Ricardo Raphael
En México, el financiamiento para las campañas electorales sigue siendo muy corrupto. Elección tras elección la lista de escándalos crece y, salvo casos excepcionales, la autoridad es incapaz de sancionar los ilícitos. Mirando el universo de denuncias ocurridas en la pasada campaña presidencial es posible observar tres patrones de conducta ilegal: uso de dinero público para pago de operadores territoriales responsables de promover e inducir el voto a favor de partidos y candidatos; la dádiva graciosa (apoyos en efectivo, tinacos, refrigeradores, sacos de cemento, etcétera), financiada con el erario a cambio de votos, y la desviación de recursos públicos para hacer propaganda electoral.
De todos estos mecanismos, acaso el menos analizado sea el de la llamada publicidad oficial. Es aún insuficiente el conocimiento que tenemos sobre los datos, las mecánicas, los responsables, la información y el análisis como para enfrentar con contundencia esta nefasta práctica. Y sin embargo el tema es tan relevante que se incluyó como uno de los acuerdos del Pacto por México, y fue también una de las primeras propuestas que hiciera Enrique Peña Nieto como presidente electo de México.
No obstante, todavía el tema duerme hoy el sueño de los justos. Quedó sepultado por la atención que otros asuntos han merecido últimamente. De ahí que resulte celebrable la labor de organizaciones como Fundar y Artículo XIX, las cuales harán público este próximo miércoles un reporte denominado, El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas.
Al documento no le sobra una coma. De un lado alerta contra el olvido y la negligencia y del otro provee una hoja de ruta para retomar con mayor brío la causa de la rendición de cuentas sobre la propaganda que hacen los gobernantes de sí mismos, con recursos que no les pertenecen.
El texto en cuestión abre con una dura sentencia: en México la asignación de la pauta publicitaria del Estado es discrecional y arbitraria. Se suele utilizar para controlar políticamente a los medios de comunicación y para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información. La propaganda oficial en nuestro país no responde a los criterios sustanciales de transparencia, objetividad, equidad y no discriminación. Tampoco cumple con el requisito de clarificar los objetivos para los que es contratada, los medios utilizados o las consecuencias esperadas.
No se requiere de demasiada neurona para marcar los límites entre la obligación de informar, la publicidad y la propaganda del gobierno. Hay malversación de fondos públicos cuando se adquieren y disfrazan las pautas publicitarias con el objeto de hacer propaganda a favor de una persona o un partido que participa electoralmente o cuando se soborna para ocultar o manipular información con tal de favorecer o afectar a un contendiente.
El problema a la hora de enfrentar esta forma de corrupción surge cuando resulta difícil probar los actos ilegales porque la información con que se cuenta es alevosamente escasa y está manipulada. Advierte el reporte que sólo 19 entidades federativas cuentan con un presupuesto aprobado por sus congresos en materia de publicidad oficial, únicamente 11 estados hacen pública la lista de los proveedores que les brindan servicios y nada más 7 desglosan el concepto por el que se egresaron los recursos. Las entidades que presentan mayor opacidad a este respecto son Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Sorprendentemente el Distrito Federal y Nuevo León no se quedan atrás.
A nivel local, México eroga al año en promedio 2 mil 400 millones de pesos de los contribuyentes con este pretexto. Esta cifra no incluye los gastos realizados por las 14 entidades que no reportaron su respectivo presupuesto en publicidad oficial. Se trata de dinero suficiente para reventar a los medios locales del país. Varios ejemplos de esta política deliberada los han sufrido radiodifusoras, periódicos locales y revistas nacionales. La frase de los años setenta: “No pago para que me peguen” sigue tan vigente como en los peores tiempos de la represión política.
Dada la importancia del tema, cabe esperar que este acucioso reporte relance una discusión que tanto importa. Es por el bien de la libertad de expresión y el acceso a la información que hoy están bajo sospecha debido a presiones ocultas y potentísimas en contra de periodistas y medios de comunicación. Es también por el bien de la equidad en la contienda democrática.
Analista político
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