Graciela Bensusán* y Luis Arturo Tapia
La propuesta retoma una inquietud social que ha ganando consenso: la
necesidad de cambiar el sistema educativo, recuperando la rectoría del
Estado en la materia. Para lograrlo contempla dos cuestiones relevantes
para la vida sindical: primero, quiere cambiar las reglas de ingreso,
permanencia y ascenso a la docencia. Segundo, propone crear una
estadística confiable del sistema educativo. La ausencia de ésta ha
fomentado la opacidad al no saber el número de docentes, la cantidad de
escuelas y la cantidad de alumnos.
La primera cuestión implicaría pasar de un sistema de reglas de asignación discrecional y patrimonialista, a otro basado en el mérito. Es oportuno, pero no es nuevo. Lo empezó a hacer Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) al asignar plazas por concurso. En algunas entidades esto significó efectivamente la pérdida del control de las plazas y la imposibilidad de heredarlas. De esta manera, la reforma llevaría a rango constitucional un acuerdo ya pactado en 2008 entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Aquí el sindicato no cedería nada nuevo. Además, los efectos de este cambio se observarían sólo a largo plazo, cuando los docentes que ingresen al sistema bajo esquemas basados en el mérito, puedan ser evaluados. Pero no se debe olvidar que el desempeño de los docentes en el aula es sólo uno de muchos factores que explican el logro educativo, por lo que quedaría abierta la pregunta sobre el impacto que podemos esperar de esta reforma.
En el segundo tema –la estadística educativa– cabe recordar que en 2007 la SEP y el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ya llevaron a cabo un primer censo de infraestructura educativa. La base de datos resultó con enormes vacíos de información. El avance en esta estadística serviría a corto plazo para mejorar el diseño de políticas públicas y para la transparencia, pero se tienen que resolver problemas de recolección de datos no resueltos en el censo de 2007.
La primera cuestión implicaría pasar de un sistema de reglas de asignación discrecional y patrimonialista, a otro basado en el mérito. Es oportuno, pero no es nuevo. Lo empezó a hacer Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) al asignar plazas por concurso. En algunas entidades esto significó efectivamente la pérdida del control de las plazas y la imposibilidad de heredarlas. De esta manera, la reforma llevaría a rango constitucional un acuerdo ya pactado en 2008 entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Aquí el sindicato no cedería nada nuevo. Además, los efectos de este cambio se observarían sólo a largo plazo, cuando los docentes que ingresen al sistema bajo esquemas basados en el mérito, puedan ser evaluados. Pero no se debe olvidar que el desempeño de los docentes en el aula es sólo uno de muchos factores que explican el logro educativo, por lo que quedaría abierta la pregunta sobre el impacto que podemos esperar de esta reforma.
En el segundo tema –la estadística educativa– cabe recordar que en 2007 la SEP y el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ya llevaron a cabo un primer censo de infraestructura educativa. La base de datos resultó con enormes vacíos de información. El avance en esta estadística serviría a corto plazo para mejorar el diseño de políticas públicas y para la transparencia, pero se tienen que resolver problemas de recolección de datos no resueltos en el censo de 2007.
Hay
por lo menos cuatro cuestiones ausentes en la reforma: 1) ¿qué pasará
con los docentes en activo o con los que ingresen bajo las nuevas
reglas que no logren puntajes de evaluación aceptables?, ¿tendrán
alguna consecuencia?, ¿de qué tipo?; 2) ¿cómo se resolverá la
restricción impuesta por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del
Estado en cuanto a la garantía de estabilidad laboral en caso de que
los maestros no estén en condiciones de superar sus deficiencias?; 3)
¿qué pasará con la doble negociación actual, en que la dirigencia
nacional negocia con la SEP y luego las secciones negocian con los
gobiernos en las entidades? Este esquema ha permitido pactar incluso la
no aplicación de las reformas (por ejemplo, Oaxaca y Michoacán) a causa
de las movilizaciones magisteriales y del fuerte veto que ejercen sobre
los cambios; 4) ¿sobre qué bases se construirá la nueva gobernabilidad
del sistema educativo? Durante mucho tiempo se ha sostenido una
gobernabilidad autoritaria con el pacto SEP-SNTE, el cual ha mostrado
su utilidad especialmente cuando surgen protestas coordinadas del
sindicalismo disidente.
A mediados de este mes se reunió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán. Seguramente la reforma la lanzará a las calles. ¿Qué hará el gobierno frente a una jornada de protestas? El titular de la SEP anunció que se aplicaría la ley. Debilitar a la CNTE sería la gran oportunidad de la cúpula del SNTE para recuperar el control sindical ahí donde desde hace 30 años no ha podido recuperarlo. La CNTE tiene que pensar bien lo que hará.
Por las circunstancias descritas, no sorprende el respaldo del SNTE a la reforma. No le afecta. La reforma no toca su estructura. Parece una reforma ya pactada, en la que el sindicato aprovecha la llegada de una nueva autoridad educativa para vender como cesión lo que ya había cedido, y para recuperar el control ahí donde ya lo había perdido.
*Profesora de la Flacso y de la UAM-Xochimilco
A mediados de este mes se reunió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán. Seguramente la reforma la lanzará a las calles. ¿Qué hará el gobierno frente a una jornada de protestas? El titular de la SEP anunció que se aplicaría la ley. Debilitar a la CNTE sería la gran oportunidad de la cúpula del SNTE para recuperar el control sindical ahí donde desde hace 30 años no ha podido recuperarlo. La CNTE tiene que pensar bien lo que hará.
Por las circunstancias descritas, no sorprende el respaldo del SNTE a la reforma. No le afecta. La reforma no toca su estructura. Parece una reforma ya pactada, en la que el sindicato aprovecha la llegada de una nueva autoridad educativa para vender como cesión lo que ya había cedido, y para recuperar el control ahí donde ya lo había perdido.
*Profesora de la Flacso y de la UAM-Xochimilco
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