Editorial La Jornada
en una recesión, y cuestionó que las autoridades hacendarias y económicas del país se nieguen a admitir dicho escenario.
En suma, un conjunto de voces autorizadas –o que, al menos, cuentan
con amplia credibilidad entre los defensores y promotores del modelo
neoliberal aún vigente, y que son usadas de forma frecuente como
referencia por el propio grupo en el poder– califican de recesivo el
actual momento económico nacional.
Este conjunto de afirmaciones contrasta con el empeño con que el
gobierno federal sostiene versiones como la que expresó ayer el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de que
es
incorrectoque la economía del país esté en una etapa recesiva pues, dijo, está
creciendo de manera más acelerada que el año pasado.
Más allá de declaraciones encontradas, parece ser, a juzgar por las
cifras oficiales, y en particular por los indicadores en materia de
inversión extranjera directa, que los capitales nacionales e
internacionales están inconformes con la conducción económica del país.
El resultado inevitable de estas discordancias es una pérdida de credibilidad en la información oficial.
Sin embargo, el económico no es el único ámbito en que ocurre este
preocupante fenómeno. Ayer mismo Amnistía Internacional solicitó al
gobierno federal que detallara la metodología empleada para calcular la
cifra de desaparecidos en México, que, a decir del titular de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pasó de 27 mil a 8 mil personas
a consecuencia de una
depuraciónen las bases de datos de las fiscalías estatales y federal.
El
llamado de la organización humanitaria internacional es procedente
porque resulta poco verosímil que dos terceras partes de los
desaparecidos en el país hayan podido ser encontrados en el año y medio
que lleva en funciones la actual administración; porque hasta ahora el
gobierno no ha dado a conocer los registros referidos ni el paradero de
las supuestas víctimas de desaparición, y porque las afirmaciones
gubernamentales contravienen los datos presentados recientemente por
organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
propia Amnistía Internacional.
Al igual que en el ámbito económico, los ensayos verbales en defensa
de las estrategias de seguridad y procuración de justicia adoptadas por
la administración federal; los anuncios de que se ha logrado la
pacificación de zonas en conflicto, como Michoacán, y de que se ha
avanzado en la lucha contra la delincuencia, contrastan con la
incesante cuota diaria de muertes, con las agresiones sufridas por
activistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, y con la
proliferación de agrupaciones civiles que, en ausencia del Estado, han
debido procurarse seguridad por propia mano.
Se asiste, pues, a un escenario en que la información oficial
manejada en ámbitos estratégicos como el económico y el de seguridad
pública es objeto de desconfianza y escepticismo sistemáticos por
distintos actores. Tal circunstancia resulta lamentable y preocupante
porque uno de los principales instrumentos de mando de todo gobierno
es, precisamente, su capacidad discursiva y de comunicación. Es
necesario, en suma, que las autoridades revisen su manejo de las cifras
y su manera de informar.
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