Hasta el momento no hay una explicación convincente de lo ocurrido el pasado 21 de mayo donde resultaron heridos al menos 111 personas, entre pobladores y policías, en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal
Los
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que ordenaron de
manera insensata la acción de desplegar alrededor de 2 mil granaderos
al medio día de ese miércoles, cuando deambulaban por las estrechas
calles de ese poblado personas, la mayoría mujeres, en actividades
normales, coincidiendo el hecho con la hora de salida de cientos de
niños y jóvenes de diversas escuelas de kínder, primaria y secundaria,
fue por lo menos un acto irresponsable y provocador.
Hubo
escenas de pánico de padres de familia, quienes salieron de sus casas
desesperados, llorando para proteger a sus menores hijos que pedían
auxilio ante la presencia, inexplicable, de un fuerte contingente de
granaderos, que bloqueaba sin razón las entradas y agredía a la
población.
Las casas ni siquiera sirvieron de protección a sus
moradores. Algunos jóvenes que enfrentaban a los granaderos y éstos
que respondían de la misma forma, lanzaron piedras y diversos objetos
de manera indiscriminada contra cualquier persona y lugar.
Después
de varias horas de enfrentamiento en el que quedaron rotos un número
incontable de cristales e inferidos daños en casas habitación,
automóviles y sin número de personas lesionadas, el gobierno capitalino
anunciaba al final de la jornada, un rotundo “triunfo” al haber logrado
la conexión con el manantial de agua del poblado como era la pretensión
inicial de la medida. Justificaba la acción policiaca y
responsabilizaba a grupos de piperos de haber generado la violencia y
se dijo víctima de los hechos.
Lo que no se dijo o no se ha
querido reconocer es que hechos como los ocurridos en San Bartolo
Ameyalco dejan un mensaje desalentador a toda la población:
-las
acciones del gobierno del Distrito Federal se imponen a la fuerza, sin
dialogo de por medio, a como dé lugar, no importando el costo que
resulte.
El anuncio es el autoritarismo como práctica de las
políticas públicas que se pretenden imponer en la capital del país. No
es el convencimiento por medio del diálogo previo e información
suficiente la premisa del gobierno capitalino. Ahora pretenden mesas de
diálogo después de estos hechos violentos.
Las agresiones
cometidas contra algunos policías que fueron retenidos y lesionados
gravemente por diversos sujetos son condenables, pero también las
cometidas por los cuerpos policiacos contra un número indeterminado de
pobladores. De este incruento paralelismo guarda silencio el gobierno.
Para
tratar de ocultar sus errores, el GDF se apresuró a distribuir en
medios de comunicación imágenes en las que sus policías sufrieron
agresiones cobardes de algunos sujetos, pero no así las cometidas por
los cuerpos “del orden” en contra de la población. Hay evidencias de
pobladores que sin deberla fueron agredidos a pedradas y hasta
pateados salvajemente en el piso por la policía.
En redes
sociales ya circulan evidencias, no así en medios de comunicación
tradicionales, de allanamientos cometidos por la policía capitalina en
casas habitación, sin orden judicial, en busca de los líderes
opositores.
Si la acción de gobierno se desencadenó por una
petición del delegado priista Leonel Luna de Cuajimalpa quién solicitó
el uso de la fuerza policiaca para imponer una acción de gobierno, es
un hecho lamentable pero también imprudente, al no meditar las
consecuencias. Éste funcionario aceptó la solicitud hecha al gobierno
pero no la estrategia torpe del operativo policiaco. La población lo
acusa de colusión con propietarios del centro comercial de Santa Fe
para que también sean beneficiarios del agua potable.
En el
operativo varios policías fueron llamados a esta acción de última hora
en franca violación a sus derechos laborales a pesar de haber cubierto
sus 24 horas continuas de trabajo y estar en su jornada de descanso;
uno de ellos se encuentra en estado de coma gravemente herido. Al
interior de los cuerpos policiacos hay enorme inconformidad por la
impericia de los funcionarios capitalinos en la implementación en este
tipo de operativos.
Los enviados de las secretarías de gobierno
y de seguridad pública actuaron en forma descoordinada, con falta de
planeación, proporcionando información parcializada a sus superiores
para justificar su incapacidad. Perdieron el control del operativo y
hasta de los granaderos que dirigían, solapando que éstos actuaran como
vándalos al permitirles lanzar piedras y diversos objetos de manera
indiscriminada en contra la población.
El pretexto fue rescatar
a 4 policías que se separaron de su contingente y que se resguardaban
por su propia voluntad en el centro de salud de la población. Al
ordenar el avance como fuera, para rescatar a estos policías se agravó
la violencia con heridos de ambos lados.
Se requiere una
investigación sería e imparcial en las que organismos de derechos
humanos no gubernamentales conjuntamente con la CDHDF participen para
deslindar responsabilidades no importando el rango del funcionario
involucrado, para investigar que pasó realmente en San Bartolo Ameyalco.
A
todo esto, en el que el servicio del agua es motivo de conflictos, hay
varias preguntas que requieren respuestas gubernamentales:
¿Son estos hechos, ocurridos en San Bartolo Ameyalco la manera de resolver los conflictos en la ciudad de México?
¿Son
la antesala, estos actos de fuerza, los métodos para imponer reformas a
la Ley de Aguas del DF a fin de permitir la participación de la
iniciativa privada y el uso de este líquido como negocio?
¿Se
apura la aprobación de esta legislación privatizadora en la Asamblea
Legislativa del DF durante el mundial de futbol, como efecto
distractor, para evitar la inconformidad de la población, emulando la
estrategia del gobierno federal en la discusión de las leyes
secundarias en materia energética?
@Manuel_FuentesM
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