La investigadora María Isolda Perelló estudia los trasvases migratorios y las vulneraciones de los derechos humanos en la Frontera Norte de México
La Frontera Norte de México con Estados Unidos es la región más transitada del mundo. Diariamente la traspasan más de un millón de personas y cerca de 300.000 vehículos. La jurista e investigadora social (novel), María Isolda Perelló, especializada en codesarrollo y movimientos migratorios (además de miembro de la Unidad de Investigación en Migración y Desarrollo de la Universitat de València) ha analizado esta realidad en diferentes artículos.
Actualmente, intenta conseguir financiación -mediante el mecanismo del “micromecenazgo”- para realizar su tesis doctoral: un estudio comparado de la política migratoria de España y de Estados Unidos en el largo plazo, con el fin de explicar en qué medida el control de fronteras que ejercen ambos países ha condicionado los patrones de desplazamiento de migrantes documentados, y las consecuencias sobre las regiones fronterizas. El objetivo es reproducir el trabajo de campo realizado en la Frontera Norte de México con los Estados Unidos, en otras zonas, en concreto, Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán y Nador. El lector interesado en apoyar el proyecto puede encontrar información en http://www.lanzanos.com/
El acceso a principios de 2009 de Obama a la presidencia de Estados Unidos representó una “vuelta de tuerca” al programa Comunidades Seguras (con esta iniciativa y durante su mandato, Estados Unidos alcanzó la cifra de deportados más elevada de su historia). La iniciativa Comunidades Seguras se justifica teóricamente por la necesidad de perseguir a condenados por delitos graves, pero en la práctica ocurre algo bien diferente, apunta María Isolda Perelló en el artículo “La ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos de los migrantes en torno a la Frontera Norte de México”, publicado en Quaderns Electrónics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació (septiembre de 2013).
La investigadora aporta en el artículo datos que demuestran cómo “existe una clara intención de criminalizar al migrante, y aún más, al migrante mexicano”. Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de mexicanos deportados no lo han sido por delitos graves, sino por faltas administrativas, por ejemplo, infracciones de tráfico o reincidencia en la entrada en el país sin documentación. Durante el periodo 2007-2011, se repatrió a más de 2.582.000 mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con las cifras del INM.
Antes de 2008 y del programa Comunidades Seguras, en el año 1994 (presidencia de Clinton) comenzó la militarización de la Frontera Norte mediante las Operaciones denominadas Bloqueo, Guardián y Salvaguarda. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se procedió a un nuevo endurecimiento de las medidas de “contención” en la frontera.
Actualmente, subraya María Isolda Perelló en el citado trabajo, se dan numerosos casos de violación de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en las deportaciones. Uno de los problemas más graves es el de la separación familiar, sobre todo, en el caso de madres a las que se expulsa cuyos hijos menores de edad son ciudadanos de los Estados Unidos, y por esa razón la ley no les permite salir del país.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos en Estados Unidos han denunciado asimismo otras irregularidades. Por ejemplo, los casos de migrantes que han firmado órdenes de deportación bajo coacción o engaño, dado que los documentos de “salida voluntaria” y “Orden Estimulada de Remoción” son parecidos. En ello influye el hecho de no conocer el idioma, ya que en no pocos casos se carece de intérprete. Tampoco resulta extraña la ausencia de abogados en los procedimientos, o el precio de su contratación oscila entre 3.000 y 5.000 dólares, cantidad que normalmente no pueden satisfacer las personas migrantes.
La investigadora se detiene en otra realidad dramática, los centros de detención. Cuentan con sus reglamentos internos y se ajustan a unos criterios nacionales de detención que establece el Gobierno Federal (y recopilados en el Manual de Operaciones de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense), que ni siquiera son de obligado cumplimiento. “En numerosas ocasiones se reportan abusos sexuales, psíquicos y raciales, y pese a que existen formularios dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para elevar denuncias si son víctimas de violación de derechos humanos, el miedo a que se tomen represalias contra ellos hace que finalmente el proceso no siga adelante”, subraya María Isolda Perelló.
Las personas migrantes que pasan por los centros de detención señalan numerosas irregularidades: exceder el periodo de 48 horas de detención; el traslado durante un mismo día a cárceles o centros de detención diferentes, con lo que acaban en muchos casos perdiendo las pertenencias; además, en estos casos se hace mucho más difícil la comunicación con los familiares o la presentación de quejas. En Estados Unidos existen cerca de 250 centros de detención (sean cárceles del condado o centros de mayores dimensiones que gestionan empresas privadas), que actúan con escasa supervisión federal y donde los migrantes son enviados antes de la deportación. “Se ha generado toda una industria en torno a la detención y deportación de inmigrantes”, resume la investigadora.
Las compañías carcelarias privadas cobran una media que oscila entre los 122 y los 164 dólares por cada noche que los migrantes pasan detenidos, “por lo que sus ingresos dependen directamente del número de presos que mantienen en sus dependencias”. Por tanto, se trata de un gran negocio para las principales compañías carcelarias privadas, como Corrections Corporation of America (CCA), The GEO Group o Management ande Training Corp. Estas empresas, además, se destacan por sus donativos electorales para favorecer legislaciones estatales restrictivas de la inmigración (como la polémica Ley SB 1070 o la Ley Arizona), o la aplicación de medidas que faciliten la detención y deportación de migrantes.
En el artículo “Los mandatos de la política neoliberal en el origen de la gestión privada de las cárceles” (febrero de 2014), la doctoranda apunta algunos rasgos de la Corrections Corporation of America (CCA). Fundada en 1983 en Nashville (Tennessee), esta compañía fue adjudicataria inicialmente de dos contratos por parte de la Administración. Por un lado, el Departamento de Justicia le concedió la gestión de unas instalaciones del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en Texas. Además, la gestión de un centro de menores en Tennessee. La fórmula cobró éxito y se fue extendiendo. De hecho, el fundador de CCA, Thomas Beasley, fue el mentor del concepto“gestión privada de las cárceles”. En el año 1994 la compañía empezó a cotizar en bolsa y a crecer el valor de sus acciones, hasta devenir un imperio con 60 empresas en 21 estados diferentes, que acoge a más de 80.000 presos. Diseño, construcción, ampliación y gestión de prisiones y cárceles de detención; servicios de transporte de presos en nombre de la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos...Un lucrativo nicho de negocio para la multinacional.
En un artículo publicado en agosto de 2013, María Isolda Perelló analiza el final del proceso: la recepción de deportados en México (expulsados previamente por las autoridades de Estados Unidos) y la dramática realidad que les espera en su país. La doctoranda estudia el caso de la ciudad de Tijuana, uno de los puertos de frontera con más casos de repatriación en los últimos años y, en concreto, el área de El Bordo (cauce del río Tijuana). Cuando los migrantes repatriados finalizan el periodo de estancia permitida en los albergues (que gestionan, ante la escasez de recursos públicos, entidades de la sociedad civil como COALIPRO, que se hace cargo del albergue “El Chaparral”, en Tijuana), sufren el acoso de la policía municipal (con la coartada de combatir el delito) y de los cárteles de la droga. Cargan con el estigma de “delincuentes”, lo que lleva a que los repatriados sean también discriminados por sus compatriotas.
Los deportados que llegan a Tijuana se enfrentan a múltiples problemas. De entrada, burocráticos, ya que al carecer de los papeles necesarios para identificarse son en muchos casos detenidos por la policía y conducidos ante el juez municipal (acceder a estos papeles a través del Registro Civil requiere un dinero del que frecuentemente no disponen). En este punto, hay quien regresa a su ciudad de origen, pero otros continúan en Tijuana, a la espera de una nueva oportunidad de cruzar la frontera. De volver a Estados Unidos. Los que tienen más fortuna, reciben apoyo económico de sus familias en Estados Unidos. Algunos caen presa del consumo de drogas, a otros se les utiliza para el “narcomenudeo”, otros son perseguidos por la policía...Para sobrevivir, se construyeron “ñongos” (casas levantadas con material de desecho), pero la policía quemó sus “ñongos” y terminaron por refugiarse en túneles de un metro de profundidad y de 2 a 15 de longitud, conocidos como “pocitos”.
“El envío de remesas constituye en México la segunda fuente de divisas detrás del petróleo y, mientras lo hacen, los inmigrantes son tratados como héroes. Sin embargo, cuando son deportados, el gobierno no tiene en cuenta su contribución durante todo el tiempo que permanecieron fuera del país”, concluye la investigadora en el artículo “La situación de emergencia humanitaria de los migrantes repatriados de El Bordo”, en Tijuana. Para más información, http://investigadorasocial.
Fotos:
Deportados, de María Isolda Perelló.
Muro fronterizo en Tijuana, de Sergio Torres Gallardo
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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