Trata de Personas
Pocos juicios, autoridades cómplices y mala atención a víctimas
Especial | trataentreamigos.blogspot.com
Por: Milva Benitez, corresponsal
Cimacnoticias | Buenos Aires.- A cuatro años de que en Argentina se aprobó la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, las redes delictivas que trafican mujeres con fines de explotación sexual comercial en este país sudamericano están prácticamente intactas.
Los juicios son escasos, los fiscales no embargan los bienes que permitirían desbaratar las redes criminales, y las mujeres y niñas rescatadas vuelven a quedar a merced de sus explotadores ante las fallas del sistema de asistencia social.
La cloaca de la ineficacia judicial para combatir el delito de trata mostró la semana pasada su lado más fétido, luego de que la Segunda Sala de la Cámara en lo Penal de la noroccidental provincia de Tucumán absolvió a los 13 acusados por el secuestro y explotación sexual de María de los Ángeles (Marita) Verón.
El fallo provocó un escándalo en Argentina por el caso de esa joven desaparecida el 3 de abril de 2002, a la edad de 23 años, y que dio la pauta para que se aprobaran normas contra la trata de personas
La infatigable búsqueda a la que se aferró su madre, Susana Trimarco, puso el tema en el candelero público y en abril de 2008 se aprobó la ley que tipificó la trata como un delito federal.
INOPERANCIA JUDICIAL
En cuatro años de vigencia de la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas se iniciaron alrededor de 475 investigaciones relacionadas con explotación sexual, según datos de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Pero hasta abril de 2011, los casos en los que se ha avanzado lo suficiente como para identificar a los responsables y dictar su procesamiento sólo son 95.
En el informe 2012 de la UFASE se establece “la necesidad de analizar los casos archivados o causas en trámite sin avances considerables, y recolectar información sobre los delitos conexos con la trata de personas”.
En 2011 la cantidad de juicios disminuyó considerablemente y en 2012 prácticamente se vino a pique. En cuanto a las sentencias, el panorama no resulta más alentador. Desde que se comenzaron a dictar, sólo 50 se tradujeron en condenas. Este año sólo 11. Y del total, 6 resultaron absolutorias.
Los condenados en todo el país son apenas 104. Muchos ni siquiera estuvieron en un juicio oral y público, porque las condenas previstas en la ley aprobada en 2008 son irrisorias: las más bajas pueden ser de apenas 2 años de prisión, y si reconocen los hechos pueden lograr un acuerdo que se conoce como juicio abreviado y la pena máxima puede redundar en 6 años de prisión.
GANANCIAS INTACTAS
Mientras, las ganancias por el delito de trata se multiplican en los lugares de explotación. En contraste, incorporar una mujer a las redes de la trata suele no costar nada, ya que son “enganchadas” con engaños o compradas “por 200 o 300 pesos argentinos (entre 500 y 800 pesos mexicanos) a algún familiar o conocido”, explica Marcelo Colombo, titular de la UFASE.
Daniel Adler, fiscal federal en la ciudad de Mar del Plata lo cuantifica: “En una causa de 2010, en un lugar (prostíbulo) con 14 mujeres, cada una producía alrededor de 15 mil pesos mensuales (cerca de 39 mil pesos mexicanos), lo que multiplicado da una cifra que al año representa más de 2 millones y medio de pesos (cerca de 6 millones y medio de pesos mexicanos)”.
“El decomiso del producto o provecho del delito continúa presentándose en un número muy bajo de sentencias condenatorias. El ataque al eje económico de las investigaciones sigue siendo una tarea pendiente para jueces y fiscales”, dice el informe de este año de la UFASE.
Considerado el tercer delito más rentable del mundo, en Argentina las redes de trata han logrado establecer un sistema de protección que involucra principalmente a agentes municipales y policiales.
La actual Ley de Trata, que el Congreso modificaría hoy, prevé penas de entre 4 y 10 años de prisión para funcionaros públicos que estuvieran involucrados, y hasta 15 años si las víctimas son menores de edad.
VÍCTIMAS EN EL ABANDONO
Los números que ostenta el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también son significativos.
De 2008 a septiembre de 2012, 3 mil 700 personas sometidas a explotación sexual o laboral fueron rescatadas en el marco de más de mil 600 procedimientos.
En septiembre pasado, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, celebró que estas acciones permitieron detener “a mil 227 presuntos tratantes”. Pero el repaso por condenas y sentencias baja las expectativas con las que el funcionario presentó las cifras.
Salvo contadas excepciones, los organismos estatales desconocen el destino y en qué situación se encuentra la mayoría de las mujeres y niñas, que tras ser rescatadas de las redes de trata corren el riesgo de volver a ser desaparecidas por proxenetas y abusadas por “clientes-prostituyentes”.
“A veces las devuelven al lugar de origen y las jóvenes después nos llaman. ‘¡Tenemos hambre, no tenemos para comer!’, nos dicen. Es necesario que nos coordinemos para que estas mujeres no queden a la deriva”, reclama Mercedes Assorati, coordinadora del Programa Esclavitud Cero.
Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Ángeles –creada por Susana Trimarco para asistir a víctimas de trata tras el secuestro de Marita–, advierte que aún faltan recursos y capacitación para asistir integralmente a mujeres y niñas rescatadas de las redes de explotación.
Díaz alerta sobre los riesgos de la revictimización: “Hay jóvenes que no pueden hablar ni cinco minutos y se quiebran, a la semana tiene que volver a intentarlo. Hay que estar en los detalles, si no corremos el riesgo de agravar el daño psicológico sobre el que es muy difícil reconstruir un proyecto de vida”.
El abogado incluso observa que en los operativos se encontraron víctimas que tras haber sido rescatadas vuelven a caer en manos de los tratantes.
SIN REFUGIOS
Tampoco hay lugares especializados para atender a las víctimas de este delito. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no cuenta con espacios donde dar resguardo a las mujeres rescatadas en los prostíbulos, y debido a que los recursos públicos son limitados, muchas terminan alojadas en centros para víctimas de violencia o, en el caso de las niñas, en instituciones dedicadas a la atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social.
El pasado 22 de noviembre, la Legislatura de esa provincia aprobó la iniciativa presentada por la diputada Nancy Monzón que establece que cada departamento judicial “deberá contar con al menos un refugio que brinde alojamiento, protección y asistencia médica a las víctimas de explotación sexual”.
En las provincias de Córdoba y Misiones hay programas y casas-refugio estatales o mixtas (con gestión de organizaciones civiles) para la asistencia a las víctimas. En tanto, la mayoría de las provincias carece de estos recursos o depende exclusivamente de la acción de grupos ciudadanos.
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