Es
un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e
inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar
huella. El discurso oficial insiste en ignorarlo. Así lo confirma un
informe que hace apenas unas semanas enviara el gobierno federal a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de
Naciones Unidas, cuyo contenido, de acuerdo con diversos analistas,
minimiza la dimensión del problema, y describe irresponsablemente un
horizonte optimista en relación con el procesamiento gubernamental de
las denuncias. Cifras oficiales relativas al periodo 2006-2012, señalan
que en el transcurso de esos seis años se consignó la desaparición de
26 mil personas. Un dato tal vez conservador si se admite que la
contabilización de la desaparición forzada carece de una metodología
confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la
negligencia rutinaria de las autoridades públicas. La virulencia y
sistematicidad de este flagelo obliga a la siguiente conjetura: la
desaparición forzada es un delito tolerado e incluso fomentado por
algunos poderes públicos y privados. Para situarnos en un terreno
más o menos común, cabe recuperar la definición de “desaparición
forzada” que suscribe la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: a saber, “el
arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación
de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf).
Cabe destacar dos aspectos en esta definición: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.
En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la
privación de libertad–, Veracruz es un catálogo de pruebas auto
incriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención.
Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo
en 2013: “Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue
con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa
se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que
se va por el mal camino” (Proceso 19-VI-2013); u otra más
reciente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita:
“Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir
es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede
seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-V-2014).
Pero a pesar de la insistencia gubernamental en la omisión de este
delito, en ciertos estados como Veracruz la incidencia de esta
modalidad de crimen rebasa la capacidad institucional de ocultamiento.
Noé Zavaleta documenta: “En la última semana de abril pasado, la
Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la
administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones
forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas
delincuenciales…” (Proceso 18-V-2014).
Esta
cifra coincide con la información que hiciera pública el Colectivo por
la Paz Xalapa en marzo de este año. El reporte del colectivo añade que
en estas desapariciones consignadas se encuentran 122 menores de edad (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/03/desapariciones-forzadas-feminicidios-e.html).
Pero la cifra es más alarmante si se considera el aumento exponencial
de este delito en el último año: hasta agosto del año antepasado (2012)
sólo se tenía conocimiento de 133 desapariciones forzadas.
No
es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las
ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones
arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales,
registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más
de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto
extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año
2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se
instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del
Mando Único Policial (comando centralizado para las tareas de
seguridad). Se trata de una concordancia natural entre una estrategia
de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados
socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. Las
organizaciones delincuenciales sin duda son un actor central en esta
coyuntura. Pero el problema primario radica en la criminalidad de
ciertos poderes (enclaves económicos o políticos) que actúan desde las
estructuras del Estado, o bien que se apoyan en éstas.
El
periodista italiano Federico Mastrogiovanni resume esta trama: “sembrar
el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los
intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de
una paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte
del Estado y el incremento de actividades de los grupos criminales
contra la población civil… La desaparición forzada de personas es una
de las tantas formas de control del territorio a través del terror y el
silencio que cubre [la geografía nacional]… de una especie de
aniquilación” (Proceso 18-V-2014).
La Comisión
Nacional de Derechos Humanos parece arribar a conclusiones análogas:
“El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública ha tenido un efecto directo en el aumento a violaciones graves
de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de
derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un
1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra
de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada
administración federal]” (http://cmdpdh.org/2013/01/el-resurgimiento-de-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2/).
Si se toman los hechos y resultados como prueba de intencionalidad, la
conclusión es obligada e irrevocable: la desaparición forzada es una de
las múltiples modalidades de violencia de Estado. El doctor Daniel
Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
sostiene categóricamente: “La única respuesta es que alguien se está
beneficiando con esto y es alguien dentro de los aparatos de poder; no
es alguien que está afuera…. [Los delincuentes] no son más que
empleados de alguien, y ese alguien está dentro de las estructuras formales” (Nancy Flores, 2012).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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