Reforma debe garantizar participación femenina en todos los espacios
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Expertas en telecomunicaciones afirman que la reforma constitucional en la materia debe garantizar la participación de las mujeres en los espacios de dirección, creación y administración de los medios
Aimée Vega Montiel, investigadora en temas de comunicación y académica de la UNAM, sostiene que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados –y ahora analizada en el Senado– abre la puerta para que en el futuro los medios establezcan medidas de autorregulación de sus contenidos y promuevan el derecho de las mujeres a comunicar.
Afirma que los medios audiovisuales juegan un papel importante en la reproducción de la violencia de género por lo que un sector de la sociedad civil ha pedido que el Estado cree mecanismos para evitar que se amparen en la libertad de expresión para incitar a la violencia de género o fomentar estereotipos sexistas.
A decir de la académica el derecho de las mujeres a comunicar significa participar en puestos directivos y en los espacios de producción, creación y administración tanto en los medios de comunicación como en los órganos reguladores.
Pero acota que incluir la perspectiva de género también significa promover que los grupos o empresas que soliciten una concesión garanticen en su programación contenidos que promuevan los Derechos Humanos, incluyendo los derechos de la población femenina.
Sin embargo, explica que regular los contenidos suena a imposición por lo que es necesario que en la ley secundaria se invite a los medios a abstenerse de presentar estereotipos de género sin que parezca que el Estado invade esferas que no son de su competencia.
¿QUÉ DICE LA REFORMA?
Si bien la reforma que modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la radiodifusión y las telecomunicaciones como un servicio público, aún hay pendientes que deben ser subsanados en la ley secundaria.
La reforma busca fomentar la competencia y regular los mercados convergentes de telefonía fija y móvil, televisión abierta y restringida e internet, y aunque incluyó los derechos de las audiencias, lo hizo de forma muy general.
Los artículos transitorios de la minuta consideran algunos derechos de las audiencias, por ejemplo el compromiso de regular el derecho de réplica, la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia y promover la producción independiente.
Las especialistas coinciden en que esta propuesta es una reforma de gran calado que recupera demandas de académicos y de un vigoroso sector de la sociedad civil que desde hace más de treinta años ha pugnado por acabar con la estructura monopólica de los medios y modernizar el obsoleto marco legal en la materia.
LOS PENDIENTES
Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), menciona que hay especificaciones que deben hacerse en la norma reglamentaria por lo que el debate que está por venir será el más importante.
Afirma que la ley secundaria podría ampliar los derechos de las audiencias al incluir mecanismos como la figura de un ombudsman que represente a la ciudadanía frente a los abusos o arbitrariedades de los medios o los códigos de ética.
En tanto Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ex relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, explica que aún no se puede decir que la reforma significa un cambio real para la ciudadanía.
En su opinión, los contenidos que difunden los medios no deben ser tema de escrutinio de un órgano regulador en materia de telecomunicaciones aunque considera que si debe ser materia de análisis.
Con esta reforma se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tendrá la facultad de asegurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones.
Pero la experta critica que el organismo se convierta un ente todo poderoso que verá quiénes tienen la infraestructura, revisará contenidos y sancionará a quienes sean dominantes y cometan prácticas monopólicas, por lo que este debe ser tema a discutir.
Aunque la reforma no incluye todas las propuestas en materia de género, sí modifica el artículo sexto constitucional para establecer que el organismo autónomo asegure contenidos que, entre otros valores, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
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