PORTADAS:Exigen a consejeros del INE: sometan al PRI-Verde o dimitan /Crece crisis en INE; acusan falta de liderazgo /Atrapan a plagiario ligado a PRI-PVEM /Padres ya buscaron a sus hijos en cuartel de Iguala /La corrupción se come 2% del PIB /Cae inversión extranjera en cinco estados /Una "crisis" llega al INE a 3 meses de la elección /Consejo General del INE alista nombramiento de titular de fiscalización /Sólo 1.5% de los funcionarios que denuncia la Auditoría Superior terminan ante un juez /Les amarran las manos /Si no cambian su conducta, pedirán renuncia de Baños y otros; daño del Verde, irreparable: 7 partidos /La búsqueda de la PGR terminó: padres de los 43; se quedó en su “verdad histórica”, dicen/
Claudio Germán González González, líder del grupo de golpeadores “Los
Claudios”, es procesado por la PGR acusado de participar en plagios de
empresarios.El grupo de choque está vinculado al PVEM y al Delegado en Cuajimalpa, el priísta Adrián Rubalcava.El
detenido es hermano de Héctor González, otro líder del grupo que
trabaja en esa demarcación como Jefe de la Unidad Departamental de
Preservación de Áreas Protegidas. Este funcionario enfrenta un proceso
penal desde noviembre por lesiones y amenazas.Fue acusado por
cirqueros de haberlos golpeado en un mitin frente a la Asamblea
Legislativa cuando protestaba contra la ley que prohíbe el uso de
animales, la cual fue impulsada por el PVEM.Además de esa
agresión, en 2012 y 2013, militantes y líderes del PRD en Cuajimalpa
denunciaron que fueron víctimas de ataques físicos por “Los Claudios”
por órdenes de Rubalcava.El lunes, el director de la Agencia en
Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, confirmó
la captura de Claudio González y de otras dos personas en una casa de
seguridad de la Colonia Molino de Rosas, en la Delegación Álvaro
Obregón.La información de la AIC establece que el 24 de
noviembre de 2014 y el 14 de febrero de 2015, el líder de “Los
Claudios” perpetró dos secuestros de empresarios, cuyo cautiverio fue
en esa vivienda, muy cerca de Cuajimalpa.Claudio González, cuya
situación jurídica se determinará hoy, tramitó un amparo contra la
Procuraduría del DF el 16 de octubre de 2014, un mes antes de
participar en uno de los plagios, con el propósito de no ser detenido,
pero fue desechado.
MILENIO

EXCÉLSIOR


ADNPOLÍTICO

Por
orden del TEPJF, el instituto presentó un nuevo diseño de la papeleta,
apoyado en un dictamen sobre la proporción visual de cada emblema
El dirigente del partido dijo que no llegaron a acuerdos para una alianza con MC y confió en que el PRD lleva la delantera

Los legisladores federales aprobarán este jueves la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción que contempla reformas a 14 artículos
de la Consti... Leer más
Según las versiones de testigos, los policías federales violaron a
cuatro mujeres luego del desalojo de profesores en Acapulco, dijo un
profesor Leer más
ANIMAL POLÍTICO
Desde 1998, sólo siete funcionarios públicos han sido procesados penalmente después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en su gestión.Los registros oficiales indican que desde ese año ha interpuesto 458 denuncias pero sólo 1.5% han sido consignadas y el resto se mantienen “en integración ante el ministerio público”.Además, aunque desde el 2000 ha iniciado más de 12,000 promociones de responsabilidad administrativa “por mala gestión de los servidores públicos”, sólo mil funcionarios han recibido algún tipo de sanción, el 8%.“Actualmente es muy limitado lo que puede hacer la Auditoría y en la
parte de responsabilidades es en donde más débiles estamos. El informe
está muy bien hecho, bien armado, cumple con la normatividad: determina
si los programas se ajustaron a los términos y montos aprobados, el
control de egresos, con auditorías de desempeño, cumple con los
principios de eficacia, eficiencia y economía. Pero, ¿de qué te sirve
tener esos resultados si no puedes tener una sanción negativa contra la
inefectividad o la incompetencia?”, dijo en entrevista Lourdes Morales,
directora de la Red por la Rendición de Cuentas.El informe de la Cuenta Pública que realiza año con año la
Auditoría Superior de la Federación cumple con la función de revisar y
vigilar el cumplimiento de los programas del gobierno federal,
la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de
resultados. Sin embargo, actualmente la capacidad del organismo sólo se
resume en hacer observaciones y recomendar cómo resolver los problemas
que detecta. Si un caso implica denuncia penal, pasa a manos del
ministerio público.
Los restos del profesor Claudio Castillo –quien murió el martes 24 de febrero durante el desalojo de manifestantes realizado por la Policía Federal en Acapulco– fueron
velados la noche de ayer por familiares y cerca de 500 maestros de la
Coordinadora General de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), entre los que se encontraban no sólo compañeros directos del mentor fallecido, sino alumnos suyos también.
En un acto luctuoso marcado más por la indignación y el enojo, ante lo que consideraron un asesinato a manos de la policía,
que por la tristeza misma, los profesores –reunidos en las
instalaciones del ex Instituto de Educación Básica y Normal ubicadas a
un costado de la costera turística de este puerto– recibieron el
féretro del maestro Castillo alrededor de las 22:30 horas, entre un
aplauso atronador que, sin embargo, se mezcló con la rechifla dirigida a la prensa, cuya presencia fue repudiada por todos los presentes,
aunque finalmente permitida como concesión a los familiares del mentor
fallecido, quienes previamente habían dado su autorización para que se
diera cobertura periodística a la vela.Un par de minutos después, la prensa fue expulsada, siempre entre rechiflas.“El profesor Claudio –recordó un maestro presente en el acto, quien
pidió el anonimato– era un luchador social ya desde los años 70, cuando
a mí me dio clases de historia, en la secundaria, pero siempre fue alguien que abogó por las acciones pacíficas,
por no caer en la violencia, ‘siempre hay otros caminos’, decía él, y
es paradójico, y triste, que perdiera la vida en un hecho violento: el
criminal operativo de la Policía Federal, de este martes (24 de
febrero).”–¿Cuál era el motivo de la protesta que fue disuelta por la policía? –se pregunta al profesor.
En 13 años México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia,
monto que supera a lo invertido en otras áreas como salud o ciencia. En
ese periodo, apenas una cuarta parte de los delitos federales y uno de
cada 10 ilícitos del fuero común acabaron con castigo y sentencia.
Del 2001 al 2013, el presupuesto anual que a nivel federal se destinó a la seguridad subió 200%, y el de los estados se incrementó 97%. En total, el dinero desembolsado equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del estudio “Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas” elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
En proporción, los más de dos billones de pesos gastados es lo que
todos los mexicanos pagamos de impuestos en el último año, según las
estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
¿En qué se ha ido todo el dinero? Según el estudio:
*El 17.5% en operativos para perseguir y disuadir delitos.
*El 13.3% en defensa nacional.
*El 11.2% en administrar todas las cárceles.
*El 5.7% en acciones de la Marina para defender la soberanía.
*El 4.6% en gasto administrativo.
REPORTE ÍNDIGO

ARISTEGUI NOTICIAS
El daño producido a la equidad por el Partido Verde es irreparable,
estimaron siete partidos y anunciaron que, si no cambian su conducta,
exigirán la renuncia de los consejeros del bloque filopriista encabezado por el consejero Marco Antonio Baños.Los siete partidos con representación ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) que desde la semana pasada se retiraron de las mesas de
trabajo advirtieron que la impunidad de la que ha gozado el Verde Ecologista ha derivado en un “daño irreparable” a la equidad de la contienda electoral en curso.Frente a ese escenario, los representantes partidistas advirtieron que no tolerarán una autoridad omisa que permanece inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral cometidas por el PVEM.“El Verde y su aliado el PRI han hecho ya un fraude a la ley
que se cuenta en los miles de spots promoviendo al Partido Verde, quien
de facto y como partido, debe ser descalificado de la competencia
política por actos anticipados de campaña”, establecieron los partidos
en un documento de “respuesta” al consejero presidente.Desde la perspectiva de los representantes partidistas, “el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos durante 55 días
y contando; la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el
despliegue de (la) campaña multimillonaria ‘El Verde sí cumple’; el
evidente uso ilegal de los datos personales del padrón electoral que
deriva para promocionar (sic) la misma campaña ‘El Verde sí cumple’,
son todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda
electoral que las y los consejeros Electorales han generado con su
pasividad”.En un mensaje, los siete partidos advirtieron que si las circunstancias no cambian, exigirán la renuncia del bloque filopriista encabezado por Marco Antonio Baños.Los representantes partidistas del PRD, PAN, PT, MC, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social fustigaron en un documento las omisiones y acciones en que ha incurrido ese bloque, amén de que cuestionaron la falta de liderazgo del consejero presidente.“Desde la conformación del INE, advertimos la actuación de un bloque de consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad
que rigen la función electoral para, coordinadamente, favorecer al PRI
y al PVEM. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque
para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la mesa del Consejo
General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses
parciales.
SINEMBARGO
Cinco meses después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Gobierno federal apuesta al olvido y a la desmovilización, mientras que los padres luchan por evitar el “carpetazo” del caso tras la “verdad histórica” emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron los padres de los jóvenes.A través de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres de los familiares de los estudiantes, enviaron un mensaje desesperado e hicieron un llamado a instancias internacionales para presionar al gobierno mexicano: “ya nadie busca a los muchachos”, dijeron.No los busca la PGR ni tampoco las organizaciones de policía comunitaria como la Unión de Pueblo Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes incluso, ya salieron de Iguala, en donde se encontraban desde octubre del año pasado, expuso el representante legal.“Frente a cinco meses de la desaparición, se haya un estancamiento de las investigaciones. La PGR con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda, las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene”, dijo Vidulfo Rosales.El abogado planteó que la versión de la PGR no cuenta con el argumento fundamental para que los padres de los normalistas acepten su hipótesis: las pruebas genéticas de ADN.“No hay prueba genética y no se puede obligar así a los padres a que acepten su verdad histórica”, señaló. “Todo se ha suspendido y necesitamos acudir a todas las instancias internaciones. Hasta ahorita ya fuimos a dos: a la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, añadió.
A la par que los problemas de criminalidad en el país, de los cuales la desaparición forzada de 43 normalistas en Guerrero ha sido la cara más visible, las irregularidades detectadas en la asignación de grandes obras de construcción se han convertido en la otra piedra en el zapato de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.La investigación publicada en noviembre por el equipo de Aristegui Noticias, que reveló que la casa en la que vive la familia presidencial está a nombre de uno de los principales contratistas del Ejecutivo, fue luego retomada por el influyente periódico norteamericano The Wall Street Journal, que encontró que el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, había vendido también una casa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.En combinación, los artículos develaron una red de intercambio de favores –y que data desde que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México– entre los funcionarios de más alto nivel en el país y el empresario ganador de los millonarios contratos para la construcción de obras públicas.Así, desde su periodo como Gobernador, Peña Nieto ha asignado a Hinojosa Cantú contratos como la construcción y operación de un hospital en Zumpango, por siete mil 38 millones de pesos; la construcción del hangar presidencial, por 945.5 millones; y, en 2014, la construcción –en un consorcio de empresas– de un tren rápido de México a Querétaro, por 58 mil 951 millones.
La reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobará en la Cámara de Diputados no contempla sanciones al Presidente de la República en caso de que incurra en actos de corrupción o en faltas administrativas graves como el conflicto de interés.A pesar de que representantes de la sociedad civil propusieron reformar el artículo 108 constitucional para incluir que el titular del Ejecutivo fuera responsable como cualquier servidor público en caso de incurrir en este tipo de ilícitos, este tema no se incluyó en el dictamen que se pondrá a consideración del pleno de los diputados.La propuesta cobraba un interés especial en momentos en que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis de credibilidad, tras el escándalo generado por la adquisición de la “Casa Blanca” de su esposa, Angélica de la Peña, o por el presunto caso de conflicto de interés en que habría incurrido el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.“Debido a todos los escándalos con relación al Ejecutivo, su esposa, al secretario de Hacienda, debería de haber más previsiones para poder considerar al Presidente un servidor público, con las mismas responsabilidades para que se pudiera juzgar al presidente como cualquier servidor público”, afirmó Óscar Arredondo, investigador del Centro de Investigación y Análisis, Fundar, en entrevista para SinEmbargo.El objetivo de la propuesta es que el Presidente tuviera el mismo tratamiento que otros servidores públicos, que serán investigados y juzgados cuando incurra en faltas administrativas graves o incluso en delitos, gracias al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
El Instituto Nacional Electoral (INE) vive un “deterioro institucional” y una falta de liderazgo. Así lo acusaron los representantes y consejeros legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social, Humanista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) ante el árbitro en las elecciones.En el periodo que va entre la primera y segunda sesión ordinarias del Consejo General se han acumulado diversos señalamientos y denuncias por la falta de legalidad e imparcialidad de la autoridad electoral.Primero fueron los reclamos del PRD por las medidas cautelares en relación a sus spots en los que aparecían primero el periodista Joaquín López Dóriga y después el logotipo de Telmex; a eso se sumó el conflicto con la empresa Scytl que haría el sistema de contabilización en línea para fiscalizar las campañas electorales. Se agregaron una serie de acusaciones con motivo de la publicidad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que –de acuerdo diversos actores políticos– viola la legislación electoral y, finalmente, la supuesta conformación de bloque de consejeros del INE que responderían a los intereses de la fuerza en el poder y sus aliados.Esto provocó que siete de los diez partidos que tienen representación en el Consejo General abandonaran la sesión del pasado 18 de febrero y no asistieran a la realizada ayer; además reiteraran la falta de autoridad de Lorenzo Córdova Vianello, como cabeza del INE, y la crisis en la que viven los órganos electorales.
EL UNIVERSAL
La
crisis en el Instituto Nacional Electoral se intensificó ayer luego de
que el bloque opositor conformado por siete partidos políticos cumplió
con no presentarse a la sesión de Consejo General y decidió mantenerse
indefinidamente
fuera de los trabajos, incluidas las comisiones
La
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el
dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que
contempla castigar a particulares y empresas que sean cómplices de
faltas
administrativas graves
La
muerte de un profesor jubilado en Acapulco provocó un choque de
acusaciones entre el magisterio disidente de Guerrero y el gobierno
federal
En
el poblado de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, opera
una gasera clandestina durante las 24 horas del día, sin normas de
regulación y donde por lo menos seis veces han retirado los sellos de
clausura que las autoridades colocaron
Entrevista con Silvano Aureoles Conejo, perredista que hoy deja la presidencia de la Cámara baja
Desde hace 5 meses perdieron a sus padres y hoy han sido olvidados por las autoridades. Se trata de América,
Gabriela, José, Alison, Naomi y otros dos menores, hijos
denormalistas, también víctimas de esta tragedia
La oposición en el Senado rechazó la iniciativa enviada por EPN
Cientos repudian asesinato de estudiante. Maduro denuncia "terrorismo" opositor
El instituto vive "regresión autoritaria", acusan 7 partidos
Mantienen organizaciones políticas rebeldes su ausencia en el consejo
Claudia Herrera Beltrán
Fotoportada
En la puerta de acceso del inmueble de Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez fue colocada una imagen del profesor jubilado Claudio Castillo Peña, quien murió, según autoridades federales, por "traumatismo profundo de tórax", y no en el enfrentamiento entre organizaciones sociales y policías federales la noche del martes, versión que rechaza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero Foto Javier Verdín
Ceteg: fue golpeado por federales durante el desalojo en Acapulco
Los 106 manifestantes detenidos fueron liberados; 13 no aparecen, denuncian
Se ampliaría su margen de acción, puntualizan en el gabinete de seguridad
El consorcio bajo sospecha está afiliado al banco con sede en México
Mandos de HSBC se disculpan por el escándalo fiscal de su filial en Suiza
Rayuela: A poco más de tres meses de las elecciones intermedias, la crisis en el INE no augura nada bueno.
Tienen hasta el 2 de marzo o de lo contrario se les aplicarán multas
El organismo fiscal había propuesto facilidades de pago a los "omisos"
Acusan a la aerolínea de dar información falsa en una oferta pública bursátil
La empresa señala que presentará una defensa "vigorosa" ante la querella
Tres pacientes utilizan las prótesis, que son controladas mentalmente
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Crisis social en España
Policías antimotines irrumpen en Madrid en el hogar de la familia Montoya Vázquez para aplicar una orden de desahucio, por un adeudo de 3 mil euros. Todos los adultos perdieron el empleo y habían habitado el departamento durante 16 años. Activistas antidesalojos bloquearon con muebles la entrada de la vivienda Foto Reuters
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Sólo nos dejan las elecciones como único camino, advierte Artur Mas
Los magistrados dieron la razón a todos los recursos interpuestos por Rajoy
En los hechos, ninguna comunidad autónoma podrá convocar ahora a plebiscito sin permiso de Madrid
Al policía victimario le imputan el cargo de homicidio intencional
Exigen no aplicar fuerza letal contra manifestantes
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