Entre sus promesas de campaña Enrique Peña Nieto sostuvo que haría cambios normativos en su primer año de gobierno para regular la publicidad oficial, sin que hasta el momento haya sucedido nada.
Aunque
se aprobaron las leyes secundarias en materia político-electoral, no
hubo ningún cambio al artículo 134 de la Constitución que establece que
deben de existir leyes para sancionar a quienes violen la prohibición a
funcionarios públicos que utilicen recursos públicos mediante la
publicidad oficial para hacer propaganda que promuevan su imagen.
El
artículo determina que la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.
Esta prohibición en la carta magna
se estableció desde la reforma electoral del 2007, sin que hasta el
momento el congreso haya corregido esta omisión legislativa, como no
existe ley reglamentaria al respecto, gobernadores hacen un derroche
millonario de recursos para promover su imagen pasando violando
flagrantemente la Constitución, escandalosos ejemplos nos han dado
gobernadores como el de Chiapas, Puebla y otros más.
Organizaciones
sociales que se ocupan de monitorear el gasto en publicidad oficial
como Artículo 19 y Fundar, entre otras han documentado año con año los
excesos de los diferentes gobiernos en la utilización injustificada de
recursos públicos en publicidad oficial, que es más bien utilizada para
castigar o premiar a los medios de comunicación para incidir en sus
líneas editoriales.
En la perversa relación que se establece
entre el poder político y los medios a través de la publicidad oficial,
quien sale perdiendo es la ciudadanía, pero poco importa a los partidos
políticos que se benefician de la falta de reglas en este rubro, de ahí
su inacción para legislar en la materia, así como fue indignante la
aprobación del famoso haber de retiro para los magistrados del Tribunal
Electoral, también lo es que una vez más los legisladores hayan
excluido la reglamentación del artículo 134, omisión que cuenta con la
connivencia de los medios que se ven beneficiados abundantemente por
esa publicidad oficial.
Termina
el mes de mayo sin que exista mucha claridad de cuándo se hará el
periodo extraordinario en el Senado para la discusión y aprobación de
la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, nos dicen que
probablemente en la primera quincena de junio.
La propuesta de
ley del gobierno es tan mala que diversos sectores se han pronunciado
en contra de su contenido como por las graves omisiones para cumplir
con el texto constitucional. Por ello organizaciones civiles como la
Red por los Derechos de la Infancia, la Asociación Mexicana de Derecho
a la Información y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), junto con Freedom House emitieron recomendaciones a los
senadores para que en la ley se incluyan los derechos de la infancia.
Aunque
algunos derechos están en la propuesta gubernamental son a todas luces
insuficientes para que los medios electrónicos respeten los derechos de
este sector de la población que es uno de los más vulnerables y
desprotegidos, entre las propuestas que emitieron están el fomento de
producción audiovisual que respete sus derechos, así como la creación
de instancias especializadas dentro del Instituto Federal de
Telecomunicaciones para que la regulación responda al interés superior
de la infancia, así como a promoción de la radio y televisión de
calidad para los menores en los medios públicos.
La protección a
la niñez y adolescencia es una recomendación de diversos organismos
internacionales, incluso la Convención Americana de Derechos Humanos
plantea la necesidad de salvaguardas especiales para este sector debido
a la influencia que pueden tener los medios para su desarrollo.
Aún
cuando han pasado varias semanas de la discusión en la ley Telecom en
el Congreso, el tema sigue estando entre diferentes grupos de la
sociedad que están en desacuerdo con la iniciativa presidencial, así
que todavía faltan muchos capítulos en esta discusión.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
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