipios. Pero en Michoacán no la tenemos desde hace más de 12 años” (Proceso 13-IV-2014).
El martes 8 de abril, en Chilchota, Michoacán, Enrique Peña Nieto profirió:
“Cueste lo que cueste y sin importar lo que se tenga que hacer para
hacer valer y respetar el estado de derecho, se le brindará seguridad y
tranquilidad a Michoacán” (Proceso 13-IV-2014).
El miércoles 9 de abril, el comisionado para la seguridad de Michoacán,
Alfredo Castillo, secunda la intimidación de Peña Nieto, y lanza un
ultimátum:
“En diálogo y avanzando en el acuerdo para la
desmovilización y desarme de las autodefensas… El próximo 10 de mayo
todos los integrantes de las autodefensas de la entidad deberán
desarmarse” (Proceso 13-IV-2014)… “El 10 de mayo, lo que
son las autodefensas legítimas desaparecen y los que quieran decir
‘somos autodefensas y seguimos’ serán detenidos y los tendremos como
falsos autodefensas’’ (La Jornada 17-IV-2014).
Mireles revira:
“Si dejamos las armas nos van a matar… Nos quieren desarmar como si nosotros fuéramos los enemigos y no el crimen organizado” (Proceso 13-IV-2014)… “Si para el 10 de mayo ya cumplieron con todos los objetivos nos vamos a desarmar, no antes” (La Jornada 11-IV-2014)…
Un simpatizante anónimo de las autodefensas remata con otro ultimátum:
“Si para el 10 de mayo, el gobierno no ha cumplido su compromiso… que la marina y el ejército entreguen las armas”.
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