Laura M. López Murillo
(especial para ARGENPRESS.info)
En algún lugar de la partidocracia, muy lejos de la ciudadanía, donde se conciertan las leyes y negocian las reformas, se aplican normas no escritas, un lenguaje alterno y un código perverso; por eso, las normas jurídicas están redactas con eufemismos y palabrejas que pretenden encubrir la realidad y legitimar un círculo vicioso…
En el actual proceso electoral se renovarán la Cámara de Diputados, seis gubernaturas, y en catorce estados, los congresos estatales y los ayuntamientos. El eufemismo letal en este proceso recae en una “renovación” que encubre el constante retorno de los mismos personajes en la escena política; el acento enfatiza la contienda por la mayoría en el poder legislativo.La constante movilidad entre los puestos de elección popular, -- en todas las versiones del poder y en los tres niveles de gobierno-- es la manifestación de otro proceso, de un mecanismo pernicioso que perpetúa en el poder a los protagonistas de la partidocracia.
El resultado de estos comicios legitimará el reciclaje de legisladores: quienes fueron senadores ahora son candidatos para diputados, quienes fueron diputados aspiran a una alcaldía o a una gubernatura, y/o viceversa; en algunos casos, quienes resulten electos cederán el cargo al suplente, y habrá algunos que se incorporarán al legislativo por la vía fácil de las plurinominales.Detrás de las candidaturas deberán releerse biografías ya conocidas, méritos y fracasos que ya son del dominio popular, personalidades con expedientes añejos en el poder.
Todos los candidatos pertenecen, o aspiran incorporarse, a la legislatura, que actualmente es el sector con menos credibilidad entre el electorado y con la peor reputación entre la ciudadanía.Y ya sean estos o aquellos, los personajes que pululan en el legislativo y que ahora buscan reacomodarse, fueron quienes aprobaron la reforma electoral que ahora restringe las “expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos, o que calumnien a las personas”, que prohíbe las campañas negras y el proselitismo beligerante.
La pseudo reforma electoral vigente es la secuela del conflicto post-electoral del 2006; divulgada como un éxito sin precedentes del Congreso, el cinismo de los legisladores se perciba en una reforma electoral que prohíbe denigrar en público a quienes habitan el entorno denigrante de la partidocracia, y que es el resultado de las negociaciones para la aprobación de la infra reforma fiscal que ahora flagela a los contribuyentes con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE) y el aumento a la gasolina.
Debido a las limitaciones de una reforma electoral diseñada a la medida de la partidocracia, y a la deleznable imagen que los legisladores han sostenido por méritos propios entre los electores, el proselitismo inició con un vulgar golpeteo entre los partidos PRI y PAN, continuó con una serie de confesiones comprometedoras que generaron un intercambio insufrible de dimes y diretes, estrategia desgastada que ya no provoca polémica ni despierta el interés público.
Por eso, uno de los recursos que habrán de explotarse serán los testimoniales de deportistas destacados y celebridades que gozan del reconocimiento social apoyando a determinado partido.El único dato confiable en las encuestas es el porcentaje del abstencionismo que mantiene una evidente tendencia al alza. No obstante, la partidocracia impone las reglas del juego, eliminando cualquier posibilidad para las candidaturas ciudadanas e independientes y negando categóricamente la viabilidad del voto en blanco.
Es obvio que las elecciones intermedias se decidirán en el forcejeo de las militancias, y que el resultado reflejará exclusivamente al voto duro, porque el abstencionismo sólo perjudica al electorado; las huestes partidistas son las beneficiarias directas e inmediatas de la ausencia de los ciudadanos en los comicios.Hay quienes opinan que para revertir el fenómeno del abstencionismo galopante sería conveniente adjudicar un carácter obligatorio al voto. Hoy por hoy, en el mecanismo electoral vigente existe un resquicio para expresar la opinión o el rechazo de la ciudadanía: el voto por candidatos no registrados y el voto nulo. Aunque estas opciones no alteran el resultado de los comicios, son un indicador de la opinión pública y permite que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
El eco de la opinión ciudadana es un imperativo en una democracia, y mientras las reglas de la contienda legitimen los intereses de la partidocracia, se agudizará la distancia entre los electores y los legisladores, perpetuando en el poder a una elite que aplica leyes no escritas, un lenguaje alterno y un código perverso que pretenden encubrir la realidad y legitimar un círculo vicioso…
Laura M. López Murillo es Lic. en Contaduría por la UNAM.
Con Maestría en Estudios Humanísticos
Especializada en Literatura en el Itesm
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