Julio Hernández López: Astillero
Tentativamente, cualquier intención revolucionaria de calendario (1810-1910-2010) ha de buscarse mejor fecha, pues el científico secretario calderónico de hacienda, Agustín C2 (Carstens, al doble), ha anunciado que para el sugerente año en puerta se tiene considerada la posibilidad de que la economía mexicana entre en un proceso de franca recuperación”, epopeya ésta que no se logró en este 2009 nomás porque se atravesó la epidemia de todos conocida, que si no...
Las optimistas predicciones del beisbolista de ocasión, que también es médico en economía (convirtió la crisis mundial en catarrito local), habían sido compartidas un día antes por otro funcionario estelar, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien también habló con gran esperanza de 2010. Lo malo de los alborozos oficiales es que tras ellos asoma la siniestra intención de sustentar esas hipotéticas recuperaciones y epopeyas económicas en el nada original recurso de crear o aumentar impuestos (en concreto: IVA a medicinas y alimentos). El discurso superheroico del comandante Calderón ya está tratando de crear las condiciones para otro golpe autoritario “por el bien de la nación”, con la cantaleta de que la crisis económica requiere decisiones firmes, enérgicas, valientes, como las que supuestamente tomó el ocupante de Los Pinos para enfrentar la epidemia de influenza. Otro prócer globalizado, Ernesto Zedillo, empuja al panismo empoderado a tomar medidas difíciles, impopulares, pero absolutamente necesarias. ¡No te rajes, Felipe!
En lo político-electoral las cosas siguen más o menos igual de alicaídas, mediáticamente sostenidas por las declaraciones provocativas de Germán Martínez, que sigue picando la cresta de los gallos viejos de tres colores, sobre todo en relación con el episodio De la Madrid-Salinas o que, en relación con Amalia García, la “anima” a seguir colaborando con el calderonismo en la “guerra” contra el narcotráfico. En otro escenario, Chucho Ortega se asoma a los espacios periodísticos mediante un cuidado proceso de tibias amenazas hacia la postura tripartidista de López Obrador, el predicador múltiple que reparte sus dones electorales entre el PT y Convergencia, por un lado, y, por otro, una selección del PRD que por tanto se dice parcialmente ofendido, en vía de despecho proporcional, aunque el tabasqueño trata de defenderse argumentando que no es pecado ser perredista y convocar a que se vote por distintos partidos. Otro tema supremo de disquisición filosófico-político es el uso de corbata por parte de un personaje del estado de México que es tan limpio e intachable que en todo caso la única acusación que puede hacérsele es la de perseverar en el lucimiento de reservorios patógenos de seda al cuello, como si no tuviera el lastre histórico del montielismo y sus propios expedientes oscuros tanto familiares como económicos. Y el gran Manlio Fabio que teje una coartada “de sacrificio” a los ex presidentes que chapotean en el lodo institucional pasado, Carlito de Gortari y Mike Delaeme: ya no hablen más, no den entrevistas ni digan nada... por el bien del partido cada vez más partido.
Astillas
Desde Puebla, Luisa González Millán dice encontrar cada vez con más frecuencia en esta columna un tono “de amargura, de venganza, de crítica atroz en contra de muchos que de alguna u otra manera ‘se decían de izquierda’”. El tecleador “a veces” le parece “un panista amargado con la vida”, y le reprocha que “lejos de ‘incentivar’ la participación social para un cambio verdadero (no me refiero a la manipulación de que todo está bien) sino más bien a plantear que existen alternativas (varias) en las que podemos hacer algo y participar, pues ni todos son tan malos ni todos son unos santos (...) tenemos que reflexionar y analizar más nuestra situación actual y dejar de seguir creando fanatismos de todos lados; eso no es bueno para nadie, tenemos que ser más analíticos y menos fanáticos”...
Víctor del Real comenta: “En Zacatecas, la política es un espacio de la oscuridad: fugas de reos, corrupción, tráfico de influencias, componendas, inseguridad, dimes y diretes. Pero la parte más negra del problema tiene que ver con que, hasta la fecha, no hay planteamientos acerca de las diferencias de fondo entre Amalia y Ricardo, más allá de la gélida lucha por el poder. Se desconoce cuál es su ideario, cuáles sus referencias para construir un entramado político. No se entiende nada acerca de su verdadera ideología, porque ambos son miembros de la izquierda realmente inexistente. Se carece de datos que pongan en claro cuál es su ideal de proyecto estatal. En síntesis, se desarrolla un enfrentamiento entre dos criaturas en frontera con la locura, ahítas de poder, dispuestas a todo por el sueño adolescente de arribar a toda costa, mientras la región prosigue en su decadencia. Ninguno de los dos es verdadera alternativa en un estado que demanda soluciones de fondo. Ricardo no pudo, en su momento, con este precario pastel. Ni tuvo idea. ¿Amalia?, menos, es un cero a la izquierda con su barroca nulidad. Así es que, mejor que ya se alivianen. Take it easy. Hasta ahora, sus debrayes sólo han servido para agusanar el ambiente. Parecen chivas en cristalería. Mejor sería un pronto arreglo, para que esto no empiece a heder”...
López Obrador dijo ayer en Jalisco que con treinta diputados federales que defiendan las posturas del movimiento cívico que él encabeza se podrán frenar los intentos de PAN y PRI de seguir dañando a las mayorías del país. La mafia política cree que en la próxima conformación de San Lázaro tendrá “manga ancha” para sus proyectos, señaló el tabasqueño, pero “no nos vamos a dejar”...
Y, mientras continúa la barbarie en los centros penitenciarios del país, con una sociedad que a ése como a otros espectáculos cotidianos de horror asiste impasible, ¡hasta mañana, en esta columna que no olvida el episodio de intento de soborno electoral en Campeche de los Mouriño a cargo del impune director, con tramposa licencia, de la Lotería Nacional!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Si comentas con ellos lo mal que les ha ido económicamente con Felipe Calderón, tal vez por orgullo no desprovisto de fanatismo dirán que con López Obrador les hubiera ido peor. Se trata de Gastón Azcárraga, principal accionista de Mexicana de Aviación, y José Luis Barraza, quien figura como cabeza de Aeroméxico. Ambos tuvieron un papel protagónico en la campaña de terror que precedió a las elecciones de 2006, fueron premiados –en distintos tiempos– con la propiedad de las aerolíneas. Se suponía que iban a conducirlas a una etapa de florecimiento, en manos del gobierno habían perdido dinero. Sin embargo, poco después de que las tomaron a su cargo comenzaron a presionar a los empleados –pilotos, azafatas y personal de tierra– para que renunciaran a los ingresos y las prestaciones que habían ganado en los años anteriores. Con el apoyo del secretario del Chinogate, Javier Lozano, lo han venido consiguiendo. No les ha parecido suficiente y ahora preparan otra embestida con motivo de la crisis del turismo. Desde antes que surgiera el hoy desinflado fantasma de la epidemia, ya había problemas: Estados Unidos, Canadá y Europa alertaban a sus ciudadanos para que tuvieran precauciones si visitaban nuestro país, podían ser víctimas de un secuestro, un asalto y hasta perder la vida. El episodio de la influenza, tan mal manejado por el gobierno calderonista –primero ocultó información, luego tuvo una reacción desmesurada, cerrando todo lo que pudo–, infartó a la llamada industria sin chimeneas. Volviendo al tema original, hay noticias inquietantes en las dos grandes líneas aéreas. Por ejemplo, al personal de confianza de Aeroméxico le vienen descontando cuatro días de sueldo cada mes. La lumbre está llegando a los pilotos. Mañana tendrán una reunión para conocer las nuevas exigencias de los empresarios panistas: pretenden bajarles el sueldo y restarles más prestaciones. Al paso que van querrán que los aviones vuelen con el piloto automático.
Huele a venganza
Nadie opondrá objeción fundada a la decisión de Felipe Calderón de comercializar la red de telecomunicaciones de la CFE, alienta la competencia frente el grupo Slim. Podrá ser aprovechada por otras compañías para la transmisión de voz, datos y video, aunque no debemos ilusionarnos con que bajen las tarifas. Es algo que había sido anunciado desde hace años pero venía obstruyendo Alfredo Elías Ayub, tal vez porque su hermano Arturo es yerno de Carlos Slim. Sin embargo, tiene sus bemoles. Afecta a un monopolio pero beneficia a otro, el de Televisa. Y la decisión se toma semanas después de que Slim visionariamente anunció la catástrofe que ya llegó y le hizo ampollas al panismo. Hay un cierto tufillo de venganza. La cuestión es que Calderón ya se echó en brazos de Azcárraga y Roberto Hernández. Slim está levantando dinero en Asia y Europa preparándose para una larga batalla. Y además fortaleciendo su posición en The New York Times.
Las tarjetas
El poderoso lobby financiero de Estados Unidos torció el brazo a los líderes del Senado que finalmente aprobó un paquete legislativo sobre tarjetas de crédito sin topes a las tasas de interés y las comisiones. Actuaron igual que los legisladores mexicanos. Eso sí, contiene restricciones muy importantes que beneficiarán a los consumidores. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde todavía habrá un forcejeo. Y aún quedaría una tercera instancia que podría ir más allá a favor de los clientes: el presidente Obama. Tiene la facultad de vetar el proyecto y regresarlo al Congreso.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Intecedentes. La piratería ha constituido una especialidad británica y probablemente ello se deba a la calidad de archipiélago del “Reino Unido de Gran Bretaña” (que incluye a Irlanda del Norte), a su exigüidad territorial (ligeramente menor que Chihuahua: 241 mil 590 kilómetros cuadrados) y poblacional (61 millones de habitantes), y a su vocación aventurera en búsqueda de la gloria y el dominio mundial.
Desde los piratas británicos que asolaron los mares y a la “invencible (sic) armada española” en el siglo XVI, hasta los “paraísos fiscales” y la “contabilidad invisible” de la desregulada globalización financiera (de la que la City representa la capital mundial), la piratería en todos sus géneros representa la conducta histórica recidivista del alma británica.
De allí que nos hayamos atrevido a formular, específicamente en dos entrevistas tanto con Carmen Aristegui como con Mario González, los muy solventes conductores de CNN en Español, la hipótesis de que “los piratas somalíes sabían demasiada geopolítica” y que detrás de sus operativos se encontraba tanto el sabotaje al transporte del petróleo en el estrecho de Bab Al-Mandab (“La Puerta de las Lágrimas”), en el golfo de Adén, como a la guerra geoeconómica del eje anglosajón en contra del RIC (Rusia, India y China) y algunas potencias europeas rebeldes (v. gr. Francia, Alemania y España), lo cual desarrollamos en otra entrevista con Nydia Egremy, la muy capaz periodista de la revista Contralínea y Réseau Voltaire (voltairenet.org, 5/5/09).
Hechos. Giles Tremiet, del periódico británico The Guardian (11/5/09), rotativo cercano al partido gobernante neolaborista, afirma que “los piratas somalíes que atacan el transporte marítimo en el golfo de Adén y el océano Índico son dirigidos en sus objetivos por un equipo consultivo en Londres, de acuerdo con un documento de la inteligencia militar europea (¡súper-sic!) obtenido por una radio española” (Cadena SER Radio).
Giles Tremiet comenta que el reporte de inteligencia fue elaborado para servir a los navíos europeos. ¿Le habrán proporcionado una copia al gobierno británico, que ha permanecido incólume al respecto?
Según el impactante documento, “los piratas somalíes son guiados por un equipo de inteligencia desde Londres” y ambas entidades “permanecen en contacto a través de teléfono satelital”. Cabe agregar que en el incandescente e indecente cuerno de África, en particular en Somalia –catalogada por la prensa anglosajona como un “Estado fallido”, en competencia con el régimen calderonista panista en México– , se aplican las tarifas de telefonía celular más baratas del mundo.
Los “consultores” radicados en Londres “ayudan (sic) a los piratas a seleccionar sus objetivos, y los proveen de la información sobre la carga y el trayecto de los barcos” mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Los “grupos (sic) piratas” tienen “informantes muy bien colocados (¡súper-sic!) en Londres”, quienes “están en contacto regular con los centros de control en Somalia donde se decide cuáles buques serán atacados”.
¿Estarán “colocados” en el gobierno británico tales “informantes” de alcurnia? ¿Forman parte de un cuerpo paralelo a los servicios especiales de espionaje británico?
Cabe recordar que muchos de los grupos jihadistas islámicos que desestabilizan puntualmente a las poblaciones mahometanas del RIC (Rusia, India y China), así como al “Gran Medio Oriente”, gozan de la obscena protección del gobierno británico (sea conservador, sea neolaborista), a grado tal que la capital londinense se ha ganado a pulso el mote de Londonistán (título de un libro de la periodista británica Melanie Phillips).
Vivimos la era del conocimiento y la información: “La red de información de los piratas se extiende a Yemen, Dubai y el Canal de Suez”. Resulta y resalta que la sagrada información –donde seguramente están coludidas las organizaciones marítimas internacionales controladas por el eje anglosajón– sobre los barcos mercantes que navegan desde el mar Mediterráneo, pasando por el Canal de Suez, el golfo de Adén, el golfo Pérsico y el océano Índico, hasta el estrecho de Malaca (entre Malasia e Indonesia), fluye milagrosamente a las manos de los analfabetas piratas somalíes: “en cada caso los piratas tenían pleno conocimiento del barco mercante, su carga, nacionalidad (¡súper-sic!) y trayecto”.
Ahora sí que los genios de la perfidia y la geopolítica cayeron en su propio juego: “la bandera nacional de un barco es también tomada en cuenta (¡pues sí!) cuando se selecciona un objetivo, y los buques británicos son cada vez más evitados”. No comments.
A nuestro juicio, existe toda una “geopolítica de la piratería”, y llama poderosamente la atención que ciertos países claves en el transporte de petróleo desde Bab Al-Mandab (en el golfo de Adén), donde al parecer atraviesan 3 millones de barriles al día (prácticamente la producción del “México neoliberal”, otro “Estado fallido”) hasta el estrecho de Malaca, se hayan vuelto blancos idóneos de la desestabilización anglosajona.
La geopolítica de la piratería va más allá del “Estado fallido” de Somalia, al afectar e infectar a su entorno periférico y regional, donde cada país citado evoca disturbios y perturbaciones distintivos que se aglutinan exquisitamente en el cuello de botella somalí en Bab Al-Mandab: del lado occidental, Kenia, Etiopía, Yibutí (donde Francia y Estados Unidos mantienen importantes bases militares) y Eritrea, que por tropismo y necesidad alcanzan a Sudán (cuya región de Darfur, colindante con Chad, es inmensamente pletórica en petróleo); del lado oriental, Yemen (que empieza a sufrir los embates de la balcanización, como había adelantado la londinense Chatam House) y Arabia Saudita.
Conclusión. Era muy improbable que unos ex pescadores y ex guerrilleros somalíes, excesivamente rupestres, ostenten tanta sofisticación tecnológica y logística, que requiere de un cerebro de mando muy elaborado que pocas capitales en el mundo poseen como Londres.
Cabe recordar la definición operativa del “Gran Medio Oriente” de los geoestrategas israelíes, que va en línea vertical del cuerno de África (que incluye Somalia y la zona operativa de los piratas) hasta el Cáucaso, y en línea horizontal desde Marruecos hasta Cachemira. Todo lo que suceda con la exploración, producción y transporte del petróleo y el gas en esa vasta extensión territorial afecta invariablemente la geopolítica y geoeconomía de sus países integrantes y aledaños, a fortiori, los ilustrados operativos de los piratas somalíes que el eje anglosajón, bajo el sabio apotegma neoliberal del “laisser-faire, laisser passer” (“dejar hacer, dejar pasar”), ha tolerado extrañamente contra su costumbre bélica cuando no permite ni el vuelo de una mosca que afecte sus intereses, en particular los petroleros.
Una vez más el “Reino Unido de Gran Bretaña” ha sido descubierto en su legendaria perfidia al pasar de la “negligencia benigna” a su “complicidad maligna” con los piratas somalíes. ¿Contará con la tácita aprobación de Estados Unidos?
Carlos Fernández-Vega: México SA
Toma velocidad el debate” en torno a la urgencia de una reforma fiscal, dado el raquitismo recaudatorio que reporta el país (aunque dicho apremio bien puede esperar a que pasen los comicios del próximo 5 de julio, no vaya a ser la de malas que los electores se enojen). Lamentablemente, tal discusión comienza por dónde siempre y con los argumentos de siempre: lo poco que se recauda, lo miserable que resulta el pago de impuestos, lo estrecha que es la base de contribuyentes y demás cantaletas que “se analizan” desde hace tres décadas, sin resolver nada ni mencionar siquiera la causa central de que México sea la nación de la OCDE con menor ingreso fiscal, pero también de América Latina, incluso por debajo de Haití, de acuerdo con las cifras del SAT.
Y ahora, como antes, ese debate apunta a lo mismo: “superar” las carencias con más impuestos y/o gravar todo y a todos con IVA, es decir, exprimir aún más a los causantes de siempre como “solución” mágica para combatir el raquitismo recaudatorio, sin tocar el fondo del problema, en el entendido de que el gobierno necesita dinero, liquidez, pero de ninguna manera broncas con el gran capital. Y qué mejor “salida” a esta ingrata situación que cargarle la mano otra vez a los causantes cautivos que no son beneficiarios de los sacrosantos regímenes especiales.
Parece que los participantes en este “debate” olvidan que ese ha sido el guión utilizado a lo largo de los últimos 29 años, tras registrar que el IVA –en ejercicio desde 1980, en el sexenio de José López Portillo– no sólo fue la última reforma fiscal real, que modificó todo el sistema recaudatorio, sino que al poco tiempo se dieron cuenta que el nuevo gravamen tampoco resolvía el raquitismo recaudatorio imperante en el país, aunque sí exprimió los bolsillos de los consumidores. Desde aquel año, la captación fiscal prácticamente no se ha alterado.
Le urge dinero, pero Ejecutivo y Legislativo se niegan rotundamente a que los barones se molesten (¿quién, entonces, financiaría las campañas políticas?) por obligarlos a pagar lo que deben pagar. Un detallado análisis del ITAM (alma mater de buena parte de los gabinetazos padecidos por México) nos da una idea precisa de qué se trata todo esto: “el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos”.
Lo anterior se refuerza con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: en 2009, alrededor de 733 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas públicas por todo tipo de exenciones, reducciones, desgravaciones y conexos aplicados al impuesto sobre la renta, IVA, el naciente IETU, gravámenes especiales y estímulos fiscales, monto cuatro veces superior al déficit fiscal programado para el mismo. El problema es que 2009 no es un año excepcional en dicho sentido. Por el contrario, confirma la regla y se suma a la costosísima práctica (para el país y los mexicanos) de manejar clientelar y políticamente los impuestos.
Lo anterior se refuerza, cuando se conoce, con base en información oficial, que en el periodo 2002-2009, por las exenciones, desgravaciones, regímenes especiales y demás gracias que el gobierno tiene con sus amigos, las arcas nacionales dejaron de percibir más de 4.3 billones de pesos, 52 por ciento por ciento de los cuales corresponden a “sacrificios” fiscales a favor del capital y sus ganancias.
Así, el debate sobre una reforma fiscal real, de fondo, sin tomaduras de pelo, debe comenzar precisamente por ese punto. De nada sirve quejarse en público de la raquítica recaudación, si en lo privado se autoriza todo tipo de beneficios impositivos a un reducidísimo grupo de empresas y sus propietarios, nacionales y foráneos.
Al hilo, cinco inquilinos de Los Pinos (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) han “celebrado” sus respectivas “reformas” fiscales, pero en los 27 años involucrados la recaudación prácticamente no se ha movido. En ese lapso, ocho secretarios de Hacienda hicieron lo propio, aunque lo único que creció, y desmesuradamente, fue el número de exenciones y privilegios impositivos para los amigos del régimen; y los legisladores no dejan de mencionar la “urgencia” de una “reforma fiscal”, y nada.
Miguel de la Madrid aseguraba que su reforma fiscal “revirtió la tendencia decreciente de la recaudación”, aunque ésta se mantuvo en la lona. Por decreto, Carlos Salinas de Gortari “despetrolizó” las finanzas públicas, las cuales, a partir de ese momento, nunca fueron tan dependientes de los recursos petroleros. Entre tantas otras gracias, Ernesto Zedillo obsequió la “Roque-señal” a los mexicanos (el pasado primero de abril se cumplieron 14 años del regalito), al incrementar un modesto 50 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado (de 10 a 15 por ciento, tasa ésta vigente); Vicente Fox muy cerca estuvo de clavar el IVA a todos y a todo, mientras fortalecía los privilegios fiscales a los barones, y Felipe Calderón va por más de lo mismo, pero lo cierto es que ninguno de los cinco hizo el menor esfuerzo por erradicar los privilegios fiscales, incrementar el padrón de causantes y meter en orden al gran capital.
Eso sí, todos hablaron largo y tendido de la necesaria y urgente “reforma fiscal”, es decir, lo mismo que desde hace casi tres décadas se dice, pero nunca se hace. ¿Quieren dinero, les urge? Cobren donde hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren liquidez? Dejen de ser cómplices de los barones.
Las rebanadas del pastel
Asegura Zedillo que “sólo habrá medidas impopulares para contrarrestar la crisis económica que se vive en México”. No es así. No, si lo hacen como debe ser, si cobran donde deben cobrar, si incorporan al padrón de causantes a quienes por complicidad han dejado fuera tantos años. Si así proceden, constatarán que sí hay medidas con total apoyo popular para contrarrestar la crisis, pero si siguen aplicando sus medidas en los mismos sectores que han pagado todas las crisis, obvio es que serán igual de impopulares que de ineficientes.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Opinión
Corrupción: la ventaja europea
En un hecho sin precedentes desde 1695, el presidente de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, Michael Martin, se vio obligado a renunciar al cargo en forma anticipada debido a un escándalo por los gastos excesivos e injustificados de los integrantes de esa instancia legislativa, erogaciones que se encuentran bajo su administración. Aunque no se le acusó de haberse beneficiado de esos derroches, es claro que en el veterano político laborista recae la responsabilidad del descontrol, sobre todo si se toma en cuenta que se opuso a transparentar los manejos de los fondos referidos y pretendió evitar la difusión de las irregularidades.
El episodio denota la forma poco escrupulosa en que se lleva a cabo la administración de instituciones que, como las inglesas, se presentan a sí mismas como modelo para el mundo, y hace ver que el Estado británico no tiene muchos motivos para el orgullo en materia de honestidad, probidad y transparencia. Pero también es cierto que, ante las evidencias de los malos manejos, dadas a conocer por The Daily Telegraph, se han aplicado los correctivos necesarios: en días pasados, en el contexto del escándalo por las irregularidades referidas, fue separado de su puesto el viceministro de Justicia, Shahid Malik, quien se hizo pagar cantidades escandalosas por concepto de ayuda para alquiler, en tanto que un legislador laborista y un asesor legislativo de la bancada opositora debieron presentar sus respectivas dimisiones.
Mucho más grave y desolador es el caso italiano, en el cual Silvio Berlusconi se mantiene firme en la primera magistratura, a pesar de las evidencias de su actividad delictiva. En efecto, ayer, un tribunal de Milán confirmó que el gobernante sobornó con poco menos de 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que éste rindiera falso testimonio en procesos legales que se realizaban contra Berlusconi: el empresario metido en la política había repartido dinero a funcionarios del Ministerio de Finanzas para obtener un trato fiscal especial para su consorcio Fininvest y había trasegado ilegalmente fondos de una empresa fantasma, All Iberian, para financiar bajo la mesa a varios partidos políticos, en la lógica de un intercambio de favores con el poder público para conseguir el monopolio de la televisión italiana. Con el silencio comprado de Mills, Berlusconi consiguió impunidad en esos juicios.
La situación legal del gobernante ha sido tan precaria que el año pasado, en una sesión vergonzosa, Il Cavaliere, como se le conoce, sometió al Legislativo –dominado por los partidos de Berlusconi– para que aprobara una ley que otorga inmunidad –e impunidad, por consiguiente– a los cuatro más altos cargos del Estado, entre ellos el primer ministro. Gracias a esa aberración jurídica, el abogado Mills fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero su corruptor permanecerá al frente del Ejecutivo italiano, y no es seguro que el Tribunal Constitucional se decida a revocar la llamada “ley Alfano” y permita que el empresario y político que controla Italia sea sometido a un proceso legal.
Por si algo faltara para dar una idea del calado de la corrupción en la Unión Europea, el panorama político español se ve sacudido por lo que se ha denominado la “trama valenciana”, que involucra a altos dirigentes del derechista Partido Popular (PP) en los manejos sucios del empresario Francisco Correa, y por el “caso Gürtel”, una historia de turbiedades con contratos de obra pública.
Los ejemplos mencionados son indicativos de que, en materia de corrupción y opacidad administrativa, Europa occidental no es un oasis y que la prédica de transparencia y probidad que los gobernantes europeos emiten hacia otros países –especialmente los de naciones pobres, como el nuestro– es, en buena medida, mera muestra de doble moral.
La ventaja de Europa en esta materia es que, salvo por la impunidad que Berlusconi se ha regalado a sí mismo en una escandalosa distorsión del ejercicio del poder público, los presuntos responsables de turbiedades deben asumir las consecuencias. Es inocultable el contraste con lo ocurrido en México en más de ocho años de gobiernos panistas, los cuales no han presentado ante los tribunales a ninguno de sus altos funcionarios señalados, a veces con pruebas sólidas, de dispendios, desvíos y malversaciones de recursos.
Carlos Martínez García: Indicadores del descenso católico
Si las estadísticas contradicen mis premisas, peor para las estadísticas. Tal parece ser la convicción de varios jerarcas de la Iglesia católica. Aunque los números duros no les den la razón, altos clérigos siguen con su afirmación de que 90 por ciento de los mexicanos son católicos. Pero la verdad es que tal porcentaje fue real hasta hace dos décadas.
Hoy profesa la fe católica alrededor de 80 por ciento de la población del país. Pero la misma está distribuida de manera desigual en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras en estados como Guanajuato, Jalisco y Querétaro la Iglesia católica si aglutina en su seno a más de 90 por ciento de las preferencias religiosas, en Chiapas solamente la reconocen como suya 60 por ciento de los habitantes de la entidad. Es innegable que en términos porcentuales el catolicismo tiene un descenso sostenido desde hace varias décadas.
Son múltiples las razones de la declinación. Así queda reflejado en la nota de Carolina Gómez Mena, publicada el lunes en las páginas de La Jornada. Diversos expertos en el tema consideran que entre los motivos del éxodo de las filas del catolicismo están los escándalos de pederastia clerical y el conservadurismo ético en asuntos como el ejercicio de la sexualidad y controles de la fertilidad. Por otra parte, el activismo de un amplio abanico de confesiones, que se destaca por ir a buscar a las personas en los espacios donde desarrollan su vida cotidiana, contrasta radicalmente con la actitud general de los liderazgos católicos, que con pasividad esperan a que la gente acuda a ellos.
De acuerdo con Josué Tinoco Amador, de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, el número de personas que profesa, practica y obedece a los jerarcas de esta fe [la católica] cada vez es menor. Añadió que de acuerdo con censos y encuestas, ya no llega ni a 60 por ciento de los mexicanos la cantidad de verdaderos profesantes, aunque se calcula que la de creyentes asciende a entre 75 y 80 por ciento. En la misma nota de Carolina Gómez Mena que hemos citado, Manuel Canto Chac, investigador de la UAM-Xochimilco, considera que entre las explicaciones para comprender el crecimiento de credos no católicos está que las personas se adhieren a una denominación religiosa en función de que ésta responda a su problemática cotidiana.
¿Pero cómo es percibido el descenso de la feligresía católica por la jerarquía de esa confesión? Por ejemplo, Leopoldo González González, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), piensa que el descenso de sus feligreses está lejos de ser alarmante. De todas maneras reconoce que es necesario un mayor involucramiento de los sacerdotes en la nueva evangelización, y criticó a quienes no van tras las ovejas y solamente están atendiendo lo que me caiga, lo que llegue a la iglesia (parroquia).
El vocero de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, reconoce que la escasa formación de los feligreses católicos en las creencias sostenidas por el catolicismo es un factor para que fácilmente [sean] presa de sectas o ideologías. Para él la cuestión debe aquilatarse en el contexto de la pluralización que vive la sociedad mexicana en variados terrenos, entre ellos el religioso, por lo que el tópico ni es alarmante ni tampoco como para desesperarse.
Sin duda que otra faceta del asunto es lo que en distintos lugares hemos descrito como autonomía valorativa por parte de quienes se reconocen católicos. Ésta consiste en tener ideas y prácticas distintas, y a menudo contradictorias, con las enseñanzas oficiales de la Iglesia católica. Tenemos el caso de que, según estudios de Católicas por el Derecho a Decidir, 85 por ciento de los fieles apoyan el uso de los condones para prevenir la propagación del VIH-sida, pese a que la curia insiste en negarse al uso de este preservativo. Es decir, la cúpula eclesiástica católica va por un lado, y sus feligreses norman su vida con creencias y prácticas divergentes de las tesis oficiales.
No obstante, los números adversos en prácticamente todos los rubros, entre ellos escasez de vocaciones sacerdotales, baja en el porcentaje de matrimonios realizados conforme al rito católico, descenso en las preferencias religiosa, etcétera, en las capas dirigentes de la Iglesia católica del país todavía hay quienes se niegan a reconocer lo que muestran los números. Es el caso del secretario general de la CEM, Leopoldo González, ya que según él no hay que creerles a las estadísticas que indican que el catolicismo va a la baja en México, porque éste es un país en su mayoría católico.
En el tema que hemos desarrollado no se trata de una cuestión de creencias en los números. Negarse a reconocer lo marcado por las estadísticas es un recurso que puede resultar consolador para los intereses de quien se cierra a la realidad, pero las tendencias seguirán presentes con sus implacables indicadores. Porque no es cuestión de gustos, sino de cifras comprobables y contundentes.
Luis Linares Zapata: Tormentas del sistema
El sistema político, económico y social que rige la vida organizada en México, además de su visible decrepitud, es por completo disfuncional y hasta peligroso para la paz colectiva. Cualquier vientecillo en contra puede derribarlo. Las propias tormentas, pasadas y actuales, lo han erosionado a tal grado que su deterioro sólo pasa desapercibido para los incautos o para aquellos que se benefician de él. Quienes lo dirigen, sus elites respectivas, incluidas las religiosas (la jerarquía católica al menos) y varios de sus integrantes culturales, no quieren cejar en su empeño de mantenerlo con respiración artificial, aun a costa de su mayúscula injusticia. El costo de su prolongación pasa íntegro a las capas más desprotegidas de la sociedad, al tiempo que hipoteca el futuro de todos.
Los recientes escándalos generados por un libelo traído de Argentina y los exabruptos de un ex presidente con crisis de conciencia, auxiliados por los intentos de la cúpula priísta por cauterizar sus efectos, causaron rachas huracanadas entre las burocracias partidistas, en interesadas capas de comentaristas de medios electrónicos con sus respectivas audiencias (bastante mermadas también), algunos académicos conscientes y aquellos, más ilustrados, lectores asiduos de diarios escritos. Los segmentos populares y masivos de la población del país, ensartados en la lucha por la sobrevivencia y en medio de la catástrofe económica que se les coagula encima, apenas han podido registrar alguno de sus detalles más grotescos o chuscos. No por eso dejarán, tirios, norteños o mazatecos, de padecer sus consecuencias, muchas veces fraguadas y ejecutadas contra su bienestar. Los favorecidos de siempre retozan alegres en sus yates de cincuenta metros de largo, revolotean las ciudades en sus helicópteros o se reúnen en cenáculos para discernir (sólo a veces) cómo minimizar el escándalo propio o cómo acrecentar el que afecta a los rivales y salir ilesos del sainete.
Más para allá de los avatares difusivos, poco queda si se quiere recomponer el sistema establecido. Éste sigue su ruta inevitable hacia su propia consumación. No hay, en efecto, algún mecanismo, institución o actor principal que, desde su interior, pueda aliviarlo, menos aún introducir los antídotos que este sistema solicita para su correcto desenvolvimiento. Partidos, funcionarios de nivel dorado, empresarios adheridos al usufructo de los haberes públicos, obispos atentos a Roma y sus canonjías, analistas orgánicos a los medios electrónicos, legisladores bien o mal intencionados, jueces comunes, magistrados de birrete y concesionarios radiotelevisivos, elite cómplice al fin, sólo desean una pequeña vuelta de tuerca, la introducción de un paliativo momentáneo o la excusa en forma de justificante de buena conducta, aunque ésta sea aparente, para salir airosos del atolladero momentáneo. Una vez conseguido cierto olvido popular o, al menos, bajos decibeles del vendaval crítico, se volverá –esperan– a la usanza cotidiana de sus lucrativos asuntos. Nadie de los conjurados de arriba saldrá herido, si acaso algunos moretones faciales, menos aún perderán la libertad o quedarán bajo investigación judicial. La impunidad es la mezcla que amalgama al conjunto, casi armónico, de complicidades que rige en las alturas decisorias. El castigo sólo se endereza y dirige hacia los de abajo y hacia las desviaciones grotescas de ciertos criminales que rondan en el entorno. Los pocos, los que, bien perfumados desayunan juntos para intercambiar ideas (si las tienen) y valores (que no los tienen) entendidos; los que comen en lugares refinados para chismear o hacer negocios; los que se invitan a bodas de hijo(a)s para sellar compromisos o vacacionan en recluidos retiros para compartir placeres; esos continuarán, por tiempo inmemorial, departiendo de similar manera. Unos obtendrán más que otros, otros envidiarán más todavía a otros, pero todos –esperan no sin ansias e inquietos desvelos– seguirán gozando de lo mucho que hay para repartirse. Aunque no falta alguno que quiera quedarse con todo.
Pero el avance de la crisis económica no parece obedecer a los designios de continuidad de las elites. Tampoco respeta o hace exclusivo el daño. La caída en picada es cierta y dolorosa, asfixiante, mortal para muchos. No podrá ya valer la insistente excusa de su proveniencia externa para mitigar heridas, preservar imagen o para rebajar las furias. Ésta es una crisis que no pasará simplemente porque la minimicen o ignoren en la televisión o la radio, porque la intente disfrazar el discurso del oficialismo. Esta crisis es la que ocasionó la elite nacional en su desventurada carrera al precipicio. Los resultados ya empiezan a cuantificarse en desempleados, en enfermos, en muertos a causa de un sistema de salud pulverizado por la corrupción, por una política suicida de contención salarial que destruyó gran parte de las redes protectoras (IMSS, ISSSTE y demás) que defendían, un tanto siquiera, la retórica popular del régimen imperante. El vendaval se lo está llevando todo, hasta las apariencias de tranquilidad, ya muy tiroteadas por lo demás. Una salida queda en pie, aunque muy tambaleante: el voto colectivo que apunte hacia el recambio de actores y de visión con aquellos que no tienen ataduras con las elites y ofrezcan, con bases creíbles, una ruta honesta para una construcción equitativa de futuro.
Tal recambio tendrá que buscarse por fuera de lo establecido. Es posible, y deseable, que la energía, la determinación y el empuje para la transformación se encuentren en las entrañas del pueblo. Que incuben entre aquellos segmentos que, o bien no han participado en el diseño actual del modelo ni en su tramposa operación, o han llegado, después de muchos tropiezos, angustias y penosos avatares, a la conciencia de lo necesaria, indispensable, que es su participación decidida, y organizada, para sustituir lo dañado y encontrar nuevos acomodos donde las mayorías quepan y decidan.
Arnoldo Kraus /II: Epidemias: retratos de la realidad
La responsabilidad absoluta como concepto moral, que, si en un tiempo fue cosa de Dios, desde Auschwitz es asunto del hombre, escribe Reyes Mate. El filósofo español tiene razón: la responsabilidad hacia los hombres debe nacer de los hombres, sobre todo de los que ostentan el poder. En el caso de los gobiernos no puede haber espacio para la irresponsablidad. Los políticos conocen el significado de las obligaciones que les convienen. Los gobernantes se responsabilizan de sus pares: son escasos los políticos encarcelados, México a la cabeza. La impunidad de los viejos políticos queda protegida por la corrupción de los actuales.
Esa mezcla de patrañas y de mentiras ha permitido que muchas epidemias afloren en México como secuela del añejo incumplimiento de nuestros gobiernos. La influenza porcina 2009 A (H1N1) retrata algunos fragmentos de la realidad. La suma de los gobiernos del PRI y el PAN no han ejercido la doctrina de Reyes Mate: el concepto moral acerca de los seres humanos no se ha transformado en asuntos del hombre. Continúo la discusión iniciada hace una semana.
3. La respuesta de la Secretaría de Salud. Juzgar en retrospectiva lo que se hizo ante una epidemia es fácil. Valorar la respuesta sanitaria en el momento de la emergencia es complejo: son demasiados los avatares y con frecuencia impredecible la agresividad de los virus, sobre todo cuando son desconocidos como el 2009 A (H1N1). Los viejos pensadores médicos lo han explicado de muchas formas: Las enfermedades, los tumores o los virus no leen los libros de texto, es decir, hacen lo que quieren.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y expertos neutros como la doctora Ira Longini, epidemióloga de la Universidad de Washington, Seattle, aprobaron la estrategia de la Secretaría de Salud. Dice Longini, en Science (mayo 2009), una de las revistas científicas más prestigiadas a escala mundial: Pienso que los mexicanos hicieron todo lo que era posible ante una situación virtualmente imposible. Los modelos científicos de Longini sobre las pandemias de influenza han demostrado que es casi imposible para un país detener un brote de un nuevo virus de la influenza. En términos similares se expresó Keiji Fukuda, subdirector general de Seguridad Sanitaria de la OMS: En este momento de la historia, ésta es la mejor vigilancia que se ha hecho.
Si uno repasa los acontecimientos iniciales de la epidemia, dos situaciones afloran. La primera es positiva. Detectar nuevas cepas de virus es muy complejo. Hoy se sabe que la filogenia del virus mezcla cuatro subtipos, dos de cerdo –norteamericano y euroasiático–, uno humano y el restante aviar. Cuando no se conoce el enemigo es muy difícil luchar contra él. Desde el 7 de abril, los investigadores del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) alertaron sobre la presencia de neumonías atípicas en pacientes jóvenes, los cuáles pocas veces son blanco de esas infecciones. La alerta se generó gracias a la sabiduría de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a los clínicos de la ciudad de Oaxaca que detectaron las neumonías atípicas en jóvenes previamente sanos.
Ante esa amenaza, y debido a la falta de recursos, los investigadores del Indre solicitaron la colaboración de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Canadá, quienes después de algunos días lograron aislar el nuevo virus y desarrollar pruebas diagnósticas certeras. Desde el inicio de la epidemia los encargados de la Salud en México se movieron con rapidez. El problema fue la manera de informar. Ese escenario conforma la segunda situación, cuyo resultado ha sido negativo.
Las comunicaciones iniciales de la Secretaría de Salud sembraron primero desconcierto y después pánico. El manejo inadecuado de las cifras, el aumento en el número de muertos y luego el descenso, las incongruencias en el número de contagios, el frecuente y confuso uso de la palabra probable y el total hermetismo acerca de las pruebas que se efectuaban en el Indre generaron mucho malestar. Aunque no comprendo las razones exactas de mal informar, sé que pervive la ancestral incapacidad de nuestras autoridades para decir la verdad.
Sano y ético hubiese sido recurrir a la verdad. Aclarar las razones por las cuales era imposible confirmar los diagnósticos y compartir con la población las afrentas metodológicas que representan los nuevos virus hubiese sido una conducta adecuada. Después de todo, la falta de equipamiento no es responsabilidad del sistema de salud, se debe a que nuestros gobiernos han invertido-robado en otros asuntos. Muchas críticas se habrían ahorrado los funcionarios si hubiesen expuesto la realidad del problema. Corolario: La Secretaría de Salud actuó con celeridad y la Organización Mundial de la Salud aprobó las acciones efectuadas. Se hubiese podido evitar la confusión generada en la población compartiendo las dificultades asociadas a un virus desconocido, incluyendo la imposibilidad para diagnosticarlo.
Nuevamente la influenza 2009 A (H1N1) agotó el espacio. Escribiré la próxima semana sobre estigmatización y politización de la enfermedad, sin dejar de lado la obligación moral de nuestros gobernantes.
José Steinsleger: Ecuador: hacia el “buen vivir” (sumak kawsay)
ebrero 1997. La casi totalidad de las fuerzas políticas y populares de Ecuador se movilizan contra el presidente Abdalá Bucaram. ¿Está loco el gobernante?
En siete meses de ejercicio, Bucaram ha instalado la generalizada sensación de que algo anda muy mal en su gobierno El pueblo asegura que el presidente está loco, y Bucaram asegura que coincide (sic) con la opinión del pueblo. Así es que resulta difícil disentir de lo dispuesto por el Congreso Nacional: destitución por insania mental.
Agosto 1998. El democristiano Jamil Mahuad asume la presidencia. A diferencia de su antecesor, Mahuad parece cuerdo. Pero acaba con la moneda nacional, impone el curso legal del dólar, y permite que Estados Unidos, en el marco contrainsurgente del Plan Colombia para la subregión, construya una gigantesca base naval en Manta, ciudad puerto del Pacífico.
Enero 2000. El pueblo ecuatoriano vuelve a movilizarse. Un nuevo y vigoroso actor social irrumpe en el escenario: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Movimientos sociales y partidos de la izquierda ocupan el Palacio Nacional. Mahuad busca refugio en la embajada de Chile y luego parte con rumbo a Miami.
La sucesión constitucional resuelve el vacío de poder. Luego, un grupo de oficiales liderados por el coronel Lucio Gutiérrez (quien pinta de progresista) sella la alianza con Pachakutik, brazo político de la Conaie.
Noviembre 2002. Gutiérrez se impone en los comicios presidenciales y rápidamente deja en claro lo que es: un agente de la CIA en el interior de las Fuerzas Armadas. Gutiérrez se declara socio del gobierno de George W. Bush y busca el apoyo de la derecha socialcristiana y de Abdalá Bucaram.
Abril 2005. Por enésima vez, el pueblo sale a las calles. Gutiérrez huye del país. Alfredo Palacio, vicepresidente, lo sucede en el mando. En su equipo de asesores, Palacio elige a un joven políticamente desconocido, aunque formado en la llamada teología de la liberación. Poco después, Rafael Correa ocupa la cartera de Economía y Finanzas.
Noviembre 2006. Al frente del movimiento Alianza País (Patria Altiva y Soberana), Correa (quien ha renunciado al cargo) gana los comicios presidenciales con 57 por ciento de los votos.
Enero 2007. Las consignas Poder Ciudadano y ¡Que se vayan todos! encuentran respuesta. El gobierno convoca a un referéndum con el propósito de refundar el país. La consulta es aprobada por 82 por ciento de la ciudadanía.
Correa se revela como fenómeno político que desconcierta a la derecha y, sobre todo, a ciertas izquierdas que nada quieren por debajo de la revolución mundial. No obstante, a regañadientes, le dan el apoyo, en tanto (y con reservas) los indígenas, que aún no se reponen de su experiencia con Gutiérrez, también se lo dan.
Septiembre 2008. Tras ocho meses de debate, 9.7 millones de ciudadanos concurren a las urnas para aprobar o negar el nuevo proyecto constitucional. El sí consigue 70 por ciento de los votos.
El nuevo texto constitucional refuerza el papel del Estado en la economía, legitima los mecanismos de participación directa y reserva al sector estatal el manejo de los recursos naturales, punto de ardua polémica con los indígenas.
Al igual que en Venezuela y Bolivia, la nueva Constitución ecuatoriana permite revocar (a mitad de periodo y por voto popular) el mandato a todos los representantes, incluido el presidente. Desde las pautas de socialismo del siglo XXI, la nueva Constitución se concibe como instrumento político para la instalación de un nuevo modelo de desarrollo.
El texto constitucional refunda Ecuador. La política vuelve a ocupar el lugar que le había quitado el pragmatismo economicista, y la economía retoma su sentido: cómo se distribuyen los recursos, para quiénes y para qué.
En el preámbulo de la novedosa Carta Magna, la Pacha Mama (Madre Tierra) aparece nombrada antes que Dios. La Iglesia católica eleva sus plegarias: ¿la naturaleza por encima de Dios? Con todo, el documento invoca la protección de Dios y, asimismo, registra una expresión de los pueblos milenarios: sumak kawsay (buen vivir).
El concepto de soberanía retoma su sentido: no sólo se la entiende como protección del territorio, sino que clava la bandera nacional en asuntos energéticos, alimentarios, educativos y culturales.
Solidaridad, vida, inclusión son las palabras más nombradas en los 444 artículos de la Constitución. El término jóvenes (inexistente en la Constitución vigente hasta entonces, 1998) se cita en ocho ocasiones.
Abril, 2009. Los ecuatorianos refrendan el mandato de Correa. El presidente obtiene poco más de 52 por ciento de los votos. Dice Correa: No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que, con menos Estado, mejor. En sociedades como las nuestras, peor.
Alejandro Nadal: Swaps de deuda: el monstruo sigue vivo
La administración Obama anunció la semana pasada planes para regular el mercado de derivados. Pero el proceso legislativo es lento y aun cuando el Congreso pudiera aprobar una legislación adecuada en el próximo periodo de sesiones, la puesta en pie de las agencias reguladoras y la maquinaria administrativa necesaria llevará todavía algo de tiempo.
Mientras tanto, el monstruo más temible jamás engendrado por Wall Street sigue vivo. Se trata de los llamados swaps de riesgo crediticio (en inglés, credit default swaps, CDS). De todas las “innovaciones financieras” de los últimos 15 años, los swaps de deuda fueron y continúan siendo el instrumento financiero más destructivo y mortífero.
¿Cuál es la naturaleza de este instrumento? Los swaps de deuda son una cobertura de riesgo crediticio, algo parecido a una póliza de seguro para cubrir la posible moratoria sobre una deuda. Ese contrato derivado parece una operación estándar de seguro: hay una prima y una transferencia de una suma cuando ocurra el evento definido en el contrato (por ejemplo, si la empresa X es incapaz de pagar sus deudas, el asegurador paga al acreedor asegurado el monto del crédito). Pero hay grandes diferencias. Para empezar, estas operaciones no están reguladas. Las entidades que ofrecen este tipo de contratos no están obligadas a mantener reservas relacionadas con estas operaciones.
Los CDS fueron inventados por bancos precisamente para eludir los requerimientos sobre reservas. Si otra entidad absorbía el riesgo (a cambio de una prima), el banco podía liberar sus reservas e incrementar sus operaciones. Los CDS también fueron usados para darle la vuelta a restricciones que tenían inversionistas institucionales (como fondos de pensión) para prestar recursos a empresas con una calificación insuficiente.
El tufo de gran especulación se intensifica al ver que los adquirentes de swaps de deuda no tienen que ser propietarios del instrumento subyacente (digamos, de la deuda original). En contraste con un contrato de seguro, el comprador de un CDS no tiene que demostrar que en caso de moratoria de deuda él sería directamente afectado. Por eso los swaps de deuda dejaron de parecerse a operaciones de cobertura de riesgo crediticio y se fueron convirtiendo más en apuestas sobre si tal o cual empresa caería en bancarrota.
Otra diferencia es que las compañías aseguradoras administran riesgos sobre la base de un análisis estadístico en el que las pérdidas son estimadas a través de variantes de la ley de los grandes números (que no es otra cosa que un teorema probabilístico). En cambio, el riesgo en los swaps de deuda es administrado sobre la base de coberturas financieras y transacciones en los mercados secundarios de bonos (de ahí el nombre de swaps).
En el colmo del libertinaje, las reglas contables usualmente aceptadas no se aplican en el caso de swaps de deuda. Por eso los estados financieros de las entidades que intervinieron en operaciones con CDS son tan poco informativos. Muchos de los males que aquejan al sistema bancario se desprenden de esta falta de transparencia.
¿De qué tamaño es el problema de los swaps de deuda? De acuerdo con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, el valor de los CDS en Estados Unidos es de 62 billones (castellanos) de dólares. Eso es equivalente a más de cuatro veces el PIB de Estados Unidos y es mucho mayor que el valor total de los títulos comercializados en el mercado de valores (22 billones) o el valor de los títulos respaldados por hipotecas en ese país (7 billones).
La proliferación de los CDS en Estados Unidos fue espectacular, pero no se detuvo en ese país. JP Morgan comenzó sus operaciones con estos instrumentos en 1994-95, pero muy rápidamente le siguieron bancos comerciales, de inversión, fondos de pensiones y fondos de cobertura en Europa. Los principales bancos europeos tienen 426 mil millones de dólares en operaciones de swaps con el colapsado gigante AIG. Y es que esos bancos vieron en los CDS el camino para evadir requerimientos de reservas prudenciales y liberar recursos para ampliar sus operaciones crediticias. El sector bancario y financiero contribuyó a la expansión de operaciones con swaps de deuda a escala planetaria.
Los swaps de deuda supuestamente debían servir para diversificar riesgos y mejorar los servicios financieros. En realidad, el riesgo aumentó y llegó a contaminar a todo tipo de empresas, sanas o enfermas. La madeja de interrelaciones entre agentes que intervinieron en los swaps introdujo un ingrediente de fragilidad y de vulnerabilidad insospechado. Por eso una moratoria o una calificación a la baja de una empresa podrían volver a colapsar todo el mercado, generando una crisis más devastadora que la del mercado hipotecario en Estados Unidos. Esta eventualidad no puede descartarse porque simple y llanamente, las agencias reguladoras de estas operaciones no conocen ni su monto exacto, ni su entramado institucional. La aberración que destruyó a Wall Street aún respira.
Tentativamente, cualquier intención revolucionaria de calendario (1810-1910-2010) ha de buscarse mejor fecha, pues el científico secretario calderónico de hacienda, Agustín C2 (Carstens, al doble), ha anunciado que para el sugerente año en puerta se tiene considerada la posibilidad de que la economía mexicana entre en un proceso de franca recuperación”, epopeya ésta que no se logró en este 2009 nomás porque se atravesó la epidemia de todos conocida, que si no...
Las optimistas predicciones del beisbolista de ocasión, que también es médico en economía (convirtió la crisis mundial en catarrito local), habían sido compartidas un día antes por otro funcionario estelar, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien también habló con gran esperanza de 2010. Lo malo de los alborozos oficiales es que tras ellos asoma la siniestra intención de sustentar esas hipotéticas recuperaciones y epopeyas económicas en el nada original recurso de crear o aumentar impuestos (en concreto: IVA a medicinas y alimentos). El discurso superheroico del comandante Calderón ya está tratando de crear las condiciones para otro golpe autoritario “por el bien de la nación”, con la cantaleta de que la crisis económica requiere decisiones firmes, enérgicas, valientes, como las que supuestamente tomó el ocupante de Los Pinos para enfrentar la epidemia de influenza. Otro prócer globalizado, Ernesto Zedillo, empuja al panismo empoderado a tomar medidas difíciles, impopulares, pero absolutamente necesarias. ¡No te rajes, Felipe!
En lo político-electoral las cosas siguen más o menos igual de alicaídas, mediáticamente sostenidas por las declaraciones provocativas de Germán Martínez, que sigue picando la cresta de los gallos viejos de tres colores, sobre todo en relación con el episodio De la Madrid-Salinas o que, en relación con Amalia García, la “anima” a seguir colaborando con el calderonismo en la “guerra” contra el narcotráfico. En otro escenario, Chucho Ortega se asoma a los espacios periodísticos mediante un cuidado proceso de tibias amenazas hacia la postura tripartidista de López Obrador, el predicador múltiple que reparte sus dones electorales entre el PT y Convergencia, por un lado, y, por otro, una selección del PRD que por tanto se dice parcialmente ofendido, en vía de despecho proporcional, aunque el tabasqueño trata de defenderse argumentando que no es pecado ser perredista y convocar a que se vote por distintos partidos. Otro tema supremo de disquisición filosófico-político es el uso de corbata por parte de un personaje del estado de México que es tan limpio e intachable que en todo caso la única acusación que puede hacérsele es la de perseverar en el lucimiento de reservorios patógenos de seda al cuello, como si no tuviera el lastre histórico del montielismo y sus propios expedientes oscuros tanto familiares como económicos. Y el gran Manlio Fabio que teje una coartada “de sacrificio” a los ex presidentes que chapotean en el lodo institucional pasado, Carlito de Gortari y Mike Delaeme: ya no hablen más, no den entrevistas ni digan nada... por el bien del partido cada vez más partido.
Astillas
Desde Puebla, Luisa González Millán dice encontrar cada vez con más frecuencia en esta columna un tono “de amargura, de venganza, de crítica atroz en contra de muchos que de alguna u otra manera ‘se decían de izquierda’”. El tecleador “a veces” le parece “un panista amargado con la vida”, y le reprocha que “lejos de ‘incentivar’ la participación social para un cambio verdadero (no me refiero a la manipulación de que todo está bien) sino más bien a plantear que existen alternativas (varias) en las que podemos hacer algo y participar, pues ni todos son tan malos ni todos son unos santos (...) tenemos que reflexionar y analizar más nuestra situación actual y dejar de seguir creando fanatismos de todos lados; eso no es bueno para nadie, tenemos que ser más analíticos y menos fanáticos”...
Víctor del Real comenta: “En Zacatecas, la política es un espacio de la oscuridad: fugas de reos, corrupción, tráfico de influencias, componendas, inseguridad, dimes y diretes. Pero la parte más negra del problema tiene que ver con que, hasta la fecha, no hay planteamientos acerca de las diferencias de fondo entre Amalia y Ricardo, más allá de la gélida lucha por el poder. Se desconoce cuál es su ideario, cuáles sus referencias para construir un entramado político. No se entiende nada acerca de su verdadera ideología, porque ambos son miembros de la izquierda realmente inexistente. Se carece de datos que pongan en claro cuál es su ideal de proyecto estatal. En síntesis, se desarrolla un enfrentamiento entre dos criaturas en frontera con la locura, ahítas de poder, dispuestas a todo por el sueño adolescente de arribar a toda costa, mientras la región prosigue en su decadencia. Ninguno de los dos es verdadera alternativa en un estado que demanda soluciones de fondo. Ricardo no pudo, en su momento, con este precario pastel. Ni tuvo idea. ¿Amalia?, menos, es un cero a la izquierda con su barroca nulidad. Así es que, mejor que ya se alivianen. Take it easy. Hasta ahora, sus debrayes sólo han servido para agusanar el ambiente. Parecen chivas en cristalería. Mejor sería un pronto arreglo, para que esto no empiece a heder”...
López Obrador dijo ayer en Jalisco que con treinta diputados federales que defiendan las posturas del movimiento cívico que él encabeza se podrán frenar los intentos de PAN y PRI de seguir dañando a las mayorías del país. La mafia política cree que en la próxima conformación de San Lázaro tendrá “manga ancha” para sus proyectos, señaló el tabasqueño, pero “no nos vamos a dejar”...
Y, mientras continúa la barbarie en los centros penitenciarios del país, con una sociedad que a ése como a otros espectáculos cotidianos de horror asiste impasible, ¡hasta mañana, en esta columna que no olvida el episodio de intento de soborno electoral en Campeche de los Mouriño a cargo del impune director, con tramposa licencia, de la Lotería Nacional!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Si comentas con ellos lo mal que les ha ido económicamente con Felipe Calderón, tal vez por orgullo no desprovisto de fanatismo dirán que con López Obrador les hubiera ido peor. Se trata de Gastón Azcárraga, principal accionista de Mexicana de Aviación, y José Luis Barraza, quien figura como cabeza de Aeroméxico. Ambos tuvieron un papel protagónico en la campaña de terror que precedió a las elecciones de 2006, fueron premiados –en distintos tiempos– con la propiedad de las aerolíneas. Se suponía que iban a conducirlas a una etapa de florecimiento, en manos del gobierno habían perdido dinero. Sin embargo, poco después de que las tomaron a su cargo comenzaron a presionar a los empleados –pilotos, azafatas y personal de tierra– para que renunciaran a los ingresos y las prestaciones que habían ganado en los años anteriores. Con el apoyo del secretario del Chinogate, Javier Lozano, lo han venido consiguiendo. No les ha parecido suficiente y ahora preparan otra embestida con motivo de la crisis del turismo. Desde antes que surgiera el hoy desinflado fantasma de la epidemia, ya había problemas: Estados Unidos, Canadá y Europa alertaban a sus ciudadanos para que tuvieran precauciones si visitaban nuestro país, podían ser víctimas de un secuestro, un asalto y hasta perder la vida. El episodio de la influenza, tan mal manejado por el gobierno calderonista –primero ocultó información, luego tuvo una reacción desmesurada, cerrando todo lo que pudo–, infartó a la llamada industria sin chimeneas. Volviendo al tema original, hay noticias inquietantes en las dos grandes líneas aéreas. Por ejemplo, al personal de confianza de Aeroméxico le vienen descontando cuatro días de sueldo cada mes. La lumbre está llegando a los pilotos. Mañana tendrán una reunión para conocer las nuevas exigencias de los empresarios panistas: pretenden bajarles el sueldo y restarles más prestaciones. Al paso que van querrán que los aviones vuelen con el piloto automático.
Huele a venganza
Nadie opondrá objeción fundada a la decisión de Felipe Calderón de comercializar la red de telecomunicaciones de la CFE, alienta la competencia frente el grupo Slim. Podrá ser aprovechada por otras compañías para la transmisión de voz, datos y video, aunque no debemos ilusionarnos con que bajen las tarifas. Es algo que había sido anunciado desde hace años pero venía obstruyendo Alfredo Elías Ayub, tal vez porque su hermano Arturo es yerno de Carlos Slim. Sin embargo, tiene sus bemoles. Afecta a un monopolio pero beneficia a otro, el de Televisa. Y la decisión se toma semanas después de que Slim visionariamente anunció la catástrofe que ya llegó y le hizo ampollas al panismo. Hay un cierto tufillo de venganza. La cuestión es que Calderón ya se echó en brazos de Azcárraga y Roberto Hernández. Slim está levantando dinero en Asia y Europa preparándose para una larga batalla. Y además fortaleciendo su posición en The New York Times.
Las tarjetas
El poderoso lobby financiero de Estados Unidos torció el brazo a los líderes del Senado que finalmente aprobó un paquete legislativo sobre tarjetas de crédito sin topes a las tasas de interés y las comisiones. Actuaron igual que los legisladores mexicanos. Eso sí, contiene restricciones muy importantes que beneficiarán a los consumidores. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde todavía habrá un forcejeo. Y aún quedaría una tercera instancia que podría ir más allá a favor de los clientes: el presidente Obama. Tiene la facultad de vetar el proyecto y regresarlo al Congreso.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Intecedentes. La piratería ha constituido una especialidad británica y probablemente ello se deba a la calidad de archipiélago del “Reino Unido de Gran Bretaña” (que incluye a Irlanda del Norte), a su exigüidad territorial (ligeramente menor que Chihuahua: 241 mil 590 kilómetros cuadrados) y poblacional (61 millones de habitantes), y a su vocación aventurera en búsqueda de la gloria y el dominio mundial.
Desde los piratas británicos que asolaron los mares y a la “invencible (sic) armada española” en el siglo XVI, hasta los “paraísos fiscales” y la “contabilidad invisible” de la desregulada globalización financiera (de la que la City representa la capital mundial), la piratería en todos sus géneros representa la conducta histórica recidivista del alma británica.
De allí que nos hayamos atrevido a formular, específicamente en dos entrevistas tanto con Carmen Aristegui como con Mario González, los muy solventes conductores de CNN en Español, la hipótesis de que “los piratas somalíes sabían demasiada geopolítica” y que detrás de sus operativos se encontraba tanto el sabotaje al transporte del petróleo en el estrecho de Bab Al-Mandab (“La Puerta de las Lágrimas”), en el golfo de Adén, como a la guerra geoeconómica del eje anglosajón en contra del RIC (Rusia, India y China) y algunas potencias europeas rebeldes (v. gr. Francia, Alemania y España), lo cual desarrollamos en otra entrevista con Nydia Egremy, la muy capaz periodista de la revista Contralínea y Réseau Voltaire (voltairenet.org, 5/5/09).
Hechos. Giles Tremiet, del periódico británico The Guardian (11/5/09), rotativo cercano al partido gobernante neolaborista, afirma que “los piratas somalíes que atacan el transporte marítimo en el golfo de Adén y el océano Índico son dirigidos en sus objetivos por un equipo consultivo en Londres, de acuerdo con un documento de la inteligencia militar europea (¡súper-sic!) obtenido por una radio española” (Cadena SER Radio).
Giles Tremiet comenta que el reporte de inteligencia fue elaborado para servir a los navíos europeos. ¿Le habrán proporcionado una copia al gobierno británico, que ha permanecido incólume al respecto?
Según el impactante documento, “los piratas somalíes son guiados por un equipo de inteligencia desde Londres” y ambas entidades “permanecen en contacto a través de teléfono satelital”. Cabe agregar que en el incandescente e indecente cuerno de África, en particular en Somalia –catalogada por la prensa anglosajona como un “Estado fallido”, en competencia con el régimen calderonista panista en México– , se aplican las tarifas de telefonía celular más baratas del mundo.
Los “consultores” radicados en Londres “ayudan (sic) a los piratas a seleccionar sus objetivos, y los proveen de la información sobre la carga y el trayecto de los barcos” mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Los “grupos (sic) piratas” tienen “informantes muy bien colocados (¡súper-sic!) en Londres”, quienes “están en contacto regular con los centros de control en Somalia donde se decide cuáles buques serán atacados”.
¿Estarán “colocados” en el gobierno británico tales “informantes” de alcurnia? ¿Forman parte de un cuerpo paralelo a los servicios especiales de espionaje británico?
Cabe recordar que muchos de los grupos jihadistas islámicos que desestabilizan puntualmente a las poblaciones mahometanas del RIC (Rusia, India y China), así como al “Gran Medio Oriente”, gozan de la obscena protección del gobierno británico (sea conservador, sea neolaborista), a grado tal que la capital londinense se ha ganado a pulso el mote de Londonistán (título de un libro de la periodista británica Melanie Phillips).
Vivimos la era del conocimiento y la información: “La red de información de los piratas se extiende a Yemen, Dubai y el Canal de Suez”. Resulta y resalta que la sagrada información –donde seguramente están coludidas las organizaciones marítimas internacionales controladas por el eje anglosajón– sobre los barcos mercantes que navegan desde el mar Mediterráneo, pasando por el Canal de Suez, el golfo de Adén, el golfo Pérsico y el océano Índico, hasta el estrecho de Malaca (entre Malasia e Indonesia), fluye milagrosamente a las manos de los analfabetas piratas somalíes: “en cada caso los piratas tenían pleno conocimiento del barco mercante, su carga, nacionalidad (¡súper-sic!) y trayecto”.
Ahora sí que los genios de la perfidia y la geopolítica cayeron en su propio juego: “la bandera nacional de un barco es también tomada en cuenta (¡pues sí!) cuando se selecciona un objetivo, y los buques británicos son cada vez más evitados”. No comments.
A nuestro juicio, existe toda una “geopolítica de la piratería”, y llama poderosamente la atención que ciertos países claves en el transporte de petróleo desde Bab Al-Mandab (en el golfo de Adén), donde al parecer atraviesan 3 millones de barriles al día (prácticamente la producción del “México neoliberal”, otro “Estado fallido”) hasta el estrecho de Malaca, se hayan vuelto blancos idóneos de la desestabilización anglosajona.
La geopolítica de la piratería va más allá del “Estado fallido” de Somalia, al afectar e infectar a su entorno periférico y regional, donde cada país citado evoca disturbios y perturbaciones distintivos que se aglutinan exquisitamente en el cuello de botella somalí en Bab Al-Mandab: del lado occidental, Kenia, Etiopía, Yibutí (donde Francia y Estados Unidos mantienen importantes bases militares) y Eritrea, que por tropismo y necesidad alcanzan a Sudán (cuya región de Darfur, colindante con Chad, es inmensamente pletórica en petróleo); del lado oriental, Yemen (que empieza a sufrir los embates de la balcanización, como había adelantado la londinense Chatam House) y Arabia Saudita.
Conclusión. Era muy improbable que unos ex pescadores y ex guerrilleros somalíes, excesivamente rupestres, ostenten tanta sofisticación tecnológica y logística, que requiere de un cerebro de mando muy elaborado que pocas capitales en el mundo poseen como Londres.
Cabe recordar la definición operativa del “Gran Medio Oriente” de los geoestrategas israelíes, que va en línea vertical del cuerno de África (que incluye Somalia y la zona operativa de los piratas) hasta el Cáucaso, y en línea horizontal desde Marruecos hasta Cachemira. Todo lo que suceda con la exploración, producción y transporte del petróleo y el gas en esa vasta extensión territorial afecta invariablemente la geopolítica y geoeconomía de sus países integrantes y aledaños, a fortiori, los ilustrados operativos de los piratas somalíes que el eje anglosajón, bajo el sabio apotegma neoliberal del “laisser-faire, laisser passer” (“dejar hacer, dejar pasar”), ha tolerado extrañamente contra su costumbre bélica cuando no permite ni el vuelo de una mosca que afecte sus intereses, en particular los petroleros.
Una vez más el “Reino Unido de Gran Bretaña” ha sido descubierto en su legendaria perfidia al pasar de la “negligencia benigna” a su “complicidad maligna” con los piratas somalíes. ¿Contará con la tácita aprobación de Estados Unidos?
Carlos Fernández-Vega: México SA
Toma velocidad el debate” en torno a la urgencia de una reforma fiscal, dado el raquitismo recaudatorio que reporta el país (aunque dicho apremio bien puede esperar a que pasen los comicios del próximo 5 de julio, no vaya a ser la de malas que los electores se enojen). Lamentablemente, tal discusión comienza por dónde siempre y con los argumentos de siempre: lo poco que se recauda, lo miserable que resulta el pago de impuestos, lo estrecha que es la base de contribuyentes y demás cantaletas que “se analizan” desde hace tres décadas, sin resolver nada ni mencionar siquiera la causa central de que México sea la nación de la OCDE con menor ingreso fiscal, pero también de América Latina, incluso por debajo de Haití, de acuerdo con las cifras del SAT.
Y ahora, como antes, ese debate apunta a lo mismo: “superar” las carencias con más impuestos y/o gravar todo y a todos con IVA, es decir, exprimir aún más a los causantes de siempre como “solución” mágica para combatir el raquitismo recaudatorio, sin tocar el fondo del problema, en el entendido de que el gobierno necesita dinero, liquidez, pero de ninguna manera broncas con el gran capital. Y qué mejor “salida” a esta ingrata situación que cargarle la mano otra vez a los causantes cautivos que no son beneficiarios de los sacrosantos regímenes especiales.
Parece que los participantes en este “debate” olvidan que ese ha sido el guión utilizado a lo largo de los últimos 29 años, tras registrar que el IVA –en ejercicio desde 1980, en el sexenio de José López Portillo– no sólo fue la última reforma fiscal real, que modificó todo el sistema recaudatorio, sino que al poco tiempo se dieron cuenta que el nuevo gravamen tampoco resolvía el raquitismo recaudatorio imperante en el país, aunque sí exprimió los bolsillos de los consumidores. Desde aquel año, la captación fiscal prácticamente no se ha alterado.
Le urge dinero, pero Ejecutivo y Legislativo se niegan rotundamente a que los barones se molesten (¿quién, entonces, financiaría las campañas políticas?) por obligarlos a pagar lo que deben pagar. Un detallado análisis del ITAM (alma mater de buena parte de los gabinetazos padecidos por México) nos da una idea precisa de qué se trata todo esto: “el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos”.
Lo anterior se refuerza con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: en 2009, alrededor de 733 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas públicas por todo tipo de exenciones, reducciones, desgravaciones y conexos aplicados al impuesto sobre la renta, IVA, el naciente IETU, gravámenes especiales y estímulos fiscales, monto cuatro veces superior al déficit fiscal programado para el mismo. El problema es que 2009 no es un año excepcional en dicho sentido. Por el contrario, confirma la regla y se suma a la costosísima práctica (para el país y los mexicanos) de manejar clientelar y políticamente los impuestos.
Lo anterior se refuerza, cuando se conoce, con base en información oficial, que en el periodo 2002-2009, por las exenciones, desgravaciones, regímenes especiales y demás gracias que el gobierno tiene con sus amigos, las arcas nacionales dejaron de percibir más de 4.3 billones de pesos, 52 por ciento por ciento de los cuales corresponden a “sacrificios” fiscales a favor del capital y sus ganancias.
Así, el debate sobre una reforma fiscal real, de fondo, sin tomaduras de pelo, debe comenzar precisamente por ese punto. De nada sirve quejarse en público de la raquítica recaudación, si en lo privado se autoriza todo tipo de beneficios impositivos a un reducidísimo grupo de empresas y sus propietarios, nacionales y foráneos.
Al hilo, cinco inquilinos de Los Pinos (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) han “celebrado” sus respectivas “reformas” fiscales, pero en los 27 años involucrados la recaudación prácticamente no se ha movido. En ese lapso, ocho secretarios de Hacienda hicieron lo propio, aunque lo único que creció, y desmesuradamente, fue el número de exenciones y privilegios impositivos para los amigos del régimen; y los legisladores no dejan de mencionar la “urgencia” de una “reforma fiscal”, y nada.
Miguel de la Madrid aseguraba que su reforma fiscal “revirtió la tendencia decreciente de la recaudación”, aunque ésta se mantuvo en la lona. Por decreto, Carlos Salinas de Gortari “despetrolizó” las finanzas públicas, las cuales, a partir de ese momento, nunca fueron tan dependientes de los recursos petroleros. Entre tantas otras gracias, Ernesto Zedillo obsequió la “Roque-señal” a los mexicanos (el pasado primero de abril se cumplieron 14 años del regalito), al incrementar un modesto 50 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado (de 10 a 15 por ciento, tasa ésta vigente); Vicente Fox muy cerca estuvo de clavar el IVA a todos y a todo, mientras fortalecía los privilegios fiscales a los barones, y Felipe Calderón va por más de lo mismo, pero lo cierto es que ninguno de los cinco hizo el menor esfuerzo por erradicar los privilegios fiscales, incrementar el padrón de causantes y meter en orden al gran capital.
Eso sí, todos hablaron largo y tendido de la necesaria y urgente “reforma fiscal”, es decir, lo mismo que desde hace casi tres décadas se dice, pero nunca se hace. ¿Quieren dinero, les urge? Cobren donde hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren liquidez? Dejen de ser cómplices de los barones.
Las rebanadas del pastel
Asegura Zedillo que “sólo habrá medidas impopulares para contrarrestar la crisis económica que se vive en México”. No es así. No, si lo hacen como debe ser, si cobran donde deben cobrar, si incorporan al padrón de causantes a quienes por complicidad han dejado fuera tantos años. Si así proceden, constatarán que sí hay medidas con total apoyo popular para contrarrestar la crisis, pero si siguen aplicando sus medidas en los mismos sectores que han pagado todas las crisis, obvio es que serán igual de impopulares que de ineficientes.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Opinión
Corrupción: la ventaja europea
En un hecho sin precedentes desde 1695, el presidente de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, Michael Martin, se vio obligado a renunciar al cargo en forma anticipada debido a un escándalo por los gastos excesivos e injustificados de los integrantes de esa instancia legislativa, erogaciones que se encuentran bajo su administración. Aunque no se le acusó de haberse beneficiado de esos derroches, es claro que en el veterano político laborista recae la responsabilidad del descontrol, sobre todo si se toma en cuenta que se opuso a transparentar los manejos de los fondos referidos y pretendió evitar la difusión de las irregularidades.
El episodio denota la forma poco escrupulosa en que se lleva a cabo la administración de instituciones que, como las inglesas, se presentan a sí mismas como modelo para el mundo, y hace ver que el Estado británico no tiene muchos motivos para el orgullo en materia de honestidad, probidad y transparencia. Pero también es cierto que, ante las evidencias de los malos manejos, dadas a conocer por The Daily Telegraph, se han aplicado los correctivos necesarios: en días pasados, en el contexto del escándalo por las irregularidades referidas, fue separado de su puesto el viceministro de Justicia, Shahid Malik, quien se hizo pagar cantidades escandalosas por concepto de ayuda para alquiler, en tanto que un legislador laborista y un asesor legislativo de la bancada opositora debieron presentar sus respectivas dimisiones.
Mucho más grave y desolador es el caso italiano, en el cual Silvio Berlusconi se mantiene firme en la primera magistratura, a pesar de las evidencias de su actividad delictiva. En efecto, ayer, un tribunal de Milán confirmó que el gobernante sobornó con poco menos de 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que éste rindiera falso testimonio en procesos legales que se realizaban contra Berlusconi: el empresario metido en la política había repartido dinero a funcionarios del Ministerio de Finanzas para obtener un trato fiscal especial para su consorcio Fininvest y había trasegado ilegalmente fondos de una empresa fantasma, All Iberian, para financiar bajo la mesa a varios partidos políticos, en la lógica de un intercambio de favores con el poder público para conseguir el monopolio de la televisión italiana. Con el silencio comprado de Mills, Berlusconi consiguió impunidad en esos juicios.
La situación legal del gobernante ha sido tan precaria que el año pasado, en una sesión vergonzosa, Il Cavaliere, como se le conoce, sometió al Legislativo –dominado por los partidos de Berlusconi– para que aprobara una ley que otorga inmunidad –e impunidad, por consiguiente– a los cuatro más altos cargos del Estado, entre ellos el primer ministro. Gracias a esa aberración jurídica, el abogado Mills fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero su corruptor permanecerá al frente del Ejecutivo italiano, y no es seguro que el Tribunal Constitucional se decida a revocar la llamada “ley Alfano” y permita que el empresario y político que controla Italia sea sometido a un proceso legal.
Por si algo faltara para dar una idea del calado de la corrupción en la Unión Europea, el panorama político español se ve sacudido por lo que se ha denominado la “trama valenciana”, que involucra a altos dirigentes del derechista Partido Popular (PP) en los manejos sucios del empresario Francisco Correa, y por el “caso Gürtel”, una historia de turbiedades con contratos de obra pública.
Los ejemplos mencionados son indicativos de que, en materia de corrupción y opacidad administrativa, Europa occidental no es un oasis y que la prédica de transparencia y probidad que los gobernantes europeos emiten hacia otros países –especialmente los de naciones pobres, como el nuestro– es, en buena medida, mera muestra de doble moral.
La ventaja de Europa en esta materia es que, salvo por la impunidad que Berlusconi se ha regalado a sí mismo en una escandalosa distorsión del ejercicio del poder público, los presuntos responsables de turbiedades deben asumir las consecuencias. Es inocultable el contraste con lo ocurrido en México en más de ocho años de gobiernos panistas, los cuales no han presentado ante los tribunales a ninguno de sus altos funcionarios señalados, a veces con pruebas sólidas, de dispendios, desvíos y malversaciones de recursos.
Carlos Martínez García: Indicadores del descenso católico
Si las estadísticas contradicen mis premisas, peor para las estadísticas. Tal parece ser la convicción de varios jerarcas de la Iglesia católica. Aunque los números duros no les den la razón, altos clérigos siguen con su afirmación de que 90 por ciento de los mexicanos son católicos. Pero la verdad es que tal porcentaje fue real hasta hace dos décadas.
Hoy profesa la fe católica alrededor de 80 por ciento de la población del país. Pero la misma está distribuida de manera desigual en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras en estados como Guanajuato, Jalisco y Querétaro la Iglesia católica si aglutina en su seno a más de 90 por ciento de las preferencias religiosas, en Chiapas solamente la reconocen como suya 60 por ciento de los habitantes de la entidad. Es innegable que en términos porcentuales el catolicismo tiene un descenso sostenido desde hace varias décadas.
Son múltiples las razones de la declinación. Así queda reflejado en la nota de Carolina Gómez Mena, publicada el lunes en las páginas de La Jornada. Diversos expertos en el tema consideran que entre los motivos del éxodo de las filas del catolicismo están los escándalos de pederastia clerical y el conservadurismo ético en asuntos como el ejercicio de la sexualidad y controles de la fertilidad. Por otra parte, el activismo de un amplio abanico de confesiones, que se destaca por ir a buscar a las personas en los espacios donde desarrollan su vida cotidiana, contrasta radicalmente con la actitud general de los liderazgos católicos, que con pasividad esperan a que la gente acuda a ellos.
De acuerdo con Josué Tinoco Amador, de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, el número de personas que profesa, practica y obedece a los jerarcas de esta fe [la católica] cada vez es menor. Añadió que de acuerdo con censos y encuestas, ya no llega ni a 60 por ciento de los mexicanos la cantidad de verdaderos profesantes, aunque se calcula que la de creyentes asciende a entre 75 y 80 por ciento. En la misma nota de Carolina Gómez Mena que hemos citado, Manuel Canto Chac, investigador de la UAM-Xochimilco, considera que entre las explicaciones para comprender el crecimiento de credos no católicos está que las personas se adhieren a una denominación religiosa en función de que ésta responda a su problemática cotidiana.
¿Pero cómo es percibido el descenso de la feligresía católica por la jerarquía de esa confesión? Por ejemplo, Leopoldo González González, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), piensa que el descenso de sus feligreses está lejos de ser alarmante. De todas maneras reconoce que es necesario un mayor involucramiento de los sacerdotes en la nueva evangelización, y criticó a quienes no van tras las ovejas y solamente están atendiendo lo que me caiga, lo que llegue a la iglesia (parroquia).
El vocero de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, reconoce que la escasa formación de los feligreses católicos en las creencias sostenidas por el catolicismo es un factor para que fácilmente [sean] presa de sectas o ideologías. Para él la cuestión debe aquilatarse en el contexto de la pluralización que vive la sociedad mexicana en variados terrenos, entre ellos el religioso, por lo que el tópico ni es alarmante ni tampoco como para desesperarse.
Sin duda que otra faceta del asunto es lo que en distintos lugares hemos descrito como autonomía valorativa por parte de quienes se reconocen católicos. Ésta consiste en tener ideas y prácticas distintas, y a menudo contradictorias, con las enseñanzas oficiales de la Iglesia católica. Tenemos el caso de que, según estudios de Católicas por el Derecho a Decidir, 85 por ciento de los fieles apoyan el uso de los condones para prevenir la propagación del VIH-sida, pese a que la curia insiste en negarse al uso de este preservativo. Es decir, la cúpula eclesiástica católica va por un lado, y sus feligreses norman su vida con creencias y prácticas divergentes de las tesis oficiales.
No obstante, los números adversos en prácticamente todos los rubros, entre ellos escasez de vocaciones sacerdotales, baja en el porcentaje de matrimonios realizados conforme al rito católico, descenso en las preferencias religiosa, etcétera, en las capas dirigentes de la Iglesia católica del país todavía hay quienes se niegan a reconocer lo que muestran los números. Es el caso del secretario general de la CEM, Leopoldo González, ya que según él no hay que creerles a las estadísticas que indican que el catolicismo va a la baja en México, porque éste es un país en su mayoría católico.
En el tema que hemos desarrollado no se trata de una cuestión de creencias en los números. Negarse a reconocer lo marcado por las estadísticas es un recurso que puede resultar consolador para los intereses de quien se cierra a la realidad, pero las tendencias seguirán presentes con sus implacables indicadores. Porque no es cuestión de gustos, sino de cifras comprobables y contundentes.
Luis Linares Zapata: Tormentas del sistema
El sistema político, económico y social que rige la vida organizada en México, además de su visible decrepitud, es por completo disfuncional y hasta peligroso para la paz colectiva. Cualquier vientecillo en contra puede derribarlo. Las propias tormentas, pasadas y actuales, lo han erosionado a tal grado que su deterioro sólo pasa desapercibido para los incautos o para aquellos que se benefician de él. Quienes lo dirigen, sus elites respectivas, incluidas las religiosas (la jerarquía católica al menos) y varios de sus integrantes culturales, no quieren cejar en su empeño de mantenerlo con respiración artificial, aun a costa de su mayúscula injusticia. El costo de su prolongación pasa íntegro a las capas más desprotegidas de la sociedad, al tiempo que hipoteca el futuro de todos.
Los recientes escándalos generados por un libelo traído de Argentina y los exabruptos de un ex presidente con crisis de conciencia, auxiliados por los intentos de la cúpula priísta por cauterizar sus efectos, causaron rachas huracanadas entre las burocracias partidistas, en interesadas capas de comentaristas de medios electrónicos con sus respectivas audiencias (bastante mermadas también), algunos académicos conscientes y aquellos, más ilustrados, lectores asiduos de diarios escritos. Los segmentos populares y masivos de la población del país, ensartados en la lucha por la sobrevivencia y en medio de la catástrofe económica que se les coagula encima, apenas han podido registrar alguno de sus detalles más grotescos o chuscos. No por eso dejarán, tirios, norteños o mazatecos, de padecer sus consecuencias, muchas veces fraguadas y ejecutadas contra su bienestar. Los favorecidos de siempre retozan alegres en sus yates de cincuenta metros de largo, revolotean las ciudades en sus helicópteros o se reúnen en cenáculos para discernir (sólo a veces) cómo minimizar el escándalo propio o cómo acrecentar el que afecta a los rivales y salir ilesos del sainete.
Más para allá de los avatares difusivos, poco queda si se quiere recomponer el sistema establecido. Éste sigue su ruta inevitable hacia su propia consumación. No hay, en efecto, algún mecanismo, institución o actor principal que, desde su interior, pueda aliviarlo, menos aún introducir los antídotos que este sistema solicita para su correcto desenvolvimiento. Partidos, funcionarios de nivel dorado, empresarios adheridos al usufructo de los haberes públicos, obispos atentos a Roma y sus canonjías, analistas orgánicos a los medios electrónicos, legisladores bien o mal intencionados, jueces comunes, magistrados de birrete y concesionarios radiotelevisivos, elite cómplice al fin, sólo desean una pequeña vuelta de tuerca, la introducción de un paliativo momentáneo o la excusa en forma de justificante de buena conducta, aunque ésta sea aparente, para salir airosos del atolladero momentáneo. Una vez conseguido cierto olvido popular o, al menos, bajos decibeles del vendaval crítico, se volverá –esperan– a la usanza cotidiana de sus lucrativos asuntos. Nadie de los conjurados de arriba saldrá herido, si acaso algunos moretones faciales, menos aún perderán la libertad o quedarán bajo investigación judicial. La impunidad es la mezcla que amalgama al conjunto, casi armónico, de complicidades que rige en las alturas decisorias. El castigo sólo se endereza y dirige hacia los de abajo y hacia las desviaciones grotescas de ciertos criminales que rondan en el entorno. Los pocos, los que, bien perfumados desayunan juntos para intercambiar ideas (si las tienen) y valores (que no los tienen) entendidos; los que comen en lugares refinados para chismear o hacer negocios; los que se invitan a bodas de hijo(a)s para sellar compromisos o vacacionan en recluidos retiros para compartir placeres; esos continuarán, por tiempo inmemorial, departiendo de similar manera. Unos obtendrán más que otros, otros envidiarán más todavía a otros, pero todos –esperan no sin ansias e inquietos desvelos– seguirán gozando de lo mucho que hay para repartirse. Aunque no falta alguno que quiera quedarse con todo.
Pero el avance de la crisis económica no parece obedecer a los designios de continuidad de las elites. Tampoco respeta o hace exclusivo el daño. La caída en picada es cierta y dolorosa, asfixiante, mortal para muchos. No podrá ya valer la insistente excusa de su proveniencia externa para mitigar heridas, preservar imagen o para rebajar las furias. Ésta es una crisis que no pasará simplemente porque la minimicen o ignoren en la televisión o la radio, porque la intente disfrazar el discurso del oficialismo. Esta crisis es la que ocasionó la elite nacional en su desventurada carrera al precipicio. Los resultados ya empiezan a cuantificarse en desempleados, en enfermos, en muertos a causa de un sistema de salud pulverizado por la corrupción, por una política suicida de contención salarial que destruyó gran parte de las redes protectoras (IMSS, ISSSTE y demás) que defendían, un tanto siquiera, la retórica popular del régimen imperante. El vendaval se lo está llevando todo, hasta las apariencias de tranquilidad, ya muy tiroteadas por lo demás. Una salida queda en pie, aunque muy tambaleante: el voto colectivo que apunte hacia el recambio de actores y de visión con aquellos que no tienen ataduras con las elites y ofrezcan, con bases creíbles, una ruta honesta para una construcción equitativa de futuro.
Tal recambio tendrá que buscarse por fuera de lo establecido. Es posible, y deseable, que la energía, la determinación y el empuje para la transformación se encuentren en las entrañas del pueblo. Que incuben entre aquellos segmentos que, o bien no han participado en el diseño actual del modelo ni en su tramposa operación, o han llegado, después de muchos tropiezos, angustias y penosos avatares, a la conciencia de lo necesaria, indispensable, que es su participación decidida, y organizada, para sustituir lo dañado y encontrar nuevos acomodos donde las mayorías quepan y decidan.
Arnoldo Kraus /II: Epidemias: retratos de la realidad
La responsabilidad absoluta como concepto moral, que, si en un tiempo fue cosa de Dios, desde Auschwitz es asunto del hombre, escribe Reyes Mate. El filósofo español tiene razón: la responsabilidad hacia los hombres debe nacer de los hombres, sobre todo de los que ostentan el poder. En el caso de los gobiernos no puede haber espacio para la irresponsablidad. Los políticos conocen el significado de las obligaciones que les convienen. Los gobernantes se responsabilizan de sus pares: son escasos los políticos encarcelados, México a la cabeza. La impunidad de los viejos políticos queda protegida por la corrupción de los actuales.
Esa mezcla de patrañas y de mentiras ha permitido que muchas epidemias afloren en México como secuela del añejo incumplimiento de nuestros gobiernos. La influenza porcina 2009 A (H1N1) retrata algunos fragmentos de la realidad. La suma de los gobiernos del PRI y el PAN no han ejercido la doctrina de Reyes Mate: el concepto moral acerca de los seres humanos no se ha transformado en asuntos del hombre. Continúo la discusión iniciada hace una semana.
3. La respuesta de la Secretaría de Salud. Juzgar en retrospectiva lo que se hizo ante una epidemia es fácil. Valorar la respuesta sanitaria en el momento de la emergencia es complejo: son demasiados los avatares y con frecuencia impredecible la agresividad de los virus, sobre todo cuando son desconocidos como el 2009 A (H1N1). Los viejos pensadores médicos lo han explicado de muchas formas: Las enfermedades, los tumores o los virus no leen los libros de texto, es decir, hacen lo que quieren.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y expertos neutros como la doctora Ira Longini, epidemióloga de la Universidad de Washington, Seattle, aprobaron la estrategia de la Secretaría de Salud. Dice Longini, en Science (mayo 2009), una de las revistas científicas más prestigiadas a escala mundial: Pienso que los mexicanos hicieron todo lo que era posible ante una situación virtualmente imposible. Los modelos científicos de Longini sobre las pandemias de influenza han demostrado que es casi imposible para un país detener un brote de un nuevo virus de la influenza. En términos similares se expresó Keiji Fukuda, subdirector general de Seguridad Sanitaria de la OMS: En este momento de la historia, ésta es la mejor vigilancia que se ha hecho.
Si uno repasa los acontecimientos iniciales de la epidemia, dos situaciones afloran. La primera es positiva. Detectar nuevas cepas de virus es muy complejo. Hoy se sabe que la filogenia del virus mezcla cuatro subtipos, dos de cerdo –norteamericano y euroasiático–, uno humano y el restante aviar. Cuando no se conoce el enemigo es muy difícil luchar contra él. Desde el 7 de abril, los investigadores del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) alertaron sobre la presencia de neumonías atípicas en pacientes jóvenes, los cuáles pocas veces son blanco de esas infecciones. La alerta se generó gracias a la sabiduría de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a los clínicos de la ciudad de Oaxaca que detectaron las neumonías atípicas en jóvenes previamente sanos.
Ante esa amenaza, y debido a la falta de recursos, los investigadores del Indre solicitaron la colaboración de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Canadá, quienes después de algunos días lograron aislar el nuevo virus y desarrollar pruebas diagnósticas certeras. Desde el inicio de la epidemia los encargados de la Salud en México se movieron con rapidez. El problema fue la manera de informar. Ese escenario conforma la segunda situación, cuyo resultado ha sido negativo.
Las comunicaciones iniciales de la Secretaría de Salud sembraron primero desconcierto y después pánico. El manejo inadecuado de las cifras, el aumento en el número de muertos y luego el descenso, las incongruencias en el número de contagios, el frecuente y confuso uso de la palabra probable y el total hermetismo acerca de las pruebas que se efectuaban en el Indre generaron mucho malestar. Aunque no comprendo las razones exactas de mal informar, sé que pervive la ancestral incapacidad de nuestras autoridades para decir la verdad.
Sano y ético hubiese sido recurrir a la verdad. Aclarar las razones por las cuales era imposible confirmar los diagnósticos y compartir con la población las afrentas metodológicas que representan los nuevos virus hubiese sido una conducta adecuada. Después de todo, la falta de equipamiento no es responsabilidad del sistema de salud, se debe a que nuestros gobiernos han invertido-robado en otros asuntos. Muchas críticas se habrían ahorrado los funcionarios si hubiesen expuesto la realidad del problema. Corolario: La Secretaría de Salud actuó con celeridad y la Organización Mundial de la Salud aprobó las acciones efectuadas. Se hubiese podido evitar la confusión generada en la población compartiendo las dificultades asociadas a un virus desconocido, incluyendo la imposibilidad para diagnosticarlo.
Nuevamente la influenza 2009 A (H1N1) agotó el espacio. Escribiré la próxima semana sobre estigmatización y politización de la enfermedad, sin dejar de lado la obligación moral de nuestros gobernantes.
José Steinsleger: Ecuador: hacia el “buen vivir” (sumak kawsay)
ebrero 1997. La casi totalidad de las fuerzas políticas y populares de Ecuador se movilizan contra el presidente Abdalá Bucaram. ¿Está loco el gobernante?
En siete meses de ejercicio, Bucaram ha instalado la generalizada sensación de que algo anda muy mal en su gobierno El pueblo asegura que el presidente está loco, y Bucaram asegura que coincide (sic) con la opinión del pueblo. Así es que resulta difícil disentir de lo dispuesto por el Congreso Nacional: destitución por insania mental.
Agosto 1998. El democristiano Jamil Mahuad asume la presidencia. A diferencia de su antecesor, Mahuad parece cuerdo. Pero acaba con la moneda nacional, impone el curso legal del dólar, y permite que Estados Unidos, en el marco contrainsurgente del Plan Colombia para la subregión, construya una gigantesca base naval en Manta, ciudad puerto del Pacífico.
Enero 2000. El pueblo ecuatoriano vuelve a movilizarse. Un nuevo y vigoroso actor social irrumpe en el escenario: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Movimientos sociales y partidos de la izquierda ocupan el Palacio Nacional. Mahuad busca refugio en la embajada de Chile y luego parte con rumbo a Miami.
La sucesión constitucional resuelve el vacío de poder. Luego, un grupo de oficiales liderados por el coronel Lucio Gutiérrez (quien pinta de progresista) sella la alianza con Pachakutik, brazo político de la Conaie.
Noviembre 2002. Gutiérrez se impone en los comicios presidenciales y rápidamente deja en claro lo que es: un agente de la CIA en el interior de las Fuerzas Armadas. Gutiérrez se declara socio del gobierno de George W. Bush y busca el apoyo de la derecha socialcristiana y de Abdalá Bucaram.
Abril 2005. Por enésima vez, el pueblo sale a las calles. Gutiérrez huye del país. Alfredo Palacio, vicepresidente, lo sucede en el mando. En su equipo de asesores, Palacio elige a un joven políticamente desconocido, aunque formado en la llamada teología de la liberación. Poco después, Rafael Correa ocupa la cartera de Economía y Finanzas.
Noviembre 2006. Al frente del movimiento Alianza País (Patria Altiva y Soberana), Correa (quien ha renunciado al cargo) gana los comicios presidenciales con 57 por ciento de los votos.
Enero 2007. Las consignas Poder Ciudadano y ¡Que se vayan todos! encuentran respuesta. El gobierno convoca a un referéndum con el propósito de refundar el país. La consulta es aprobada por 82 por ciento de la ciudadanía.
Correa se revela como fenómeno político que desconcierta a la derecha y, sobre todo, a ciertas izquierdas que nada quieren por debajo de la revolución mundial. No obstante, a regañadientes, le dan el apoyo, en tanto (y con reservas) los indígenas, que aún no se reponen de su experiencia con Gutiérrez, también se lo dan.
Septiembre 2008. Tras ocho meses de debate, 9.7 millones de ciudadanos concurren a las urnas para aprobar o negar el nuevo proyecto constitucional. El sí consigue 70 por ciento de los votos.
El nuevo texto constitucional refuerza el papel del Estado en la economía, legitima los mecanismos de participación directa y reserva al sector estatal el manejo de los recursos naturales, punto de ardua polémica con los indígenas.
Al igual que en Venezuela y Bolivia, la nueva Constitución ecuatoriana permite revocar (a mitad de periodo y por voto popular) el mandato a todos los representantes, incluido el presidente. Desde las pautas de socialismo del siglo XXI, la nueva Constitución se concibe como instrumento político para la instalación de un nuevo modelo de desarrollo.
El texto constitucional refunda Ecuador. La política vuelve a ocupar el lugar que le había quitado el pragmatismo economicista, y la economía retoma su sentido: cómo se distribuyen los recursos, para quiénes y para qué.
En el preámbulo de la novedosa Carta Magna, la Pacha Mama (Madre Tierra) aparece nombrada antes que Dios. La Iglesia católica eleva sus plegarias: ¿la naturaleza por encima de Dios? Con todo, el documento invoca la protección de Dios y, asimismo, registra una expresión de los pueblos milenarios: sumak kawsay (buen vivir).
El concepto de soberanía retoma su sentido: no sólo se la entiende como protección del territorio, sino que clava la bandera nacional en asuntos energéticos, alimentarios, educativos y culturales.
Solidaridad, vida, inclusión son las palabras más nombradas en los 444 artículos de la Constitución. El término jóvenes (inexistente en la Constitución vigente hasta entonces, 1998) se cita en ocho ocasiones.
Abril, 2009. Los ecuatorianos refrendan el mandato de Correa. El presidente obtiene poco más de 52 por ciento de los votos. Dice Correa: No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que, con menos Estado, mejor. En sociedades como las nuestras, peor.
Alejandro Nadal: Swaps de deuda: el monstruo sigue vivo
La administración Obama anunció la semana pasada planes para regular el mercado de derivados. Pero el proceso legislativo es lento y aun cuando el Congreso pudiera aprobar una legislación adecuada en el próximo periodo de sesiones, la puesta en pie de las agencias reguladoras y la maquinaria administrativa necesaria llevará todavía algo de tiempo.
Mientras tanto, el monstruo más temible jamás engendrado por Wall Street sigue vivo. Se trata de los llamados swaps de riesgo crediticio (en inglés, credit default swaps, CDS). De todas las “innovaciones financieras” de los últimos 15 años, los swaps de deuda fueron y continúan siendo el instrumento financiero más destructivo y mortífero.
¿Cuál es la naturaleza de este instrumento? Los swaps de deuda son una cobertura de riesgo crediticio, algo parecido a una póliza de seguro para cubrir la posible moratoria sobre una deuda. Ese contrato derivado parece una operación estándar de seguro: hay una prima y una transferencia de una suma cuando ocurra el evento definido en el contrato (por ejemplo, si la empresa X es incapaz de pagar sus deudas, el asegurador paga al acreedor asegurado el monto del crédito). Pero hay grandes diferencias. Para empezar, estas operaciones no están reguladas. Las entidades que ofrecen este tipo de contratos no están obligadas a mantener reservas relacionadas con estas operaciones.
Los CDS fueron inventados por bancos precisamente para eludir los requerimientos sobre reservas. Si otra entidad absorbía el riesgo (a cambio de una prima), el banco podía liberar sus reservas e incrementar sus operaciones. Los CDS también fueron usados para darle la vuelta a restricciones que tenían inversionistas institucionales (como fondos de pensión) para prestar recursos a empresas con una calificación insuficiente.
El tufo de gran especulación se intensifica al ver que los adquirentes de swaps de deuda no tienen que ser propietarios del instrumento subyacente (digamos, de la deuda original). En contraste con un contrato de seguro, el comprador de un CDS no tiene que demostrar que en caso de moratoria de deuda él sería directamente afectado. Por eso los swaps de deuda dejaron de parecerse a operaciones de cobertura de riesgo crediticio y se fueron convirtiendo más en apuestas sobre si tal o cual empresa caería en bancarrota.
Otra diferencia es que las compañías aseguradoras administran riesgos sobre la base de un análisis estadístico en el que las pérdidas son estimadas a través de variantes de la ley de los grandes números (que no es otra cosa que un teorema probabilístico). En cambio, el riesgo en los swaps de deuda es administrado sobre la base de coberturas financieras y transacciones en los mercados secundarios de bonos (de ahí el nombre de swaps).
En el colmo del libertinaje, las reglas contables usualmente aceptadas no se aplican en el caso de swaps de deuda. Por eso los estados financieros de las entidades que intervinieron en operaciones con CDS son tan poco informativos. Muchos de los males que aquejan al sistema bancario se desprenden de esta falta de transparencia.
¿De qué tamaño es el problema de los swaps de deuda? De acuerdo con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, el valor de los CDS en Estados Unidos es de 62 billones (castellanos) de dólares. Eso es equivalente a más de cuatro veces el PIB de Estados Unidos y es mucho mayor que el valor total de los títulos comercializados en el mercado de valores (22 billones) o el valor de los títulos respaldados por hipotecas en ese país (7 billones).
La proliferación de los CDS en Estados Unidos fue espectacular, pero no se detuvo en ese país. JP Morgan comenzó sus operaciones con estos instrumentos en 1994-95, pero muy rápidamente le siguieron bancos comerciales, de inversión, fondos de pensiones y fondos de cobertura en Europa. Los principales bancos europeos tienen 426 mil millones de dólares en operaciones de swaps con el colapsado gigante AIG. Y es que esos bancos vieron en los CDS el camino para evadir requerimientos de reservas prudenciales y liberar recursos para ampliar sus operaciones crediticias. El sector bancario y financiero contribuyó a la expansión de operaciones con swaps de deuda a escala planetaria.
Los swaps de deuda supuestamente debían servir para diversificar riesgos y mejorar los servicios financieros. En realidad, el riesgo aumentó y llegó a contaminar a todo tipo de empresas, sanas o enfermas. La madeja de interrelaciones entre agentes que intervinieron en los swaps introdujo un ingrediente de fragilidad y de vulnerabilidad insospechado. Por eso una moratoria o una calificación a la baja de una empresa podrían volver a colapsar todo el mercado, generando una crisis más devastadora que la del mercado hipotecario en Estados Unidos. Esta eventualidad no puede descartarse porque simple y llanamente, las agencias reguladoras de estas operaciones no conocen ni su monto exacto, ni su entramado institucional. La aberración que destruyó a Wall Street aún respira.
Lorenzo Córdova Vianello
Patadas al árbitro
Parto de una obviedad: el papel que el Instituto Federal Electoral juega en el diseño institucional es el de ser el árbitro de la contienda política de cara a los comicios federales. En ese sentido, además de resolver los eventuales diferendos que se presentan entre los partidos políticos y sus candidatos durante los procesos electorales, es el encargado de construir las condiciones, a través de los procedimientos establecidos en la ley, para que las elecciones sean libres, auténticas, periódicas y que las mismas se desarrollen en condiciones de equidad, como mandata la Constitución.
Lo anterior, sin embargo, requiere una premisa básica para que el juego democrático pueda llevarse a cabo: que el árbitro sea reconocido por todas las partes y que sea respetado en sus decisiones. Ello supone que, a pesar de las diferencias que puedan existir en torno a sus resoluciones, no sea descreditado y desautorizado por quienes ven afectados sus intereses.
Ello requiere una doble condición. Por un lado, que el IFE actúe de manera imparcial y apegada a la ley para evitar, en lo posible, cualquier acusación de actuar favoreciendo o perjudicando a algún competidor, y para eso la crítica pública y razonada constituye un contexto de exigencia indispensable. Por otro lado, que los contendientes actúen responsablemente y sin lesionar al órgano que, en su momento, le levantará la mano al ganador.
Se trata de dos condiciones, esenciales para que el modelo democrático funciones sin sobresaltos, que implican un compromiso compartido, tanto de quienes tienen en sus manos la toma de las decisiones institucionales, como de aquellos sujetos sobre los que recaen esas decisiones.
En ese sentido, hay que reconocer que algunas de las atribuciones encomendadas al IFE llevan implícita una gran carga conflictiva que tiende a alimentar naturalmente las diferencias y la controversia.
A diferencia de lo que ocurre con la tarea de organización de los comicios propiamente dicha, en torno a la cual existe un interés común en que los ciudadanos se empadronen, se seleccione y capacite a quienes integran las mesas directivas de casilla, se instalen las casillas y se cuenten debidamente los votos, en otros casos las cosas no son tan tersas. Así, las funciones de fiscalización, la resolución de las quejas, la vigilancia de que partidos, candidatos, concesionarios y particulares cumplan con las obligaciones y prohibiciones del nuevo modelo de comunicación política (introducido con la reforma de 2007), entre otras, implican confrontación, roces, malestar de algunos y frecuentemente inconformidades.
Desgraciadamente, conforme avanza el proceso electoral de este año, vemos que la actitud de varios partidos políticos ha sido, en ocasiones, abiertamente descalificadora de la labor del IFE cuando alguna decisión no conviene a sus intereses.
Recuerdo dos ejemplos recientes que son emblemáticos por el tono de las acusaciones. El primero son las declaraciones —afortunadamente aisladas, por ahora— del representante del PAN ante el instituto, que lo acusó de ajustarse a los intereses del PRI cuando decidió sancionar a su partido por la llamada “sopa de letras”. El segundo son las manifestaciones y desplegados con los que el PRI en estos días acusa al IFE de tener alguna intencionalidad política en el error que supuso la no transmisión de varios miles de spots en el proceso electoral de Sonora.
Uno puede entender que en el contexto electoral haya discrepancias con las decisiones del IFE; es natural y hasta sano que ello ocurra; pero cuando esas discrepancias se traducen, irresponsable y recurrentemente, en acusaciones de actuar con fines políticos, se está construyendo un peligroso escenario en el que la autoridad electoral difícilmente saldrá bien librada, y eso a nadie le conviene. Recordar lo que pasó en 2006 es aleccionador en muchos sentidos, pero me hago cargo de que la memoria política suele ser muy breve.
Investigador y profesor de la UNAM
Parto de una obviedad: el papel que el Instituto Federal Electoral juega en el diseño institucional es el de ser el árbitro de la contienda política de cara a los comicios federales. En ese sentido, además de resolver los eventuales diferendos que se presentan entre los partidos políticos y sus candidatos durante los procesos electorales, es el encargado de construir las condiciones, a través de los procedimientos establecidos en la ley, para que las elecciones sean libres, auténticas, periódicas y que las mismas se desarrollen en condiciones de equidad, como mandata la Constitución.
Lo anterior, sin embargo, requiere una premisa básica para que el juego democrático pueda llevarse a cabo: que el árbitro sea reconocido por todas las partes y que sea respetado en sus decisiones. Ello supone que, a pesar de las diferencias que puedan existir en torno a sus resoluciones, no sea descreditado y desautorizado por quienes ven afectados sus intereses.
Ello requiere una doble condición. Por un lado, que el IFE actúe de manera imparcial y apegada a la ley para evitar, en lo posible, cualquier acusación de actuar favoreciendo o perjudicando a algún competidor, y para eso la crítica pública y razonada constituye un contexto de exigencia indispensable. Por otro lado, que los contendientes actúen responsablemente y sin lesionar al órgano que, en su momento, le levantará la mano al ganador.
Se trata de dos condiciones, esenciales para que el modelo democrático funciones sin sobresaltos, que implican un compromiso compartido, tanto de quienes tienen en sus manos la toma de las decisiones institucionales, como de aquellos sujetos sobre los que recaen esas decisiones.
En ese sentido, hay que reconocer que algunas de las atribuciones encomendadas al IFE llevan implícita una gran carga conflictiva que tiende a alimentar naturalmente las diferencias y la controversia.
A diferencia de lo que ocurre con la tarea de organización de los comicios propiamente dicha, en torno a la cual existe un interés común en que los ciudadanos se empadronen, se seleccione y capacite a quienes integran las mesas directivas de casilla, se instalen las casillas y se cuenten debidamente los votos, en otros casos las cosas no son tan tersas. Así, las funciones de fiscalización, la resolución de las quejas, la vigilancia de que partidos, candidatos, concesionarios y particulares cumplan con las obligaciones y prohibiciones del nuevo modelo de comunicación política (introducido con la reforma de 2007), entre otras, implican confrontación, roces, malestar de algunos y frecuentemente inconformidades.
Desgraciadamente, conforme avanza el proceso electoral de este año, vemos que la actitud de varios partidos políticos ha sido, en ocasiones, abiertamente descalificadora de la labor del IFE cuando alguna decisión no conviene a sus intereses.
Recuerdo dos ejemplos recientes que son emblemáticos por el tono de las acusaciones. El primero son las declaraciones —afortunadamente aisladas, por ahora— del representante del PAN ante el instituto, que lo acusó de ajustarse a los intereses del PRI cuando decidió sancionar a su partido por la llamada “sopa de letras”. El segundo son las manifestaciones y desplegados con los que el PRI en estos días acusa al IFE de tener alguna intencionalidad política en el error que supuso la no transmisión de varios miles de spots en el proceso electoral de Sonora.
Uno puede entender que en el contexto electoral haya discrepancias con las decisiones del IFE; es natural y hasta sano que ello ocurra; pero cuando esas discrepancias se traducen, irresponsable y recurrentemente, en acusaciones de actuar con fines políticos, se está construyendo un peligroso escenario en el que la autoridad electoral difícilmente saldrá bien librada, y eso a nadie le conviene. Recordar lo que pasó en 2006 es aleccionador en muchos sentidos, pero me hago cargo de que la memoria política suele ser muy breve.
Investigador y profesor de la UNAM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario