La desigualdad política, fuente de violencia contra las mujeres

Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco

Pachuca, México, mayo (SEMlac).- Las mujeres piden, desde el Foro Hemisférico Belém do Pará +20, celebrado en esta ciudad capital del estado mexicano de Hidalgo, ser tema de peso en la agenda de los gobiernos de la región. Las autoridades de esta parte del mundo tienen para con ellas la gran deuda de resolver la impunidad en los delitos de violencia contra la mujer; la persecución que sufren aquellas que luchan por los derechos humanos; el fin del hostigamiento a las que trabajan a favor de los movimientos sociales, la paridad política entre ambos géneros y poner un alto al acoso político para que las mujeres renuncien a puestos de elección popular, a la vez que acabar con los feminicidios. En el Foro Hemisférico Belém do Pará +20, realizado los días 14 y 15 de mayo último, intervinieron representantes de diferentes organismos interamericanos e internacionales, mujeres integrantes del gabinete federal de México, legisladoras de los congresos nacional y local, así como ministras de justicia y titulares instituciones de la mujer de países de la región, quienes patentizaron la necesidad de detectar sinergias y promover impulsos políticos para lograr erradicar la violencia hacia las mujeres, empezando por su empoderamiento económico y político. Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia de género afecta a millones de ellas, ya que la padecen entre 17 y el 53 por ciento de la población de mujeres en cada país de la región. El mismo organismo estima que se cometen diariamente 500 episodios de violencia sexual contra las mujeres en América Latina y el Caribe, mientras que en esos países se siguen perpetrando de manera alarmante la trata de personas, la violencia doméstica y sexual, el feminicidio, el acoso laboral, moral y sexual, la discriminación y la misoginia, los desplazamientos por conflictos armados, las violaciones sistemáticas de mujeres y niñas, así como otras conductas y acciones que les impiden una vida libre de violencia. En el foro se reconoció la gravedad del problema, su amplitud y complejidad, así como la responsabilidad de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han ratificado la Convención de Belém do Pará. Mujeres dedicadas a la política, ministras de justicia, investigadoras, activistas, titulares de organismos interamericanos e internacionales ofrecieron sus puntos de vida y hablaron ampliamente sobre los obstáculos a los que se enfrenta la sociedad civil para hacer valer sus derechos. Paloma Soria, abogada de Women's Link Worldwide, organización defensora de los derechos humanos, dijo que es grave la situación que sufren las defensoras de los derechos humanos, así como el hostigamiento y criminalización en contra de personas que trabajan a favor de los movimientos sociales, lo cual retrasa el avance en concientizar a la sociedad sobre la urgencia de erradicar todas esas formas de violencia. Insistió en que hay que llamar la atención sobre la responsabilidad de los Estados para que esto no siga ocurriendo, pues algunos grupos de poder han encontrado muy fácil quitarse de encima a las personas activistas y prácticamente empeñarse en una persecución hacia la sociedad civil. Agregó que ha sido un gran paso, gracias al activismo, que en la agenda pública haya quedado instalado el tema de la violencia contra las mujeres, lo mismo que el reconocimiento de sus derechos humanos, aunque admitió que todavía es incipiente la jurisprudencia que está tratando de acabar con los estereotipos. "Podemos tener muchas leyes, pero si no hay voluntad política, las leyes siguen quedando en papel mojado", dijo Soria. Sin recursos, añadió, y sin permitirnos disfrutar de los derechos, no nos sirven las sentencias. Subrayó que el marco del derecho es muy importante desde el punto de vista de la criminología. Pero que ella ha encontrado, como abogada, muchos casos de trata en los que ha importado más su situación migratoria que la trata en sí misma, y que en ese sentido ningún marco jurídico será útil. Alertó entonces sobre la necesidad de exigir a los Estados una respuesta integral al problema de la violencia, al mismo tiempo que contar con medidores efectivos para tener bajo control los mecanismos que se hayan echado a andar. En otra intervención, María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de México, reconoció que aún faltan marcos normativos para detectar y sancionar el acoso político en contra de las mujeres. Advirtió sobre el fenómeno de violencia que se vive en América Latina, donde muchas mujeres dedicadas a la política sufren amenazas, maltrato físico o psicológico para que renuncien a su aspiración de participar como candidatas a los puestos de elección popular, o bien que dejen los cargos para los que ya fueron electas. También consideró necesario derribar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, como lo indica el alto costo que implica interponer una demanda, el escaso número de entidades receptoras de denuncias y la falta de espacios privados para presentarlas. Alanís Figueroa aseguró que el Tribunal, del cual ella es magistrada, se ha colocado a la vanguardia de las exigencias nacionales e internacionales, al emitir resoluciones encaminadas a tutelar adecuadamente el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, con lo cual imparte justicia con perspectiva de género. Patsilí Toledo, investigadora de la Universidad de Barcelona y especialista en derecho público, dijo que en Europa la violencia contra las mujeres es tan prevaleciente como en muchas otras regiones del mundo y comentó el estudio más amplio que sobre el tema se ha realizado hasta el momento. Precisó que, efectivamente, 33 por ciento de las europeas ha sufrido violencia física y sexual desde los 15 años, y según reflejó ese estudio de la Agencia para Derechos Fundamentales, cinco por ciento de las mujeres de ese continente (nueve millones) ha experimentado una violación. Agregó que el feminicidio ha llevado a tomar en serio la violencia contra las mujeres, cuando apenas en los años setenta se hablaba de ello, y hasta los noventa no se reconoce como un problema social. "Ha costado mucho esfuerzo poner luz sobre ese tema", recalcó. Sin embargo, aseguró que "los Estados fracasan en la protección de las mujeres porque no se las toma en serio y no se investiga". Las cifras del homicidio de mujeres hablan por sí solas, ya que en América Latina se registran cinco de los índices más altos de feminicidios, lo cual preocupó a la Asamblea Parlamentaria Eurolat. Además, en México y Guatemala la impunidad es del 99 por ciento. En Bolivia, donde hay 30 años de cárcel por feminicidios, de los 335 casos que se reportaron entre 2008 y 2012, sólo 27 fueron procesados penalmente hasta terminar con una sentencia. La conclusión a la que llegaron muchas de las participantes en el foro fue que, mientras no exista la repartición equitativa de los espacios de poder, difícilmente cambiará la situación de las mujeres.