Autor: Marcos Chávez * @marcos_contra
Más desempleo, empleo precario y caída de salarios es lo que espera a los trabajadores mexicanos.
El panorama laboral no podría ser peor: la economía apenas crece 1.1 por ciento, muy lejos del 3.9 por ciento que se requiere para generar los empleos que hacen falta.
En el primer año del regreso del PRI, el IMSS sólo contabiliza 378 mil nuevos afiliados de los 1.7 millones requeridos.
Más de 2.3 millones de mexicanos sobreviven en la informalidad
Trabajadores: la guerra de clases ha
comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los
obreros. ¡Su sangre pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya que los chacales
que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los
trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco
respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria.
Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo.
Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!
¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!
¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!
Adolph Fischer, redactor del periódico anarquista Arbeiter Zeitung, Chicago, Illinois, 3 de mayo de 1886
Es probable que el 1 de mayo sea uno de
los días más tristes de Enrique Peña Nieto desde que inició su gestión
como presidente de México, al margen de las artes que empleó para
convertirse en el jefe del Ejecutivo. Acaso en ese día Enrique Peña se
considere aún más agraviado y dolido que como dijo se sentía el 1 de
diciembre de 2012. Quizá hasta se encuentre al borde de las lágrimas
debido a su incapacidad para honrar sus palabras vertidas en su
discurso de toma de posesión, porque los resultados arrojados por su
gestión en materia de crecimiento, empleo y bienestar social son
exactamente los contrarios a sus compromisos asumidos retóricamente.
Lo que sí es una certeza es que los
trabajadores mexicanos llegan una vez más derrotados a la conmemoración
de los mártires de Chicago, sus compañeros de clase que participaron en
la llamada revuelta de Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos) en
mayo de 1886, los cuales fueron sangrientamente reprimidos, varios de
ellos asesinados y algunos dirigentes encarcelados y condenados a la
horca por su insolente exigencia de 8 horas de trabajo, 8 horas
para el sueño y 8 horas para la casa, entre otras reivindicaciones
básicas. Concurren al Día Internacional del Trabajo con una batalla más
perdida en la lucha económica de clases. Con sus intereses y derechos
laborales conculcados, flexibilizados y sometidos como fardos al
capital por obra y gracia de la contrarreforma laboral
neoliberal calderonista-peñista. Vendidos por los dirigentes sindicales
integrados a la estructura corporativa del Estado y las empresas.
Víctimas de la estanflación registrada durante el año y medio
transcurrido del peñismo. Agobiados por los escasos empleos formales
creados en las peores condiciones laborales, el desempleo, el subempleo
o la informalidad, que les ha obligado a emigrar o desertar del mercado
de trabajo, a vegetar, a incorporarse en las robustas filas de la
delincuencia ante la imposibilidad de encontrar un empleo digno o
indigno. Desesperados por la pérdida sistemática en el poder de compra
de los salarios reales que los condena a la pobreza y la miseria,
situación convertida en una deliberada estrategia de Estado para
controlar la inflación, reducir los costos de las empresas y elevar la
competitividad del capital, por la política tributaria y de precios del
gobierno. Abatidos y paralizados por el presente y el futuro sombrío al
que han sido condenados.
Prometer no cuesta nada
En su primer discurso como
Ejecutivo, Peña Nieto dijo: “hay un México de progreso y desarrollo, y
otro que vive en el atraso y la pobreza. Hay un gran número de
mexicanos que viven al día, preocupados por la falta de empleo y
oportunidades, porque el país no ha crecido lo suficiente”. Y, rasgándose teatralmente las vestiduras,
añadió: “Es inaceptable que millones de mexicanos padezcan aún de
hambre. En el México de hoy no puede ni debe permanecer la situación de
pobreza y hambre en que se encuentra un amplio sector de nuestra
población y que, lamentablemente, divide a los mexicanos”. Cariacontecido,
agregó: “Estas condiciones nos agravian, nos duelen [y] dañan la imagen
de México en el exterior”. Por esas y otras razones, adicionó en un ataque de lirismo:
“Éste es el México que hay que transformar. Mi compromiso es […]
acelerar el crecimiento, promover la economía formal. Mi prioridad, el
principio elemental de mi política social, [es] elevar la calidad de
vida de las familias mexicanas, lograr que tengan un piso básico de
bienestar, cerrar la brecha de la desigualdad”; alcanzar “un México
incluyente, una sociedad de clase media, con equidad y cohesión, con
igualdad de oportunidades. Debemos entender que no habrá seguridad
mientras no haya justicia”. Ya encarrilado, como un iluminado
circunstancial, remató: “En el México que vislumbro hay justicia e
inclusión, que serán las bases del pacto social. Es tiempo de romper,
juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro
desarrollo”.
Año y medio después, el único avance
perceptible es el relativo a la demolición de mitos y paradigmas. Pero
no a los “que han limitado nuestro desarrollo”, lo que hubiera
implicado dar un viraje estratégico, abandonar el modelo neoliberal,
responsable del estancamiento económico padecido entre 1983 y 2014, de
la creciente exclusión social, la pobreza y la miseria generalizada.
Los mitos y paradigmas en contra de los cuales ha arremetido Enrique
Peña Nieto son los del antiguo régimen estatista-nacionalista que
obstaculizan la radicalización y el redespliegue neoliberal. Entre
ellos destacan los que frenaban la reprivatización y
trasnacionalización energética, que llevará al desmantelamiento de las
organizaciones corporativas de los empleados petroleros y
electricistas, o que protegían constitucionalmente los derechos
laborales –prestaciones, servicios de salud, seguridad e higiene en las
empresas, permanencia, horarios–, al menos en la ficción jurídica, y
restringían la sobreexplotación del trabajo asalariado, tarea
facilitada por el control corporativo de los capos sindicales que prefirieron inmolar a los trabajadores para salvaguardar sus privilegios.
En cambio, la situación del mercado
laboral y las condiciones de vida de los trabajadores, por las cuales
Enrique Peña dijo sentirse profundamente agraviado y dolido, son peores
a las registradas al inicio del gobierno priísta. La información
oficial no deja lugar a equívocos.
Nadie puede dudar que a la población le
angustie la falta de empleos formales, los diversos grados de hambre
que padecen y la pauperización que sufren las mayorías.
A todos les preocupa. Menos a la
minoría oligárquica. Porque su fortuna se ha logrado a costa de la
pobreza y la miseria de las mayorías.
Tampoco a los neoliberales como Peña o
Luis Videgaray, porque ellos han sido los gerentes responsables de
instrumentar las políticas causantes de la polarización social, del
genocidio económico.
Sólo les inquieta la inseguridad que ellos mismos han generado y han buscado resolverla con el exterminio de la escoria delincuencial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en lo que va de la presente década, la población económicamente
activa (PEA) –es decir, quienes están en edad de trabajar– aumenta
anualmente en 1 millón 325 mil personas en promedio. Ese mismo número
de plazas se requerirán cada año para ocupar a quienes buscan por
primera vez una plaza en el mercado laboral formal. Durante el sexenio
de Peña Nieto se necesitarán 7 millones 950 nuevos empleos acumulados.
Si se desea reducir el desempleo, el subempleo, la informalidad, la
emigración y la inseguridad, la cantidad debe ser sustancialmente mayor.
Entre 2011 y 2012, los nuevos empleos
demandados sumaron 2.7 millones, y los trabajadores afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reflejan la oferta
formal, ascendieron a 1.3 millones. La mitad fue ocupada. La otra mitad
tuvo que buscar otras formas de supervivencia. En ese bienio la
economía creció 3.9 por ciento en promedio anual.
Para enmendar los agravios, atemperar el dolor ajeno, reducir la preocupación social por la falta de empleos, y hasta para enjugar las lágrimas de
las mayorías, la economía debió crecer “suficientemente”, según el
razonamiento de Peña, aun cuando nunca especificó cuánto es
“suficiente”…
¿Cuánto es “suficiente”?
Por lógica, el ritmo de expansión en el
primer año peñista debió superar la tasa de 3.9 por ciento, si se
aspiraba a generar los empleos requeridos por primera vez y avanzar en
la reabsorción de los excluidos del pasado reciente. Pero apenas fue de
1.1 por ciento, la peor desde 2009, cuando la economía se derrumbaba en
4.7 por ciento. Los peñistas no sólo no hicieron nada para
contrarrestar la atonía económica: con su indiferencia y retraso en el
gasto público, la convirtieron en una breve recesión y en el
estancamiento que ya se extiende hacia la primera mitad de 2014.
El IMSS sólo contabiliza 378 mil nuevos
afiliados de los 1.7 millones requeridos, entre la toma de posesión
peñista y el cierre de febrero de 2014. Es decir, 2.3 millones, el 77
por ciento, no encontraron nada en la formalidad.
El problema adicional es que, sin
reformas estructurales, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray proponen
para el sexenio una tasa de crecimiento media anual de 3.1 por ciento.
Con ellas, de 3.9 por ciento. Ninguna de las dos opciones será
“suficiente” para generar los empleos formales necesitados.
¿Cómo se empezarán a mitigar las cuitas de los trabajadores mexicanos?
No con Peña Nieto, desde luego.
Las estadísticas, sin embargo,
evidencian que los empleos creados son mayores a los reconocidos por el
IMSS. Pero la diferencia se ubica allende del mercado formal, mostrando
las llagas perniciosas del drama laboral. Veamos los detalles.
La atrofia del mercado laboral
Según el Inegi, entre 2012 y 2013, el
total de ocupados pasó de 49.1 millones de personas a 50.2 millones.
Aumentó en 1.2 millones, equivalente al 88 por ciento de los 1.3
millones requeridos. De la primera cantidad, 463 mil se ubican en los
registros del IMSS y representan el 40 por ciento de los nuevos empleos.
Por otro lado, los trabajadores
subordinados con percepciones salariales y no salariales disminuyeron
de 34 millones a 33.7 millones. Se reducen en 328 mil personas, en 1
por ciento. Su participación en la ocupación total bajó de 69.7 por
ciento a 67.2 por ciento.
¿Si el mercado laboral formal se contrae, dónde se ubica el resto de los ocupados?
En los intersticios fantasmales y precarios de la economía llamada “informal”.
Entre las personas que laboran por su
cuenta –porque de alguna manera tienen subsistir– aumentaron de 10
millones a 11.1 millones, 1.1 millones más, 11 por ciento más. Su peso
relativo en el empleo total se elevó de 20.3 por ciento a 22.1 por
ciento. Los asalariados perdieron 2.3 puntos porcentuales. Los que
trabajan por cuenta propia ganaron 1.8 puntos.
De las 1.2 millones de nuevas plazas,
722 mil, el 62 por ciento del total, se generan en el sector terciario;
381 mil, el 33 por ciento, son aportadas por el comercio; 587 mil de
las nuevas ocupadas, la mitad del total, carecen de un establecimiento
para realizar sus actividades. Son los “emprendedores” de la
informalidad. En 2013 el sector agropecuario no proporcionó nuevos
empleos.
Enrique Peña Nieto dijo que era “inaceptable que millones de mexicanos padezcan hambre” y sobrevivan en la pobreza.
Pero en su primer año de gobierno la
mayoría de los nuevos empleos se ubicaron en el rango de los salarios
de hambre que perpetuán la pobreza y la miseria.
Los empleos que pagan más de 5 veces el
salario mínimo (VSM) retrocedieron en 296 mil. Su total se redujo de
3.9 millones en 2012 a 3.6 millones en 2013, y su participación en el
total de los ocupados cayó de 8 por ciento a 7.3 por ciento. El 78 por
ciento de los nuevos puestos pagan salarios de uno a dos VSM. Los que
se ubican en la mínima percepción aumentaron en 443 mil, por lo que su
total se elevó de 6.4 millones a 6.9 millones, y su participación en el
total pasó de 6.4 a 6.9 por ciento. Los que pagan 1.1-2 VSM se elevaron
en 467 mil, de 11.3 millones a 11.7 millones y, su proporción en el
total subió de 23 por ciento a 23.4 por ciento.
De los 1.2 millones de empleos creados,
805 mil, el 69 por ciento del total, carecen de la cobertura de salud.
Así, el número de ocupados sin ese servicio aumentó de 31.1 millones a
31.9 millones en la corta vida del peñismo. Los trabajadores
asalariados subordinados sin prestaciones sociales se incrementaron en
323 mil; de 12.6 millones a 12.9 millones, equivalentes al 38.1 y 38.2
por ciento de esta clase de ocupados.
Lo que no ha sido inaceptable para Peña Nieto es el mantener la ley de hierro
sobre los salarios, la imposición de sus aumentos en línea con la
inflación esperada y no con la alcanzada. No se le ha ocurrido fijar
sus alzas por encima de la inflación para impulsar la recuperación de
su poder de compra, lo que sería un acto de justicia para los
trabajadores, luego de 38 años de deterioro sistemático de los salarios
reales. Tampoco le parece inaceptable que, mientras los salarios son
controlados, los precios se mueven libre y alegremente como las golondrinas en el verano. Mucho menos le ruboriza
que, durante su mandato, Videgaray se haya encaprichado en que los
precios administrados por Hacienda dupliquen al aumento salarial.
En 2013, el alza de los salarios
mínimos y contractuales fue el mismo: 4.3 por ciento. La inflación
media de 4 por ciento. La canasta básica subió en 5.2 por ciento; los
energéticos (electricidad, gas, gasolinas), en 8.3; y las tarifas
autorizadas por el gobierno, en 9.3 por ciento.
En lo que va de 2014, dichos salarios
aumentaron 3.9 y 4.2 por ciento, respectivamente. La tasa anualizada de
la inflación para marzo fue de 3.8 por ciento.
En estos primeros meses, el costo de la
canasta básica fue de 5.5 por ciento, el precio de los energéticos se
incrementó en 9.8 por ciento y las tarifas autorizadas, en 9.6 por
ciento.
Si la inflación le restó poder de
compra a los salarios, el aumento en los impuestos directos e
indirectos decretados para 2013 y la invención de otros por el creativo
Videgaray redujeron aún más los ingresos disponibles por la población
para su vida diaria. Al menoscabo anterior debe agregarse otro: la
graciosa habilidad empresarial por trasladarle a los consumidores su
inflación fiscal y de costos de producción por la vía de mayores
precios finales.
Con toda justicia, lo anterior puede
calificarse como una injusticia. Una deliberada razón de Estado: una
política antisocial en toda regla.
Como los neoliberales que lo
antecedieron, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray administran la
permanencia de la miseria salarial. La pérdida del 77 por ciento en el
poder de compra de los mínimos y del 52 por ciento de los contractuales.
Se ve que el agravio y el dolor que
dice sentir Peña por el hambre, la pobreza y la miseria son sólo de
dientes para afuera. Un gesto histriónico.
El desvarío justiciero e inclusivo de Peña Nieto
Los datos arrojados por el peñismo en
materia de desempleo, subempleo e informalidad contradicen el México
que vislumbró el presidente de la República, descrito como el de un
país con justicia e inclusión social.
Esa visión se convirtió en una especie
de delirio sin sustento material, por lo que difícilmente puede ser
parte de un pacto social. Es más bien su disolución.
Oficialmente, entre 2012 y principios
de 2014, la tasa media de desempleo abierto ha caído de 5 a 4.9 por
ciento. Nada significativo. Entre 2012 y 2013, los trabajadores
desempleados disminuyeron en 75 mil, al pasar de 2 millones 508 mil a 2
millones 432 mil.
En un país carente de seguro contra el
desempleo (pues el aprobado para 2014 es un cruel sarcasmo para los
trabajadores que sean arrojados a la calle y puedan disponer del
mismo), es irrelevante la baja en los el número de despedidos. Hasta de
las estadísticas desaparecen.
La tasa de subocupación, en cambio,
subió de 8 a 8.2 por ciento de los ocupados. Los subocupados se
incrementaron en 183 mil. Pasaron de 3.9 millones a 4.1 millones.
Lo notable es qué hacen los excluidos del mercado laboral formal.
Algunos simplemente abandonan la
búsqueda de empleo. Cuando eso ocurre, la persona es reclasificada de
económicamente activa a inactiva disponible para trabajar. De activa se
convierte en pasiva vegetativa familiar para cuadrar las
estadísticas laborales. Quienes se encuentran en este caso pasaron de 6
millones 356 mil a 6 millones 339 mil, sin que la diferencia implique
el traslado de pasivo a activo. En sentido estricto, ellos deberían
sumarse a los desempleados abiertos y (des)esperanzados de encontrar
alguna ocupación formal, con el objeto de tener un panorama más amplio
y descarnado de la desmovilización laboral.
Sin embargo, el indicador que proporciona una mejor perspectiva del drama laboral en México es la llamada informalidad.
El Inegi ofrece dos opciones estadísticas para que el cliente elija, por si quiere ver el paisaje laboral de manera optimista o pesimista, o según su sesgo ideológico, ya sea neoliberal o antineoliberal.
La opción optimista y neoliberal es la
ocupación en el sector informal, la cual considera a “las personas que
trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin
registros contables y que funcionan con recursos del hogar o de la
persona que encabeza la actividad, sin que se constituya como empresa,
de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación
identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la
dirige y que por lo mismo, tiende a concretarse en una muy pequeña
escala de operación” (Inegi).
Esos informales aumentaron en 350 mil
personas en el primer año peñista y equivalen al 30 por ciento del
total de nuevas ocupaciones (1.2 millones), al 93 por ciento de los
nuevos afiliados al IMSS y casi cinco veces a la reducción de los
desempleados abiertos (75 mil).
Parte de estos últimos se agregaron a esos informales.
El total de dichos informales pasó de
13.1 millones a 14 millones y equivalieron, en ambos casos, al 28 por
ciento de los ocupados totales.
La opción para los pesimistas y los
críticos es la informalidad laboral, que “suma, sin duplicar, de los
que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad
económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia
laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En esta tasa se
incluye –además del componente que labora en micronegocios no
registrados o sector informal– a otras modalidades análogas como los
ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como
a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y
cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas”
(Inegi).
La tasa de esta informalidad cayó de 60
por ciento de los ocupados a 59 por ciento. Si en 2012 el total de
ocupados sumó 49 millones, la primera tasa equivale a 29.4 millones de
personas. En 2013, los ocupados fueron 50.2 millones y los informales
ascendieron a 29.6 millones. Es decir, agregaron 198 mil personas.
Los datos anteriores indican que la
normalidad laboral mexicana es la informalidad, y que la anormalidad es
la formalidad precaria e inestable que se extingue lastimeramente.
La contrarreforma laboral peñista busca homogeneizar al mercado fragmentado en la precariedad, la pobreza y la miseria.
En este contexto, la destrucción de
sindicatos como el Mexicano de Electricistas o el de Mexicana de
Aviación, al que seguirán la disolución de las organizaciones de los
maestros, los petroleros, los electricistas corporativizados y los
telefonistas, entre otras organizaciones de clase, acelerarán la
derrota obrera.
Más que como Ejecutivo, Peña Nieto ha resultado un experto en demoliciones.
*Economista
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