STyPS no previene más derrumbes en minas de carbón

   Sin dinero para hacer inspecciones: familias de Pasta de Conchos

A 99 meses del siniestro en Pasta de Conchos familiares acuden, como cada mes, a misa frente a las oficinas de Minera México | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

A pesar de las exigencias de las familias de los mineros, en la región carbonífera del estado de Coahuila las minas no operan en condiciones seguras y no hay recursos ni infraestructura para que sean inspeccionadas, lo que viola los Derechos Humanos y laborales de los trabajadores.

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familias Pasta de Conchos, exigió durante la presentación del XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales, presentado por el Centro de Análisis y Reflexión Laboral (Cereal), que el Estado garantice la no repetición de derrumbes como el que ocurrió en Pasta de Conchos en 2006 y que dejó 65 muertos, un hecho del que aún no hay justicia.

La activista señaló que la subdelegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Sabinas, Coahuila –encargada de inspeccionar y vigilar las condiciones laborales en 26 municipios de la entidad, entre ellos la región carbonífera– no cuenta con la infraestructura ni los recursos para inspeccionar de manera constante y efectiva las minas de carbón.

Auerbach Benavides criticó que como resultado de la poca inversión para inspecciones sólo se ha obtenido el 57 por ciento de eficacia, ya que de 2006 a la fecha han muerto otros 107 trabajadores en minas, plantas de beneficio y transporte de carbón debido a derrumbes y accidentes.

Para 2012, detalló, la subdelegación de la STyPS tuvo un presupuesto para inspección por 282 mil 648 pesos, en comparación con los 4 millones 19 mil pesos para el pago de nómina.

Además, abundó, para equipo de seguridad para los inspectores se destinaron sólo 17 mil pesos, lo cual no rinde ni para comprar cascos a cada trabajador.

Lo que quiere decir, explicó Cristina Auerbach, que ante la demanda de la ciudadanía para que las autoridades prevengan más derrumbes en la región carbonífera, éstas responden con más personal pero sin inspeccionar de manera adecuada.

Las muertes no son consecuencia únicamente de la inacción de las autoridades de la entidad, sino que comparten responsabilidades con los dueños de las empresas que explotan la región, ya que tras las inspecciones se ignoran las normas mínimas de seguridad e higiene, dijo la activista.

Además –afirmó– está comprobado que muchas empresas extraen carbón de lotes mineros suspendidos, sin que haya sanción por parte de la Secretaría de Economía.

También señaló que en el negocio del carbón están involucrados alcaldes, ex gobernadores, ex secretarios de Estado, diputados locales y federales, o regidores y funcionarios estatales, lo que aumenta la corrupción y la impunidad en la explotación minera.

Advirtió que hasta ahora la Promotora para el Desarrollo Minero del gobierno de Coahuila, que asigna los contratos para la compra y venta de carbón, no ha dictado una sentencia condenatoria por la muerte de los mineros en la región carbonífera y, en la mayoría de los casos, ni siquiera abre las averiguaciones previas correspondientes.

Auerbach Benavides apuntó que especialmente las esposas y madres de los mineros fallecidos, son quienes más resienten que el Estado no se responsabilice por las condiciones laborales de los trabajadores, ni obligue a las empresas a brindar seguridad.

Indicó que las familias afectadas por el derrumbe en Pasta de Conchos en 2006 están a la espera de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se rescaten los 65 cuerpos que permanecen en las minas, ya que no confían en que el actual gobierno se interese por darles una respuesta.

La directora de la Organización Familias Pasta de Conchos recalcó que las familias demandan que se sepan las causas del derrumbe, se castigue a los responsables, y se les permita sepultar los cuerpos de sus seres queridos.