Alainet
En
esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan
a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México
necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del
gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo
impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como
sujeto principal del proceso.
El gobierno lanzó un programa de
siete foros nacionales temáticos que inició este mes y termina el 17 de
julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales entre mayo y
junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro nacional
global en la Ciudad de México.
Pero si Arquímedes fuera
gobernante mexicano podría decir: “dadme una consulta amañada y
legitimaré un mundo”. El clamor general campesino es que “la
organización unilateral desde el aparato público de esos foros favorece
las voces coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina
disidencias, excluye o reduce a su mínima expresión la presencia de
voces críticas de la situación actual de desigualdad y concentración de
beneficios en ciertos segmentos de agricultores”, tal como dice un
documento de circulación para el consenso entre dirigentes, el cual se
hará público en breve.
La Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió hace unos días no
participar en los foros convocados por el gobierno al estimar que se
trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas
tendientes a profundizar la privatización del campo.
Jesús
Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador
del Congreso Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de
las organizaciones campesinas, incluso las cercanas al gobierno,
informó que están elaborando un documento de trabajo y programando
cinco encuentros campesinos.
Serán dos encuentros nacionales en
el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres regionales en el
Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará la
propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán
también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales
y Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de
Organizaciones Campesinas.
No hemos visto resultados favorables
en la producción de alimentos a partir de las perversas políticas
públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes productores, por eso, a
pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y el hambre
siguen acentuándose, dijo Durán.
El ex dirigente de la
Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario, Cruz
López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con
representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos
no pueden ganar batallas en los foros gubernamentales porque “ahí se
imponen los poderosos”.
El reformador
El 5 de
marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el
arranque de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más
productivo, rentable y digno. Para las organizaciones campesinas que no
confían en las intenciones del régimen, el anuncio sonó como
advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.
Peña afirmó
que su gobierno “no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que
modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, lo
cual no lo compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime
de impulsar la privatización de los territorios codiciados que aún
están en manos campesinas.
La palabra del presidente es una
moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar que después de
negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma energética,
ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.
De hecho, entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño
afirmar que la secretaría de Agricultura ejercerá este año el
presupuesto más alto de su historia, 82 mil 900 millones de pesos,
cuando se sabe que el incremento de 10 por ciento respecto a 2013
proviene de recursos tomados de programas de otras secretarías.
El presidente dijo que convocaría a “foros y espacios de diálogo y
propuestas a organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y
todos quienes están inscritos bajo las tres modalidades de régimen de
propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su
experiencia.”
El secretario de agricultura Enrique Martínez,
menos obligado a cuidar las formas, declaró el 14 de enero que uno de
los caminos para elevar la productividad del campo es “buscar en esas
reformas jurídicas un tránsito más rápido de la propiedad social a la
propiedad privada”, y lamentaba, muy preocupado, que “desde que se hizo
la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de la
propiedad ha pasado de un régimen a otro”.
No hace falta gran
imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El
gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y
cooperando al facilitar la entrega de recursos y territorios,
reformando leyes y cancelando derechos de la población para abrir los
espacios exigidos por la inversión extranjera de la industria
extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y contratos
otorgados a empresas mineras y petroleras.
Nada más adecuado
para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal
—régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del
territorio nacional—, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo
“un espacio digno para quienes viven y dependen de él”.
Las
intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el
contenido de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma
energética presentadas recientemente al Congreso, en las que, por
ejemplo, el Artículo 91 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos
establece:
"La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta
Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres,
la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los
terrenos necesarios para la realización de las actividades de la
industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás
disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera."
De ese modo los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente
a poder de las empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a
la explotación de hidrocarburos, la cual "tendrá preferencia sobre
cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la
superficie y del subsuelo".
Saldos del TLCAN
Las condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables.
Después de 20 años de libre mercado, la sociedad rural mexicana está
exhausta. La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación
del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los
costos de producción superaron a los precios de los productos, causando
la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.
El desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la
producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos
e incrementó la pobreza en la sociedad rural. El campo cuenta con unos
30 millones de habitantes: 81% pobres, 37% en pobreza extrema; de los
28 millones de hambrientos en el país, casi 20 millones viven en el
campo.
De los apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60
por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de
productores del campo.
La economía se fue a pique. De 1934 a
1982 el PIB había crecido a una tasa media superior al 6 por ciento
anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%.
También se profundizó notablemente la desigualdad social.
En
términos de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector
agropecuario mexicano que pasó de una balanza comercial positiva en
1991 (cuando México exportaba a EEUU 2,373 millones de dólares e
importaba 2,131), a una negativa en 2012 cuando exportó 18 mil 219.771
mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4 mil mdd). En enero de
este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con importaciones
totales por más de 30 mil mdd.
Los grandes ganones del TLCAN
son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra alrededor del
20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del ganado
bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos
sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.
La producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento
poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la
producción en 26.8%.
La importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en 1995, a más de 10 millones el año pasado.
En arroz, de 1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir
sólo 10% del consumo interno del grano (un millón 200 mil toneladas).
En el caso de la leche en polvo, México es el primer importador del
mundo; compra además al exterior el 95 por ciento del soya que consume,
el 53 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y
cerdo, el 30 por ciento del frijol. La dependencia alimentaria admitida
oficialmente es de 45%.
Debido al retraimiento y desaparición
de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de
Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales
y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El
resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo
neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados
Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de
alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto
Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la
comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto, DuPont y un
puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan
fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento de
conflictos sociales y violencia en el país está directamente
relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado
pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a
la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las
actividades criminales y la economía informal.
El libre mercado
modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación
ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen
sobrepeso y obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna
discapacidad y eventualmente morirán pronto a causa de diabetes o
enfermedad cardiovascular.
En los primeros cinco años de
vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa de EE.UU. en
las industrias de alimentos y bebidas de México casi se cuadruplicó,
pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y 2007,
la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas
se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.
En 2012, los cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos
asociados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades
relacionadas con la dieta representaron el 75 por ciento de las
importaciones desde los Estados Unidos.
En síntesis, tenemos un
país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de
soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada
por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales.
En defensa del ejido y la comunidad campesina
En cambio, los representantes de la clase campesina organizada demandan
restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar
imprescriptible, inalienable e inembargable y eliminar la facultad de
las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.
La
contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27
Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas,
autorizó que las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores
a los límites de la pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar
superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil
para explotación ganadera.
El ejido es una dotación de tierra
en calidad de propiedad social de uso individual o colectivo que tiene
raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de latifundios en
el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución Mexicana,
consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general Cárdenas.
Ahora en el campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6
millones de sujetos de derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4
millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.
El
modelo neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y
provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos
latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí
que una de las demandas del movimiento campesino sea dotar de fondos al
Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.
Otro
punto de consenso unánime es el financiamiento accesible para los
pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para
el campo.
La lista incluye elevar a rango constitucional la
soberanía alimentaria, incentivar el establecimiento de prácticas
agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz transgénico en
territorio nacional.
Reglamentar los derechos constitucionales
a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.
Crear
un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de
alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y
crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto,
almacenaje y comercialización.
Demanda imprescindible es
erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros y
regular la exportación e importación de granos básicos así como cambiar
de fondo la orientación del gasto público rural.
La reforma al
campo deberá garantizar los derechos de los pueblos indígenas y
solucionar los conflictos mineros en favor de las comunidades y hay
quienes están convencidos de que muchas de estas demandas no podrán
avanzar sin renegociar el TLCAN con el fin de cancelar su capítulo
agropecuario.
La UNORCA aprobó en su reunión de coordinadora
nacional realizar plantones y tomas de edificios gubernamentales para
defender estas demandas, y Durán, por separado, coincidió en que “si el
autoritarismo quiere imponerse, pasaremos dignamente a la resistencia y
a la movilización”.
Alfredo Acedo es periodista y director
de comunicaciones de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (UNORCA)
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