Por Daniela Pastrana
MÉXICO, dic (IPS) - Obed Palagot, de 23 años, está por finalizar la carrera de
biología en
la Universidad Nacional Autónoma de México y usufrutua una
beca del
gobierno para una investigación especial. Pero ahora está
encarcelado
por protestar y sin derecho a la libertad bajo fianza.
El archivo en el Instituto Mexicano de la Juventud sobre
Palagot,
quien también es un amante del montañismo, dice que es "una
persona
responsable, comprometida, entregada en beneficio de la
naturaleza y
de sus semejantes". Colabora en una investigación con apoyo
estatal
sobre el crecimiento de la bacteria Bacillus subtilis, que
permite a
los organismos tolerar condiciones ambientales extremas.
Sin embargo, desde el 1 de este mes espera tras las rejas el proceso judicial por delitos penalizados hasta con 30 años de cárcel. Fue detenido por la policía de la Ciudad de México cuando intentó defender a su novia de los toqueteos de un oficial durante la represión a las protestas que enmarcaron la asunción presidencial de Enrique Peña Nieto.
En igual situación que Palagot están otros 12 detenidos ese mismo día, en una acción que muestra el endurecimiento de la política de seguridad hacia las manifestaciones populares de este Distrito Federal gobernado por la izquierda. Toda una paradoja, enfatizan expertos y dirigentes sociales.
Uno de los detenidos fue Alejandro Lugo, un mecánico vecino de la zona que salió con su esposa a comprar comida. Tiene 34 años, mide 1,87 metros, es robusto y usa rastas hasta la cintura. Su madre, Yolanda Lugo, está convencida de que fue detenido por su aspecto.
"No tiene lógica (la acusación). Lo sacaron a golpes de un estacionamiento", narró a IPS la mujer antes de repasar el peregrinaje hecho junto a la esposa y la hermana del joven para recabar pruebas a su favor.
En los días siguientes fueron quedando en libertad gran parte del centenar de personas apresadas por la policía, hasta quedar finalmente a disposición de la justicia 13 hombres y una mujer. Mientras, se multiplicaron en las redes sociales videos que demuestran que ninguna de ellas había estado entre los autores de los destrozos.
También la Comisión de Derechos Humanos documentó detenciones arbitrarias y cuatro casos de tortura.
Contradicciones en la ciudad
La Ciudad de México se constituyó en un bastión de la izquierda desde 1997, cuando ganó el primer gobierno elegido por voto popular. Desde entonces se han aprobado una serie de leyes de carácter progresista e incluyente, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto.
Es el distrito donde mejor desempeño tuvo en las elecciones de julio el frustrado candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Además, esta ciudad fue sede del 8 al 10 de este mes de la Cumbre Mundial de Indignados, Disidentes e Insurgentes, organizada a iniciativa del alcalde Marcelo Ebrard, su correligionario que dejó el cargo el 5 de este mes.
Sin embargo, lanzar un cóctel molotov o romper los vidrios de un escaparate en esta ciudad es un delito más grave que matar a una persona desde el 1 de noviembre.
Justo un mes antes de terminar su gestión, Ebrard envió a la Asamblea Legislativa una reforma al Código Penal del Distrito Federal (la capital mexicana) para ampliar y calificar judicialmente a las manifestaciones populares como delito de "ataque a la paz pública", que se equipara con el de terrorismo, contenido en la legislación nacional.
Así, la ley local sanciona con penas que van de cinco a 30 años de prisión los "actos contra personas, cosas o servicios que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal". Es notable comparar que, en el mismo código, se contempla que un homicidio simple tiene una pena máxima de 20 años de cárcel.
El ataque a la paz "es un tipo penal que limita derechos y que debe ser derogado o modificado", dijo a IPS la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Laura Salas.
"Hay otras tipificaciones que pueden encuadrarse en los actos que ocurrieron y en las que la sanción no es desproporcionada con el daño generado", apuntó.
Blindaje y tumultos
Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, juró el cargo de presidente el 1 de este mes ante el Congreso legislativo, cuyo edificio estaba blindado por un aparatoso dispositivo de seguridad.
La intención era proteger al parlamento de los estudiantes congregados en el movimiento #Yo soy 132, surgido en plena campaña para las elecciones del 1 de julio en la jesuita Universidad Iberoamericana, y otros grupos afectados por la violencia que dejó la política de seguridad militar del presidente Felipe Calderón.
En el marco de las protestas en la capital y otras ciudades se provocaron destrozos en comercios. Durante los enfrentamientos con la policía resultaron heridos varios manifestantes, algunos de gravedad. Uno de ellos fue el un estudiante Uriel Sandoval, quien perdió un ojo.
Leonor Díaz escuchó en la televisión el nombre del mayor de sus cuatro hijos entre los heridos de las protestas. Uriel, de 22 años, había ingresado el 20 de agosto a la carrera de ciencias ambientales en la Universidad de la Ciudad de México, creada en la administración de López Obrador para personas con muy pocos recursos económicos.
Las horas siguientes fueron las peores de la vida de esta mujer, pequeña y tímida, que trabaja empacando dulces en una fábrica de una localidad en el central estado de San Luis Potosí. Tardó dos días en conseguir el dinero para trasladarse a la capital, junto con su hija de 17 años, mientras su esposo se quedó con los otros dos, más chicos. "No sabía a dónde llamar. No conocía a nadie", narró a IPS.
Ninguna autoridad se tomó la molestia de notificar a su familia que el joven estaba en la Cruz Roja, ni que fue trasladado al Hospital General, ni que le practicaron tres cirugías por la pérdida del ojo derecho y la fractura de la nariz.
Uriel Sandoval salió del hospital sin poder acceder a una copia de su expediente médico, por lo que aún no sabe qué lo hirió. Presume que fue una bala de goma, aunque las autoridades niegan que se hayan usado, pues son ilegales en México.
"Todo fue muy rápido. Apenas iba llegando a la manifestación cuando sentí el golpe", dijo el joven, que demandará un castigo a los responsables.(FIN/2012)
Sin embargo, desde el 1 de este mes espera tras las rejas el proceso judicial por delitos penalizados hasta con 30 años de cárcel. Fue detenido por la policía de la Ciudad de México cuando intentó defender a su novia de los toqueteos de un oficial durante la represión a las protestas que enmarcaron la asunción presidencial de Enrique Peña Nieto.
En igual situación que Palagot están otros 12 detenidos ese mismo día, en una acción que muestra el endurecimiento de la política de seguridad hacia las manifestaciones populares de este Distrito Federal gobernado por la izquierda. Toda una paradoja, enfatizan expertos y dirigentes sociales.
Uno de los detenidos fue Alejandro Lugo, un mecánico vecino de la zona que salió con su esposa a comprar comida. Tiene 34 años, mide 1,87 metros, es robusto y usa rastas hasta la cintura. Su madre, Yolanda Lugo, está convencida de que fue detenido por su aspecto.
"No tiene lógica (la acusación). Lo sacaron a golpes de un estacionamiento", narró a IPS la mujer antes de repasar el peregrinaje hecho junto a la esposa y la hermana del joven para recabar pruebas a su favor.
En los días siguientes fueron quedando en libertad gran parte del centenar de personas apresadas por la policía, hasta quedar finalmente a disposición de la justicia 13 hombres y una mujer. Mientras, se multiplicaron en las redes sociales videos que demuestran que ninguna de ellas había estado entre los autores de los destrozos.
También la Comisión de Derechos Humanos documentó detenciones arbitrarias y cuatro casos de tortura.
Contradicciones en la ciudad
La Ciudad de México se constituyó en un bastión de la izquierda desde 1997, cuando ganó el primer gobierno elegido por voto popular. Desde entonces se han aprobado una serie de leyes de carácter progresista e incluyente, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto.
Es el distrito donde mejor desempeño tuvo en las elecciones de julio el frustrado candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Además, esta ciudad fue sede del 8 al 10 de este mes de la Cumbre Mundial de Indignados, Disidentes e Insurgentes, organizada a iniciativa del alcalde Marcelo Ebrard, su correligionario que dejó el cargo el 5 de este mes.
Sin embargo, lanzar un cóctel molotov o romper los vidrios de un escaparate en esta ciudad es un delito más grave que matar a una persona desde el 1 de noviembre.
Justo un mes antes de terminar su gestión, Ebrard envió a la Asamblea Legislativa una reforma al Código Penal del Distrito Federal (la capital mexicana) para ampliar y calificar judicialmente a las manifestaciones populares como delito de "ataque a la paz pública", que se equipara con el de terrorismo, contenido en la legislación nacional.
Así, la ley local sanciona con penas que van de cinco a 30 años de prisión los "actos contra personas, cosas o servicios que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal". Es notable comparar que, en el mismo código, se contempla que un homicidio simple tiene una pena máxima de 20 años de cárcel.
El ataque a la paz "es un tipo penal que limita derechos y que debe ser derogado o modificado", dijo a IPS la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Laura Salas.
"Hay otras tipificaciones que pueden encuadrarse en los actos que ocurrieron y en las que la sanción no es desproporcionada con el daño generado", apuntó.
Blindaje y tumultos
Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, juró el cargo de presidente el 1 de este mes ante el Congreso legislativo, cuyo edificio estaba blindado por un aparatoso dispositivo de seguridad.
La intención era proteger al parlamento de los estudiantes congregados en el movimiento #Yo soy 132, surgido en plena campaña para las elecciones del 1 de julio en la jesuita Universidad Iberoamericana, y otros grupos afectados por la violencia que dejó la política de seguridad militar del presidente Felipe Calderón.
En el marco de las protestas en la capital y otras ciudades se provocaron destrozos en comercios. Durante los enfrentamientos con la policía resultaron heridos varios manifestantes, algunos de gravedad. Uno de ellos fue el un estudiante Uriel Sandoval, quien perdió un ojo.
Leonor Díaz escuchó en la televisión el nombre del mayor de sus cuatro hijos entre los heridos de las protestas. Uriel, de 22 años, había ingresado el 20 de agosto a la carrera de ciencias ambientales en la Universidad de la Ciudad de México, creada en la administración de López Obrador para personas con muy pocos recursos económicos.
Las horas siguientes fueron las peores de la vida de esta mujer, pequeña y tímida, que trabaja empacando dulces en una fábrica de una localidad en el central estado de San Luis Potosí. Tardó dos días en conseguir el dinero para trasladarse a la capital, junto con su hija de 17 años, mientras su esposo se quedó con los otros dos, más chicos. "No sabía a dónde llamar. No conocía a nadie", narró a IPS.
Ninguna autoridad se tomó la molestia de notificar a su familia que el joven estaba en la Cruz Roja, ni que fue trasladado al Hospital General, ni que le practicaron tres cirugías por la pérdida del ojo derecho y la fractura de la nariz.
Uriel Sandoval salió del hospital sin poder acceder a una copia de su expediente médico, por lo que aún no sabe qué lo hirió. Presume que fue una bala de goma, aunque las autoridades niegan que se hayan usado, pues son ilegales en México.
"Todo fue muy rápido. Apenas iba llegando a la manifestación cuando sentí el golpe", dijo el joven, que demandará un castigo a los responsables.(FIN/2012)
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