Pedro Echeverría V.
1. Las organizaciones sociales, los dirigentes campesinos, obreros, populares, así como los luchadores izquierdistas, tienen que preocuparse, con mucha seriedad, ante el incremento de organismos militares y civiles de represión en México. No solamente el ejército ha ocupado las calles en decenas de estados de la República “persiguiendo el narcotráfico”, sino que además se han estado aprobando leyes que legitiman el cateo de domicilios sin una orden, la intervención de teléfonos privados y la prohibición de manifestaciones callejeras de protesta. Sumando a lo anterior se han comenzado a recibir apoyos de los EEUU por el llamado Plan México y a cerrar las fronteras del norte y del sur del país para evitar que “terroristas” entren a ese país.
2. Hoy los medios informativos han publicado que el presidente ilegítimo Felipe Calderón se ha negado a suscribir la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, porque el mandatario panista es el principal promotor de la contratación de servicios de seguridad privada, formada por ex militares extranjeros. “Calderón abre las puertas para que compañías militares privadas operen en el país. Viola la soberanía nacional, pone en riesgo la seguridad y al Ejército Mexicano, y con el pretexto del combate al crimen organizado permite la conformación de grupos paramilitares con la anuencia y protección de la administración pública federal”, expuso en la Cámara el diputado Suárez del Real de la oposición.
3. Según datos publicados en La Jornada, la fuerza privada, armada y entrenada, corresponde a 10 por ciento del Ejército Mexicano y más de 50 por ciento de la Policía Federal Preventiva. En México, según los datos proporcionados por el propio gobierno federal, existen 2 mil 20 empresas privadas, 475 con autorización federal y otras mil 545 con autorización de los gobiernos locales. Su fuerza operativa total alcanza los 21 mil 525 elementos. Sin embargo, las más peligrosas, son las organizaciones políticas y paramilitares que funcionan “al margen de la ley” y responden a poderosos grupos de poder tal como sucede en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz donde han provocado asesinatos de gente civil; los han denunciado como asesinos al servicio del poder.
4. En el combativo estado de Oaxaca, según se ha denunciado, al amparo del ex secretario general de gobierno, Franco Vargas, el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, armó un grupo paramilitar a su servicio, para mantener en su poder el predio donde se ubican las bodegas del periódico NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, para atacar a los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y agredir a periodistas. El equipo de sicarios cuenta con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, drogas y vehículos que les proporciona Franco Vargas, el dirigente estatal de la CROC, Aguilar Robles a través de su lacayo Juan Luis Martínez, y un narcotraficante de la zona identificado como "El Loco". Sigue la denuncia, además de la preocupación.
5. Además, según publicó Proceso en 2005, más de12 mil campesinos conforman un cuerpo armado de “fuerzas o guardias rurales” que se distribuyen en 21 estados de la República seleccionados por el ejército nacional por ser puntos de rebeldía o conflicto; el objetivo de esos cuerpos armados de campesinos (que al parecer existieron desde mediados del siglo XIX y fueron creados por el mismo Benito Juárez), es el de vigilar y comunicar sobre movimientos de insurrección y, al mismo tiempo, el de intimidar a los pueblos humildes de campesinos e indígenas para que no se atrevan a insurreccionarse. Esta es, sin duda, una situación de amenaza y provocación que ha instrumentado el gobierno buscando “garantizar las condiciones de gobernabilidad”..
6. Mientras tanto el ejército federal “enfrenta” a los llamados Zetas (el ejército de los narcotraficantes) que cuando pertenecieron al ejército federal se capacitaron en la Escuela de las Américas cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales mexicanos para combatir la contrainsurgencia y
7. Carlos Fazio, uno de los más destacados analistas en cuestiones militares, escribió en La Jornada en 2003 sobre Colombia acerca de los planes del Pentágono yanqui, el Plan Colombia y los fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadounidenses. Dijo –como si hablara del Plan México- que esos planes comprenden la formación -bajo asesoría estadounidense y de empresas de “contratistas”- de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geo económica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrolera, hidroeléctricas, canal interoceánico, agro industrias); la reestructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio.
8. Es indudable que el gobierno de Calderón, al ordenar la salida del ejército de sus cuarteles y aprobar la organización privada de paramilitares, cuenta con asesoría de los EEUU. El gobierno de Obama, así como en su tiempo el de Bush o Clinton, no puede dejar de intervenir para ayudar a un gobierno vecino que le ha abierto las puertas del país y está dispuesto a aceptar su dirección. México, además de traspatio yanqui, es país clave para garantizar la seguridad económica y militar del vecino del Norte, por eso la asesoría militar es obligatoria. Estamos caminando la mismísima ruta que los EEUU trazaron en el Plan Colombia hace nueve años que consistió en pretextar el combate al narcotráfico para luego convertirlo en combate contra las FARC y los grupos radicalizados de izquierda.
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