Organizaciones civiles y académicos exigen al Senado cambiar aspectos del texto que consideran regresivos para el acceso a la información
adnpolitico
Un grupo de 303 organizaciones civiles y 163
expertos expresó su "preocupación" por la iniciativa de ley de
transparencia que discute el Senado mexicano, bajo el argumento de que
contiene aspectos regresivos para el acceso a la información.
En un pronunciamiento publicado este martes, las agrupaciones y los
especialistas exigen a los senadores cambiar esos puntos antes de
aprobar la legislación, que debe reglamentar la reforma constitucional
promulgada en febrero de 2014.
Algunas de las modificaciones que demandan son eliminar la
posibilidad de que se sancione a funcionarios que transparenten
información que pueda causar "daño" a una institución gubernamental,
así como permitir que la información relacionada con violaciones graves
a los derechos humanos sea haga pública.
Otro cambio que exigen es precisar en qué casos se podrá reservar
cierta información por razones de seguridad nacional o estabilidad
económica, pues consideran que no hacerlo abriría la puerta a que las
instituciones reserven documentos con discrecionalidad.
"Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y
seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la
posibilidad de reservar una multitud de información", señala el
pronunciamiento titulado "Ocho preocupaciones fundamentales de la Ley General de Transparencia".
"Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de
reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier
tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos
políticos y sociales en el país impactan directamente en las
fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero", agrega el
texto.
Los firmantes, por otra parte, demandan que la ley establezca
claramente la obligación de las instituciones de transparentar la
información sobre las actividades del sector energético, y sobre las
personas a quienes se les perdonan créditos fiscales (adeudos de
impuestos), y que se limiten las ocasiones en que el consejero jurídico
de la Presidencia de la República pueda impugnar resoluciones del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
"Algunas modificaciones al artículo 190 establecen que el consejero
jurídico podría —a petición de cualquier sujeto obligado
independientemente de si es del Ejecutivo o no— recurrir las
resoluciones del IFAI ante la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la
Nación) y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se
les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad
nacional. Esta sería una falta injustificada y desproporcional que
implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información",
argumentan.
Este pronunciamiento se da a conocer mientras los senadores buscan
llegar a acuerdos sobre la iniciativa de ley, que debía haberse
aprobado a más tardar el 7 de febrero. El texto coincide con opiniones que el IFAI hizo públicas la semana pasada.
Algunas de las organizaciones firmantes son Artículo 19, Fundar, el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, así
como los siete comisionados del IFAI y los académicos Sergio Aguayo,
Alberto Aziz Nassif, Javier Esteinou, Fátima Fernández Christlieb y
Gabriel Sosa Plata.
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