Inmujeres y Congreso, incapaces de afrontar violencia de género
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Así lo sostuvieron Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir la política pública en materia de equidad de género, y la senadora por el PRI Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara alta.
Al participar en el foro “Belém do Pará, 20 años. Legislemos para cumplir. Retos y perspectivas desde la sociedad civil” –realizado en el Senado–, Lorena Cruz y Diva Gastélum convocaron a las organizaciones civiles a que presenten sus posturas ante el incumplimiento de las normas vigentes para combatir la violencia de género.
En la inauguración del evento, la titular del Inmujeres reconoció que aún existe un amplio camino por recorrer para erradicar la violencia contra las mujeres, principal objetivo de Belém do Pará y que a 20 años de distancia se deben plantear nuevas leyes, pues muchas de las acciones y retos los padecen los grupos civiles.
La senadora Gastélum sostuvo que “las organizaciones siempre tienen una mirada distinta y más amplia sobre la realidad de las mexicanas y que es posible que las legisladoras no vean”.
Luego de tres horas de discusión en cuatro mesas de trabajo, se formularon diversas propuestas legislativas y de política pública.
En cuanto a la reducción de la muerte materna, las asistentes denunciaron que la violencia obstétrica es una de las más recurrentes agresiones contra las mujeres, por lo que demandaron una legislación integral que no se reduzca a la actuación médica.
Las participantes criticaron la falta de infraestructura y de personal médico para atender las emergencias obstétricas. También propusieron se defina claramente cuál es el proceso y quiénes son los responsables de asegurar el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica y muerte materna.
En materia de acciones inmediatas contra la violencia, se propuso que las órdenes de protección de emergencia tengan vigencia mientras persista la situación de violencia intrafamiliar o de pareja y no se reduzcan a 72 horas.
Se pidió igualmente sensibilizar a la autoridad que debe aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues aún se desconoce la normatividad.
Las especialistas señalaron que es necesaria una sola ley contra la violencia, para evitar que cada entidad federativa haga sus propias interpretaciones en el tema.
En otra mesa de trabajo se hicieron propuestas para atender a las niñas migrantes no acompañadas, y se demandó que sea el DIF la instancia rectora en el tema y que en todas las acciones que emprenda pondere el principio del interés superior de la niñez.
Es necesario –observaron las participantes– crear protocolos de atención a la niñez migrante, fortalecer el Instituto Nacional de Migración (INM) para que pueda proteger a las y los niños independientemente de su condición migrante, e implementar programas alternativos a la detención.
En el tema de refugios para mujeres víctimas de violencia, las organizaciones asistentes señalaron la necesidad de garantizar un presupuesto anual que garantice la operatividad de estos espacios.
Diva Gastélum se comprometió a recopilar todas las aportaciones ciudadanas para evaluar cuáles corresponden a cada poder y definir cuáles pueden ser presentadas en puntos de acuerdos, exhortos o iniciativas “a la brevedad posible y con toda la esperanza en el próximo periodo de sesiones”.
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