Restringir el acceso a la información es en sí mismo uno de los actos más regresivos de un gobierno.
lasillarota.com
Alfiles
gubernamentales en la Cámara de Senadores están apurando reformas
legales para que los actos de gobierno pasen al letargo del silencio.
Bastará que funcionarios públicos argumenten la existencia de un
peligro para la “seguridad nacional” o a la estabilidad financiera,
económica o monetaria”, para justificar la negativa a entregar
información sobre un tema controvertido.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sufrido los peores embates a su
gobierno porque comunicadores, investigadores y cualquier persona ha
tenido acceso a datos que han dejado en evidencia conflictos de
intereses y hasta actos de corrupción de los mandos de este gobierno y
sus allegados. Por ello hacen lo necesario para anular esta garantía
fundamental a como dé lugar.
El acceso a la información es un derecho humano reconocido en el
artículo sexto constitucional, incluso en Tratados Internacionales y
obliga al Estado, entendido como el conjunto de poderes de la Unión, a
garantizarlo; sin embargo, desde la Presidencia de la República
pretenden socavarlo.
En la mesa de discusión legislativa para reformar la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT) fue presentada
una petición de la oficina de la Presidencia de la República para que
en las reformas sobre esta materia se faculte al gobierno federal vetar
discrecionalmente una solicitud de información pública.
La propuesta permitiría al Ejecutivo federal, a través de su
consejero jurídico, a impugnar las decisiones que llevaran a cabo los
órganos encargados de velar la transparencia de la información.
Bastaría que las autoridades argumentaran que dar a conocer una
información determinada representaría un peligro para la “seguridad
nacional” para ocultarla por años.
No sólo eso, de aprobarse la solicitud presidencial, permitiría
meter “a la reserva” información de carácter económico, financiera o
monetaria con el simple alegato oficial que darla a conocer afectaría
la estabilidad del país (léase de los gobernantes en turno). La
pretensión sería esconder la información derivada de operaciones
mercantiles con empresas transnacionales o grupos financieros
nacionales e internacionales a propósito de las reformas estructurales.
Ello facilitaría, aún más, el incremento de actos de corrupción de los
funcionarios involucrados.
La propuesta de la oficina presidencial incluye además la facultad
gubernamental de oponerse a otorgar todo tipo de información que
resultara de averiguaciones penales en los casos en que el IFAI
determinara que se trata de violaciones graves a derechos humanos.
No está de acuerdo la oficina presidencial que la opinión pública se
entere de hechos en los que ocurren atentados a la vida e integridad de
las personas cometidas por fuerzas gubernamentales. Actualmente el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) está facultado para
resolver de manera autónoma que un hecho afecta derechos humanos
fundamentales o delitos de lesa humanidad y ello hace obligatoria la
entrega de esa información.
Como ejemplo el IFAI acaba de resolver la entrega de información
pública que posee la PGR sobre la investigación (cuestionada nacional e
internacionalmente) sobre el secuestro de los 43 jóvenes normalistas de
Ayotzinapa. Sin embargo, el gobierno se opone a entregarla por la
sospecha de maquinación y falta de sustento científico de la que ha
sido acusada.
La gravedad de la propuesta presidencial anularía, de facto y
legalmente, la autonomía del IFAI al permitir que sea la propia
autoridad investigada, a través del consejero jurídico federal,
oponerse a la entrega de la información; le bastaría manifestar de
manera expresa de que su difusión representa un peligro para la
seguridad nacional para justificar su negativa.
La propuesta pretende sancionar severamente a los funcionarios que
entregaran información considerada por la oficina presidencial como
“reservada” con la destitución, suspensión o inhabilitación de su cargo.
Esta propuesta representa un retroceso indigno al derecho de
información pública que como personas poseemos y no debe ser aprobada
por ningún motivo. Sin embargo, el equipo de legisladores que revisa
esta propuesta en lugar de alertar a la población lo hace en la
clandestinidad oficial.
No permiten, este remedo de legisladores, que la discusión sobre
estas reformas regresivas a la información pública sea abierta a la
sociedad. Para ellos la sola discusión pública sobre el acceso a la
información es un peligro para la estabilidad nacional.
Desde hace tiempo ha sido incómodo para los gobiernos que el derecho
a la información sea obligatoria para todo tipo de autoridades, no sólo
del poder Ejecutivo, Legislativo y hasta el Judicial, sino incluso en
órganos investigadores fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la
Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y hasta organismos
autónomos como el INE, la CNDH, universidades públicas como la UNAM o
la UAM entre otros, pero ya no quieren que siga ocurriendo.
Restringir el acceso a la información es en sí mismo uno de los
actos más regresivos de un gobierno en cualquier sociedad. Sus actos al
derivar de una función pública están limitados al escrutinio social por
lo que no pueden ser motivo de reserva alguna como ambicionan hacerlo.
El pretender restringir el derecho humano a la información pública
es socavar aún más la endeble democracia de este país. No lo permitamos.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario