La protesta social

 Alberto Aziz Nassif

El país atraviesa por un momento de fuertes reacomodos y una parte muy importante de esta fase —reformas y búsqueda de consensos— tiene que ver con la protesta social que sale a las calles y expresa su descontento. El caso más emblemático es el de los maestros de Oaxaca y Guerrero que están en contra de la reforma educativa. Es importante entender qué tipo de conflictos tensionan a México hoy en día.

Recientemente se publicó un libro del PNUD, La Protesta social en América Latina (Siglo XXI), en donde se hace un estudio muy interesante sobre lo que sucede con el conflicto social en nuestros países. El análisis combina el tipo de demandas, las formas de relación entre el Estado y la sociedad y los principales actores que intervienen en el proceso. Hay tres grupos de demandas: las de la reproducción social que tienen qué ver con los espacios de la calidad de vida como salud, educación, salario, consumo; las demandas de tipo institucional que apuntan al funcionamiento del Estado y a las políticas públicas; y las demandas de tipo cultural sobre los modos de vida. Este conjunto de demandas se procesa a través del sistema político que tienen los diferentes países del continente. El estudio destaca cuatro modelos, los que tienen redes institucionales potentes para procesar el conflicto, como sucede con Uruguay; los que tienen una red menos eficiente, pero existe una enorme capacidad de negociación que impide que el conflicto se radicalice, como en Brasil; países con gran tradición de movilización y débiles marcos institucionales como Bolivia; y países con baja capacidad de movilización, como Costa Rica. ¿Cómo se ubica México en este cuadro latinoamericano?

En el conjunto de la región nuestro país ha sido uno de los alumnos mejor portados dentro de una lógica modernizadora orientada hacia el exterior, con un ajuste conservador, como indica el estudio. Este modelo, que ya va para 25 años, ha estado comandado por los gobiernos del PRI y del PAN. México contrasta con otras opciones tipo nacional-popular a la venezolana; con un reformismo más pragmático tipo Brasil, o con un neodesarrollismo indigenista como el de Bolivia. Sin embargo, la conflictividad cubre una serie de problemas transversales compartidos por la región, a pesar de tener diferentes tratamientos y soluciones. La protesta social se construye alrededor de los acuerdos y desacuerdos salariales, asunto que en México, con el modelo actual, se ha desdibujado porque los actores laborales de esta negociación casi han sido borrados. Son pocos los sindicatos democráticos que impulsan una defensa real de sus agremiados, por lo cual el nivel salarial hay una caída sistemática en últimas décadas. Pero no sucede así en otros países en donde hay actores fuertes, contrapesos, que han logrado mantener el poder adquisitivo y un alto nivel de protección social. Otro tipo de conflicto se genera por la calidad de la vida urbana, la vivienda y el consumo. También están los litigios por la tierra, los mercados y la cuestión étnica. Hay otros dos tipos de conflicto, uno es la lucha por los derechos humanos, equidad de género, menor desigualdad y contra la discriminación; otro son las demandas democratizadoras que mueven la dinámica política de partidos y gobiernos en torno a proyectos y políticas públicas.

En el conjunto de América Latina el estudio establece algunas hipótesis para explicar la conflictividad y la capacidad institucional. Por ejemplo, a mayor apoyo político al sistema, se tiende hacia un menor nivel de conflictos, y otra es que a medida que el proyecto de gobierno tiene más legitimidad, los conflictos tienen menor radicalidad. Estas variables están cruzadas con niveles de pobreza y la percepción de qué tan justa es la distribución del ingreso. ¿Cuánto apoyo y legitimidad tiene el gobierno actual?

En nuestro país hay graves problemas porque la brecha de la pobreza crece como lo muestra el reciente estudio de Unicef y Coneval: el 45% de los niños en México padece algún nivel de pobreza, es decir, en el modelo hay una falla estructural grave. Si a esto le agregamos la inseguridad y la violencia, las protestas sociales por razones de reproducción social, los ajustes institucionales de las reformas, el cuadro se complica. En suma, el ahora movimiento popular de Guerrero nos lleva a dejar tres preguntas: ¿qué tan fuerte es el Estado para procesar el conflicto? ¿Cómo será la dinámica entre negociación y fuerza? Y ¿qué tanto se radicalizará la protesta?

Investigador del CIESAS