DERECHOS HUMANOS
Desconocen o no aplican normas que protegen sus derechos
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
Cimacnoticias | México, DF.- El desconocimiento de las y los jueces del marco jurídico de DH de las mujeres y su desinterés por aplicarlo cuando poseen esta formación, derivan en laudos discriminatorios que perjudican a las originarias de comunidades indígenas, siendo víctimas o inculpadas.
Éstas son algunas de las conclusiones del informe “Mujeres indígenas en el Observatorio de Sentencias Judiciales sobre los derechos de las mujeres”, elaborado por las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres y Bitácoras Liderazgo Social con Equidad, que hoy se presentó en esta ciudad.
Paula Castañeda, coordinadora de Proyectos de Equis, refirió que tras el análisis de 11 sentencias emitidas por tribunales superiores de justicia en nueve estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se identificó que al emitir sus fallos las y los jueces no consideran la situación de desventaja social de las indígenas.
Por lo que, aunque se apeguen a la ley, si no formulan sentencias tomando en cuenta la condición de género, etnia, nivel de marginación y si las víctimas o inculpadas sufren violencia, “al final sus sentencias son injustas”.
Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, indicó que el informe visibiliza los vacíos en el sistema judicial que impiden a las indígenas acceder a la justicia. Dijo que el problema parte de que las autoridades no reconocen a esta población como sujeta de derechos plenos.
Faltan jueces con formación en DH, comprometidos con la impartición de justicia oportuna y sin discriminación, pero este objetivo sólo será posible cuando haya voluntad política, advirtió la líder indígena.
Puso como ejemplo que la “demanda histórica” de traductores en los ministerios públicos y en los servicios de salud para facilitar la comunicación entre las personas indígenas, no se ha concretado por falta de recursos y voluntad de las autoridades.
El caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas tlapanecas de Guerrero violadas en 2002 por militares y cuyo caso ameritó una sentencia de la CoIDH, es un ejemplo del vía crucis que representa acceder a la justicia en el país, mencionó Sánchez.
Valentina Rosendo, quien hace 10 años emprendió una lucha para exigir castigo a los militares que la agredieron, señaló que para las mujeres indígenas “es difícil acceder a la justicia por la pobreza, la falta de oportunidades para poner una denuncia, y porque el gobierno no pone un traductor para poder decir lo que nos pasa”.
Durante la presentación del informe, Rosendo acusó que durante una década ha tenido que sortear múltiples obstáculos para acceder a la justicia y todavía no la alcanza.
“A los 17 años fui violada por militares, y tuve que caminar ocho horas para poner la denuncia. Cuando me pasaron al médico, él no me quiso revisar porque dijo que no quería tener problemas con los militares”, relató.
Las autoridades en México negaron los hechos y tras cinco años de exigir sin éxito castigo para sus agresores, Inés y Valentina, acompañadas por organizaciones civiles, acudieron ante la Comisión Interamericana de DH, que tiempo después pasó el caso a la CoIDH.
En 2010 la Corte emitió una condena contra el Estado mexicano en la que determinó que las tlapanecas fueron víctimas de violaciones a sus DH, y realizó recomendaciones para reparar el daño a las indígenas.
Sin embargo, las autoridades mexicanas sólo han cumplido una de las recomendaciones al ofrecer una disculpa pública a las guerrerenses, la cual sirvió para mostrar que “no somos mentirosas, como decía el gobierno”, pero siguen en espera de que sus agresores sean sancionados.
No obstante, Valentina Rosendo dijo que conserva la esperanza “de un día poder pronunciar la palabra justicia porque hasta ahora no la hay”.
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