La justicia que queremos las mujeres requiere de un Ministerio Público que no retroceda. Ana Silvia Monzón[1]
En este país pequeño, como escribió Humberto Ak’abal, “todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…” y la justicia. Y para las mujeres la distancia es mayor.
Llegamos al siglo veintiuno con muchos retrasos: disparidad en la
educación, sobre todo para niñas y mujeres indígenas, mestizas y
ladinas del área rural; inequidad laboral para la mayoría, incluso las
más letradas; escasa representación en los espacios públicos; altos
índices de mortalidad materna sobre todo en el campo; aumento de casos
de abuso y violaciones sexuales, así como de muertes violentas de
mujeres.
Ante
ese panorama, las mujeres se han organizado, denunciado y demandado
transformaciones en todos los ámbitos: social, político, cultural y
económico. Un breve repaso por tres décadas de movilizaciones de las
mujeres da cuenta del logro de algunas leyes que reconocen sus derechos
y de instituciones, insuficientes aún, cuya obligación es garantizar
esos derechos. Asimismo, se ha logrado que problemáticas como la
violencia sean consideradas un fenómeno social y no una cuestión de
pareja o familiar.
Uno
de los espacios de mayor aporte de las mujeres es el de la justicia.
Ellas fueron quienes encabezaron, desde los años ochenta, la exigencia
de cumplimiento de los derechos humanos violentados durante la guerra
que, en Guatemala, duró casi cuarenta años. El Grupo de Apoyo Mutuo-GAM
y la Coordinadora de Viudas de Guatemala-CONAVIGUA que surgieron en
esos años, junto a otros como FAMDEGUA, no han dejado de insistir en la
búsqueda de sus familiares y en la demanda de justicia ante las
atrocidades cometidas en el marco de una política contrainsurgente
basada en la doctrina de seguridad nacional.
Desde
la reinstauración de un régimen civil en 1985, que implicó la adopción
de una nueva Carta Magna, y particularmente desde la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996, las mujeres han protagonizado acciones
diversas para exigir justicia. Una breve lista de esas mujeres
emblemáticas incluye a Helen Mack, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc,
Nineth Montenegro, Aura Farfán, Rosa Franco y las mujeres ixiles que
declararon en el caso de genocidio 2013, todas han actuado con valentía
y perseverancia en su reclamo de justicia.
Y
del lado de las instituciones es de destacar el trabajo desarrollado,
entre otras funcionarias, por la Jueza Yassmin Barrios en casos de alto
impacto como la condena a exmilitares por el asesinato de Monseñor
Gerardi y, en el 2013, por la sentencia a Efraín Ríos Montt por
genocidio; y también por la Dra. Claudia Paz y Paz, primera mujer[2]
electa para dirigir la Fiscalía General y el Ministerio Público que
junto a su equipo de trabajo ha logrado avances reconocidos nacional e
internacionalmente.
En
los tres años y tres meses al frente del Ministerio Público, la actual
Fiscal ha consolidado adelantos en la atención de la problemática de la
violencia contra las mujeres, a través de la creación de un Modelo de
Atención Integral a las denunciantes de violencia, tomando en cuenta
que del 2009 al 2013 ha habido un aumento significativo de denuncias de
violencia contra las mujeres seguramente porque en el 2008 se aprobó la
Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
Datos del Ministerio Público revelan que en el 2009 se recibieron
30,702 denuncias y para el 2013 éstas llegaron a 49,599[3].
Asimismo,
se ha fortalecido la Fiscalía de la Mujer a nivel central y se han
abierto agencias especializadas en Fiscalías Distritales, lo que ha
permitido aumentar la cantidad de sentencias condenatorias en casos de
violencia, de 78 en el 2009 a 1110, en el 2013[4].
Otro
avance fue la realización de un diagnóstico interno de la institución
en términos de la situación y condición de mujeres y hombres, y la
adopción de una Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2014) que
marca varios ejes: la armonización de las normas internas a los
instrumentos internacionales en materia de igualdad de género, la
adopción de medidas para lograr la equidad entre el personal, la
búsqueda de una mejor atención a quienes acuden al Ministerio Público,
y la coordinación interinstitucional para garantizar la resolución de
los casos de violencia contra las mujeres.
Por
supuesto, hay desafíos que la Fiscalía General y el Ministerio Público
no pueden soslayar en materia de derechos de las mujeres[5].
Desafíos cuantitativos por el número de casos que se acumulan y que
constituyen un síntoma del grave problema de violencia contra las
mujeres en el país. Desafíos cualitativos, en términos de la calidad de
la atención, de la formación de fiscales en la perspectiva de género,
de las capacidades institucionales para investigar y garantizar una
respuesta concreta a las ciudadanas que acuden a buscar justicia.
La
situación creada por la resolución de la Corte de Constitucionalidad en
marzo 2014, que acortó el período para el cual fue nombrada la actual
Fiscal[6],
y el inicio del proceso para la selección de la persona que ocupará ese
cargo a partir del mes de mayo suponen un reto tanto para la Comisión
de Postulación, encargada de establecer los criterios idóneos y de
garantizar un proceso transparente, como para el Presidente de la
República a quien corresponde tomar la decisión final.
Para
las mujeres en Guatemala, es de suma relevancia que quien llegue a
ocupar el cargo en la Fiscalía General y Ministerio Público mantenga y
fortalezca los avances institucionales en materia de atención integral,
investigación de las denuncias y sentencias en casos de agresión sexual
y violación, pero también en los miles de casos que limitan otros
derechos de las mujeres (a la libre expresión, a la defensa de derechos
humanos, etc.).
Ese
es el reto para las organizaciones sociales que dedican sus esfuerzos a
lograr el acceso de las mujeres a la justicia: continuar con la
vigilancia ciudadana del actuar de instituciones que, como el
Ministerio Público, están obligadas a garantizar una justicia pronta y
cumplida.
Necesitamos que, en nuestro país, la justicia escuche y se acerque a las mujeres.
Guatemala, 7 de abril 2014
[1] Socióloga y comunicadora feminista. Coordinadora de Voces de Mujeres. Coordinadora de la Maestría en Estudios de Género y Feminismos.
[2] María Encarnación Mejía García de Contreras ocupó en dos ocasiones este puesto pero de manera interina.
[3] Ibid. P. 15
[4] Ministerio Público. Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2014. P. 14
[5]
Si bien existe el desafío de la cantidad de denuncias de violencia
contra las mujeres, otros casos en materia de conflictos ambientales,
criminalización de quienes resisten a proyectos de minería e
hidroeléctricas, de atentados a la libertad de expresión y otros,
también afectan a las mujeres.
[6] Acción que fue impugnada por organizaciones sociales ya que se consideró un acto más político que jurídico.
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