2/26/2015

Los periodistas pal café . . .


Julio Hernández López Astillero: “El ejército bien que supo”: Astillero
El reportero Juan Pablo Becerra-Acosta publicó este miércoles, en Milenio, fotografías tomadas por personal castrense de un “encuentro” con algunos normalistas de Ayotzinapa en la igualteca clínica Cristina. Los altos mandos militares acantonados en Iguala conocieron al detalle, “minuto a minuto”, lo que sucedió cuando menos en la zona urbana durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y en las primeras horas del día siguiente, con un registro pleno e inequívoco de la comisión de hechos de sangre contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pero, a pesar de las pruebas directas que tuvieron de las lesiones y de la violencia política que estaba sucediendo, se atuvieron a las contestaciones tramposas y evasivas de autoridades municipales y estatales y optaron, según esta versión, por la inmovilidad.
En su texto, el reportero incluye “partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras” de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin precisar, en legítimo ejercicio de su oficio y sin que ello melle la calidad de su trabajo, el origen de tales documentos que podrían provenir de una filtración o de expedientes judiciales o incluso del propio mando castrense, deseoso de puntualizar que el Ejército no tuvo participación en los hechos criminales de esa noche y la madrugada siguiente, e incluso enfatizar el “agradecimiento” de los normalistas contactados en la clínica Cristina (aunque algunos de esos estudiantes se han quejado del maltrato de los militares, de burlas y de impedimentos para su adecuada atención médica).
Al respecto, Becerra Acosta (quien ya había publicado el 26 de enero un adelanto narrativo de lo ahora probado con material oficial) señala que “los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. En la madrugada del 27, el Ejército ya sabía, y en las siguientes horas debería haberlo sabido Enrique Peña Nieto con toda precisión, del ataque masivo contra estudiantes, del fallecimiento de dos de ellos y que Aldo Gutiérrez Solano tenía “ruptura de cráneo por proyectil de arma de fuego. Sigue en coma, con 65 por ciento del cerebro sin actividad”.
La confirmación gráfica y documental de la inacción del Ejército y de la insólita aceptación de las versiones evidentemente mendaces de autoridades municipales y estatales es también la confirmación de la responsabilidad del aparato federal de gobierno, no sólo de la franja castrense sino de otras instancias como la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República que de manera natural debieron estar puntualmente informadas de lo que iba sucediendo en Iguala y nada hicieron para impedirlo y sólo diez días después comenzaron a abordar el asunto formalmente. Ratifican, esos documentos, que el Estado mexicano no fue capaz de impedir la consumación de graves delitos contra estudiantes en un contexto nítidamente político y específicamente de jóvenes opositores al sistema vigente.
Las evidencias de ese estado fallido, que permite o propicia actos criminales, ha generado una irritación social que no ha cesado al interior del país y que ha crecido de manera insólita y diversificada en el extranjero, con opinantes de distinto renombre y especialización que critican y denuncian los horrores mexicanos. El caso de los 43, por lo demás, se suma a una larga acumulación de agravios cometidos desde los poderes institucionales contra los ciudadanos. Esa institucionalidad no da respuesta pronta ni aceptable a los reclamos de grupos organizados y de ciudadanos en particular, y en consonancia con esa inutilidad de la clase política (sumida en escándalos de corrupción, frivolidad y criminalidad) se multiplican y aceleran las protestas públicas, exigiendo respuestas positivas que al no darse alimentan ese círculo de activismo que se manifiesta en calles, plazas, recintos oficiales, aeropuertos y plazas estratégicas federales, cuarteles y actos públicos o privados con relevancia.
En ese contexto se han dado las movilizaciones y protestas de Guerrero, y no en el que sectores conservadores y grupos inducidos pretenden privilegiar, el de una legalidad rota por profesores y activistas movidos por intereses “extraños”, ante lo cual es menester la mano dura para restablecer el “orden”. Enrique Peña Nieto no puede aspirar a que se restablezca la “normalidad” sin que haya claridad y justicia en el caso de los 43, pero tampoco sin que se cumplan exigencias derivadas de reformas administrativas como la enderezada contra maestros para ejercer un control político faccioso en estados donde hay organización y movilización ajenas o contrarias a los planes gubernamentales.
El anunciado uso de la Policía Federal para el desalojo y el amedrentamiento de profesores ya tuvo resultados en Acapulco, con más de un centenar de detenidos, nueve consignados, un número impreciso de heridos y un profesor jubilado muerto. A pesar del asomo de los fantasmas de Oaxaca y Atenco, apenas unas horas después ya estaba organizada la siguiente protesta, aunque luego cediendo en la obstrucción de carreteras que habían ocupado, en un acto de prudencia y madurez. Plena aplicación de la ley, con ésta en la mano, anunciaba en tanto Peña Nieto. Debe comenzar por el caso de los 43, donde probadamente hubo criminal omisión del Estado mexicano.
El pasado domingo fue presentada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la maciza y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez, Mares de cocaína, editada por Grijalbo (documentada bitácora de la mexicanización de buena parte del mundo a través de las vías náuticas). El video de las intervenciones de la autora y de los comentaristas, el experto José Reveles y un tecleador astillado, está disponible en http://bit.ly/1A7FpIo (el rollo del columnero antes mencionado va del minuto 23 al 34). ¡Hasta mañana!

Esto no era siquiera imaginable hasta hace unos meses: un vuelo chárter de Nueva York a La Habana y un ferry de Cayo Hueso (Florida) con el mismo destino. Por supuesto, hace falta que al vuelo chárter se agreguen los servicios de aerolíneas comerciales, como United y Southwest, pero lentamente se van abriendo grietas en el embargo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que hace unos días cumplió más de 50 años. El profesor José Luis Rodríguez, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, fue ministro de Finanzas entre los años 1993 y 1995, y luego de Economía hasta 2009. Es un hombre amable, contador en su origen, economista también y gente cercana a Fidel y Raúl Castro. Conversamos más de una hora en sus oficinas del centro, en una tarde soleada y calurosa. ¿Cómo ve a su país en 10 años más, ahora que las relaciones con Estados Unidos han entrado a un proceso de normalización? Una parte importante se decidirá en los pasillos del poder en Washington. Hay varios dependes: la sucesión al terminar Obama su segundo periodo, la conformación del Congreso, el clima político. Si hay vientos favorables, la economía de Cuba podría crecer 4 por ciento anual. De hecho, ya esperan ese crecimiento para este año. El año anterior fue de 1.2 por ciento, prácticamente igual que el primer año de Peña Nieto. En un cálculo optimista, incluso el crecimiento podría ser mayor, entre 6 y 8 por ciento anual en un tramo largo que llegaría a 2020. Es casi un sueño para un país que sufrió un desplome de 35 por ciento cuando cayó el campo socialista.
Metas, desafíos
Por supuesto, el camino está sembrado de obstáculos. Uno de ellos es la deuda externa. Cuba dejó de pagarla y la está renegociando. Suma 26 mil millones de dólares, alrededor de una tercera parte de su producto interno bruto. Renegoció con el gobierno mexicano: nos debía 400 millones de dólares, recibió una quita de 70 por ciento y el resto fue calendarizado a 10 años. El gobierno isleño está negociando que, a medida que paga sus deudas, vuelva a abrirse el crédito internacional. Ahora tiene calificaciones lamentables. Otro paso para salir del agujero es promover la inversión extranjera. ¿Y cómo vacunarse contra los excesos? Hay campos que están reservados ciento por ciento a la inversión nacional: telecomunicaciones, recursos naturales, turismo y comercio. A pesar de recientes reformas, la inversión del Estado es de 51 por ciento en las empresas.
El petróleo
Cuba consume 8 millones y medio de toneladas de petróleo cada año. La gasolina es muy cara, si tomamos en cuenta el nivel de ingresos de los consumidores. Alrededor de la mitad del petróleo lo recibe de Venezuela y lo paga no con dinero, sino con servicios, principalmente médicos. El resto es producción propia. Dada la situación política y social venezolana, y la muerte del presidente Chávez, el panorama es preocupante. ¿Y tiene Cuba algún depósito de importancia? Se ha asociado con compañías internacionales –Exxon, entre otras– para hacer tareas de exploración. Hasta ahora sin resultados. Comparte con México y Estados Unidos las reservas probables del Golfo de México. El desplome del precio del petróleo no es buena noticia para el país, a partir de que las petroleras están disminuyendo sus inversiones. En fin, vamo a ver, como dicen aquí. Mañana viernes habrá un suceso importante: podrían anunciar los gobiernos de Estados Unidos y Cuba en Washington la reapertura de sus respectivas embajadas, un paso simbólico en el camino de la normalización.
El Festival del Habano
Esta semana Cuba es nuevamente sede del Festival del Habano, que cada año congrega a los aficionados de muchas partes del mundo. Sobresale la participación de las mujeres. Marcas como Romeo y Julieta, y Montecristo, ocupan el primer plano. En la edición pasada asistieron más de mil 300 participantes de cerca de 60 países junto a 250 periodistas y camarógrafos procedentes de 142 medios de prensa de más de 30 naciones. Cuba espera que cuando afloje más el rigor del embargo será posible incrementar la exportación, incluso a Estados Unidos.
Obama para el gasoducto
Hasta el presidente Obama está resultando más nacionalista que Peña Nieto. Vetó un proyecto de ley por el cual el Congreso autorizó la semana pasada la construcción del oleoducto Keystone XL. Los republicanos promovían el proyecto. La empresa TransCanada propuso en 2005 la construcción del oleoducto para transportar crudo pesado desde la provincia de Alberta, en Canadá, hasta refinerías del Golfo de México, ubicadas en Luisiana y Texas. Obama dijo que había razones de seguridad nacional y ecología para no permitirlo. ¡Y aquí entregaron petróleo, gas y electricidad!

En este México mágico mientras la Secretaría de Desarrollo Social extravió más de 396 millones de pesos que, oficialmente, destinarían a la adquisición de paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el número de mexicanos sin capacidad económica para adquirir la canasta alimentaria no deja de aumentar.
Resulta que la Auditoría Superior de la Federación documentó que se desconoce el destino de 396 millones 838 mil pesos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre para comprar 31 millones de artículos como paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras. Las empresas a las que presuntamente fueron adquiridos no existen. Los objetos no llegaron a las delegaciones estatales de la dependencia, e incluso el director del almacén general de la Sedesol desconocía su existencia. La ASF presume daño al erario, dado que no hay evidencia de la adquisición, distribución y entrega de los bienes a 400 municipios. Hay actos y omisiones de servidores públicos que no supervisaron, verificaron ni validaron los trabajos, agrega en el informe general de la cuenta pública 2013 (La Jornada, Angélica Enciso).
De entrada, es envidiable la creativa estrategia gubernamental para erradicar el hambre con gorros, playeras, globos y demás aditamentos. Por ejemplo, los hambrientos engullen el globo y posteriormente lo inflan hasta alcanzar la sensación de saciedad (la playera y el gorro son para identificarlos en el aire, y los mecates para anclarlos a la tierra). No cabe duda que sólo a Rosario y sus genios se les pudo ocurrir tan brillante acción chanchullera, con cargo al erario.
Pero más allá de que la adquisición de estos bienes no corresponde a los fines que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada, que son lograr cero hambre mediante la alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación (ASF dixit), lo dramático es que el Coneval recién publicó su informe trimestral (correspondiente al cierre de 2014) sobre el creciente número de mexicanos que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral que obtienen.
Se trata del índice de tendencia laboral de la pobreza (ITLP), que en diciembre del año pasado alcanzó un nivel histórico, algo por demás comprensible si se atienden los resultados de las políticas económica, laboral y salarial, más la supuesta estrategia de la Sedesol de extraviar recursos. En castellano simple, el hambre en el país es como la humedad.
En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierte que el contante avance del ITLP es producto de la precarización del mercado laboral en México. El aumento anual de 3.7 por ciento registrado durante el cuarto trimestre de 2014 fue la consecuencia de uno de los resultados exhibidos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): reducción del empleo que paga bien y aumento de los que pagan poco: una caída en la ocupación de un millón 64 mil puestos para quienes ganan más de tres salarios mínimos y la creación de poco menos de un millón de fuentes de ingreso para quienes perciben entre uno y tres salarios mínimos.
Si a ello se añade que en la Sedesol, más allá de que les fascina extraviar recursos del erario, canalizan los dineros oficialmente asignados a combatir el hambre no a la compra de alimentos, sino a la adquisición de paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos, gorras y conexos, entonces los mexicanos hambrientos simple y sencillamente están fritos, y las arcas públicas condenadas al saqueo permanente.
El IDIC señala que el ITLP confirma la debilidad del mercado interno y éste pierde capacidad de consumo cuando la masa salarial disminuye, una restricción presente en la economía mexicana. La evidencia es contundente: de acuerdo con el citado indicador el Coneval, entre el primer trimestre de 2005 y el cuarto de 2014 el indicador se ha incrementado en 37 por ciento a nivel nacional. Si bien lo anterior es preocupante, debe resaltarse que el avance de la precarización afecta a algunas de las entidades federativas que tienen la mayor relevancia económica a nivel nacional, lo que permite entender que el problema se ha acentuado en las ciudades.
El desequilibrio se elevó significativamente en 2008, cuando el preámbulo de la crisis económica comenzó a afectar al mercado laboral de las grandes ciudades. La contracción del PIB en 2009 dejó una inercia de precarización que se asoció con los problemas estructurales de la economía nacional, pues no sólo se trataba de la insuficiente generación de empleo, particularmente en la zona rural, sino que la debilidad se había trasladado a las urbes, aún a las que cuentan con el mayor acervo de infraestructura y capital humano. Así, el crecimiento económico contabilizado a partir de 2010 no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia al alza del ITLP, tampoco la reforma laboral.

Si (el presidente) es Peña Nieto va a tener que tener más ayuda que un barco que se hunde. El gobierno va a ser muy difícil porque los problemas del país se acumulan y el señor Peña Nieto y la gente del PRI en general no tienen respuestas convincentes para los problemas actuales del país, le dijo Carlos Fuentes, poco antes de su fallecimiento, a Carmen Aristegui en CNN (http://is.gd/zN0ERS).
Hoy las manifiestas incapacidades presidenciales se han vuelto la expresión más aguda de la imposibilidad del régimen para imaginar y construir una salida del pantano en que se encuentra. Ya en 2012, cuando Fuentes hablaba con voz de profeta, la impresentable candidatura del mexiquense exhibía el agotamiento. Hoy, desde el gobierno, el grupo del poder lleva a las instituciones de claudicación en claudicación, salvo en lo que se refiere a las potestades represivas, aplicadas de manera feroz e ilegal contra cualquier sector que pretenda crear organización social autónoma.

Pemex, por ejemplo, viene sufriendo desde hace años el robo sistemático de combustibles de sus ductos. No se trata de ladronzuelos furtivos armados con un taladro y unas cubetas, sino de grupos dotados de tecnología, personal y conocimientos, que operan 3 mil 60 tomas clandestinas y que venden lo hurtado en el mercado regular de hidrocarburos en Estados Unidos y a consorcios gasolineros mexicanos. Faltaba la confirmación de que esa actividad delictiva de réditos multimillonarios no podría realizarse sin la colaboración de la cúpula charra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como lo señalaron la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, formados por disidentes del sindicato oficialista (http://is.gd/aCkxe6). Una vez que Peña fue informado del asunto, no se optó por investigar el dato, sino que una semana más tarde se anunció que, para impedir los robos, Pemex abandonaría la tarea de transportar gasolinas a través de sus ductos (http://is.gd/gTgU02). O sea que en vez de aplicar las leyes para impedir el robo, como era su obligación, Peña retrocedió ante la delincuencia organizada que forma parte de su propio grupo de poder, sabrá Dios a qué costo económico, pero a un costo moral incalculable. La decisión es tan grotesca como si el gobierno, ante una ola de asaltos en las calles, decidiera cerrarlas al tránsito en lugar de perseguir y capturar a los ladrones. 


Un día después del enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en Acapulco, el subsecretario de Protección Civil de esa entidad, Raúl Milani Sabido, confirmó la muerte del profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años, quien no podía caminar a causa de la poliomielitis que padecía, y quien, al momento de su muerte, estaba a bordo de una camioneta desde la que operaba un equipo de audio.

Demandan aclarar el desalojo de maestros en Acapulco
Una vez más, la violencia y la provocación priísta salen a relucir. En esta ocasión, los maestros de Guerrero fueron desalojados del plantón que sostenían en las inmediaciones del aeropuerto de Acapulco, gracias a la embestida de un misterioso autobús, que golpeó fundamentalmente a las maestras que servían de dique de contención a las fuerzas federales. Falleció el maestro Claudio Castillo Peña a consecuencia de la brutalidad policiaca y 112 compañeros profesores fueron detenidos. ¿Hasta dónde va a llegar la estulticia de este Estado? Los integrantes del Colectivo de Profesores de la Sexta exigimos justicia y castigo a los culpables y la inmediata libertad de nuestros compañeros detenidos.

Cada día son más evidentes los procesos de despojo en las comunidades indígenas de México. En Chiapas desde el año 2007, en el sexenio anterior, fue lanzado un proyecto agrícola denominado irónicamente Programa de Maíz Solidario (actualmente Programa de Maíz Sustentable, PMS), que estaba basado en la entrega de semillas híbridas y de agroquímicos para las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. El programa amenazaba la reproducción y conservación de la rica biodiversidad de maíces nativos derivada de los saberes y conocimientos colectivos de los campesinos y campesinas, por lo que obtuvo una fuerte respuesta social y académica ante la falta de componentes sustentables y ecológicos. A partir del año 2011, el PMS se ajustó a una estrategia agrícola federal implementada por el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO-Sagarpa. El resultado fue que el PESA cooptó a través de financiamientos a las organizaciones y asociaciones que trabajaban con los campesinos para transformarlas en agencias coordinadas bajo un modelo de atención estándar para el desarrollo.

Hace poco menos de un año comparecí ante el distinguido jurado que se encargó de seleccionar, entre un conjunto de aspirantes previamente depurado, a los finalistas del proceso de designación del consejero presidente y de los primeros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Afirmé, con base en un ensayo ad hoc, que el mayor déficit remanente del extendido proceso de construcción institucional de la democracia electoral en México era la amplia y persistente falta de credibilidad de las actuaciones y decisiones de la autoridad electoral. Señalé que ésta se refería, principal pero no únicamente, a los resultados proclamados de los comicios. Hablé, en consecuencia, de la prioridad que debía otorgarse a eliminar tan notoria insuficiencia de verosimilitud. Sugerí la conveniencia de adicionar la credibilidad como un séptimo principio rector del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, con igual rango a los seis ya enumerados en la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Aún más, sostuve que concentrar la labor del INE en tornar verosímil el conjunto de su desempeño sería la mejor manera de contribuir a la consolidación definitiva de la democracia electoral mexicana. Propuse, como criterio para apreciar las acciones del INE, considerar positivas a las que abonasen a su credibilidad –como dar cuenta cabal del alcance y contenido de sus deliberaciones, más allá de las que por ley han de ser públicas–, y negativas a las que la demeritasen –como el tono de elogio en boca propia y la tonada paternalista de algunos de los comerciales que actualmente difunde–. Menciono sólo dos ejemplos, hay muchos más, en un sentido y en el otro. Es claro que, a la vuelta de 12 meses, lo que se percibía como un déficit se ha convertido en un ancho y profundísimo abismo de credibilidad.

Se nos olvida, pero en los años 40 todavía se decía que estar en la oposición significaba ser de derecha. La Revolución había llegado al poder en 1920, y desde entonces se había afianzado en ese potro con fuerza. No lo quiso soltar más. Uno de sus argumentos más socorridos era que no podían cederlo porque hacerlo era dejarlo en manos de la derecha y ésta destruiría todo lo que ellos habían hecho. Tomada esta decisión, la élite en el poder desarrolló un imaginativo repertorio de estrategias para excluir a la oposición –fuera o no de derecha– del poder, desde robarles las elecciones hasta conducirlos al mundo despolitizado del desarrollo estabilizador y, desde luego, condenarlos al anonimato para dejar caer sobre ellos un tupido velo de olvido. La obra fotográfica de Tomás Montero Torres, que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es el testimonio de un miembro de esa oposición que, gracias a su cámara Leica, pudo escapar al olvido al que había sido condenado por el poder. Gracias a Montero también podemos rescatar las imágenes de un país que muchos quisieran que olvidáramos.

Ocupados como se encuentran en recoger los muertos que va dejando la violencia en el país, llorarlos y exigir que se castigue a los responsables de que perdieran la vida, muchos mexicanos no parecen darse cuenta de que el despojo contra el país por parte de las empresas privadas, con la complicidad del gobierno, avanza a pasos agigantados. Ejemplos de ello hay por todo el territorio mexicano. El 21 de febrero los habitantes de San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, estado de Puebla, denunciaron la presencia de elementos policiacos y militares en la entrada de su comunidad, resguardando la maquinaria para la construcción del Gasoducto Morelos, al que ellos se oponen. Dos días después la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que en la segunda quincena de ese mes, trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la empresa PIM Transoceánica están incursionando en tierras de sus comunidades con propósitos similares.

Conocí a Rossana Rossanda a comienzos de los años 70, ya bien entrado el sexenio de Echeverría. Había venido a México para intervenir en el Coloquio de Invierno que todos los años, a través de la Facultad de Ciencias Políticas, organizaba la UNAM, como estímulo al debate de ideas en un ambiente de libertad y tolerancia. Los temas eran muy diversos, actuales; los invitados elegidos por su prestigio daban cuenta de la pluralidad ideológica del mundo contemporáneo. Gratuitas y abiertas a todos los públicos, dichas jornadas dejaron su impronta en la formación cultural de varias generaciones. Aquel año, junto con Rossana arribaron Fernando Claudín y Lucho Magri, cuyas voces disidentes ya anunciaban la crisis y el colapso del socialismo soviético. Los acompañaba K. S. Karol, periodista crítico, temido y admirado por crónicas como Los guerrilleros al poder o China: el otro comunismo y sus artículos sobre la actualidad del socialismo real. Convenimos en conversar (los redactores de Punto Crítico) después de la mesa redonda en Ciudad Universitaria.

Los procesos electorales en los que elegimos a quienes nos representarán en las diferentes instancias legislativas sirven, además, para que los electores expresen su valoración del gobierno y de la gestión de los legisladores. Es momento oportuno para realizar una evaluación de la congruencia entre la práctica política de quienes fueron electos en relación con los postulados que sostiene el partido que los hizo candidatos. La selección de candidatos y el sentido de las campañas dan cuenta de lo que piensan los partidos sobre las expectativas y opiniones de los votantes.

El plan golpista denominado Operación Jericó, que incluía ataques armados y el bombardeo aéreo de varios puntos estratégicos de Caracas, fue abortado por los órganos de seguridad bolivarianos los días 11 y 12 de febrero pasados. Los principales implicados fueron detenidos, entre ellos militares retirados y en activo. Sus declaraciones y la investigación de los hechos condujeron días después al arresto y encausamiento de Manuel Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas.
El pasado 15 de febrero (cincuentenario de su muerte) pude escuchar en las diferentes estaciones de la radio francesa la voz inolvidable de Nat King Cole.

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