Pedro Miguel
En
el curso de 2013 la economía mexicana creció 1.1 por ciento. Las
proyecciones para este año han sido sistemáticamente ajustadas a la
baja desde un 3.9 hasta un 2.7 por ciento, y cayendo, pese a que el
régimen ha logrado imponer todas las condiciones que alegó necesarias
para reactivar la economía, la cual, independientemente de que pueda
considerarse técnicamente situada en un momento recesivo, o no, exhibe
un comportamiento pésimo. Si el país requiere de un crecimiento
superior a 6 por ciento no para desarrollarse, sino para no seguir
involucionando, y en el caso de que se logre el 2.7 del más reciente
pronóstico, en los dos primeros años del peñato estaremos ante un
decrecimiento neto cercano a 5 por ciento.
Entre otras cosas, el régimen ha dispuesto de los presupuestos que
ha querido, ha recortado derechos y conquistas laborales, ha mantenido
el incremento salarial muy por debajo del índice inflacionario, ha
destruido la obra de Lázaro Cárdenas y ha sentado las bases legales
para rematar a un puñado de zopilotes extranjeros y nacionales los
yacimientos petrolíferos, la refinación, la venta de gasolina, la
generación de electricidad y el espectro radioeléctrico.
Aunque oficialmente existe una Secretaría de Economía, formalmente
responsable de hacerla crecer, todo mundo sabe que la formulación y la
ejecución de la política económica no depende de su titular, Ildefonso
Guajardo Villarreal –cuya oficina debería llamarse, con mayor
propiedad, Secretaría de Inversiones y Comercio Exterior, que es a lo
que en realidad se dedica– sino del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso.
Este funcionario no llegó a su actual cargo en condición inmaculada.
Siendo coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto
utilizó fondos del estado de México –por medio de la cuenta de
ScotiaBank 03800806935– a tareas de proselitismo político (http://is.gd/EHqYtx) y mintió al negar rotundamente algo que era cierto: que el PRI manejaba fondos por medio de Monex (http://is.gd/fgFVjC).
Pero al margen de manchas previas al 1º de diciembre de 2012, desde esa
fecha Videgaray es –todo mundo lo sabe– el artífice de la política
económica en curso que es, acentuada y agravada, la misma que fue
impuesta al país desde hace tres décadas. Y ese solo hecho habría
debido bastar, en un entorno democrático y de rendición de cuentas,
para que él y el resto de los funcionarios del llamado gabinete
económico fueran echados de sus cargos: 18 meses de declive económico
sostenido y de sacrificios multiplicados para asalariados,
profesionistas, comerciantes e industriales son un lapso demasiado
largo en un país que ya no está al borde del estallido social, sino que
acumula estallidos a una velocidad mayor a la que los operadores
políticos pueden desactivarlos o hacer como que los desactivan, que es
el caso del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán.
Y
sin embargo, aunque el país camina con paso firme por la ruta del
desastre social, político y económico, Videgaray y el resto de los
colaboradores de Peña –con la excepción de Manuel Mondragón y Kalb, ex
comisionado de algo de seguridad– permanecen pegados con Kola-loka en
sus sillones.
La razón es simple: ninguno de ellos rinde cuentas a la sociedad
mexicana porque ninguno de ellos la representa. Es el caso de
Videgaray, quien, se le vea por donde se le vea, no actúa en defensa y
promoción de los intereses de los mexicanos, sino en los de los
capitales trasnacionales que se disponen a dar un zarpazo en lo que al
país le quedaba de propiedad nacional. En otros términos, su gestión es
evaluada –en forma aprobatoria, a juzgar por su permanencia en el
cargo– en los consejos de administración de Exxon Mobil, British
Petroleum, Chevron, Repsol, posiblemente en las oficinas del
Departamento de Estado y en otros sitios que son, ahora, las verdaderas
sedes del poder político de México. Ese dato debiera llevar a repensar
las formas de incidir en la vida insititucional del país.
Twitter: @Navegaciones
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