(especial para ARGENPRESS.info)
La administración de Barack Obama anunció el pasado viernes que un tribunal militar del Pentágono se hará cargo del proceso judicial de algunos detenidos de la cárcel de Guantánamo, Cuba.La noticia se produce en sincronía con la elección de Estados Unidos el 12 de abril por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este órgano fue diseñado para monitorear el cumplimiento de acuerdos internacionales que velan por los DDHH.
Washington había manifestado un permanente desacuerdo de la forma en que estaba concebido y de sus procedimientos.La Embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, cuando se le preguntó sobre esta decisión, enfatizó la necesidad de reformar el Consejo.
La primera información ha causado una fuerte reacción contraria en juristas y defensores de los DDHH en EEUU, especialmente aquellos que sostienen que con la medida anunciada se estaría violando las normas que determinan los instrumentos internacionales.La entrada de EEUU al Consejo que vela por los DDHH, si bien puede ser considerada un paso importante en su reinserción en el multilateralismo, también genera expectativas encontradas respecto hasta qué punto la lógica de la supremacía -que es parte de su filosofía política- se va a adaptar al universo del Derecho Internacional.
Una potencia con cultura de supremacía, - eufemísticamente se le confunde con liderazgo- desde un plano práctico es reacia a ser controlada. Y es precisamente ese ámbito de órganos de control el que genera rechazo en EEUU.En este momento en que EEUU entra al Consejo de DDHH de la ONU, enfrenta el problema de las torturas en la cárcel de Guantánamo y el procesamiento de detenidos por tribunales militares.
La medida de encargar al Pentágono para formar comisiones militares para juzgar confirma la tendencia de ser EEUU una de las naciones con menos vocación de adherir a los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos, como queda demostrado en Derecho Internacional (pp.1029; Madrid 1997), un erudito texto de análisis crítico del catedrático español Antonio Remiro Brotons y un grupo de autores asociados.EEUU todavía no firma ni ratifica el protocolo de la Corte Penal Internacional (ICC Statute 1998 Roma ) que juzga a las personas que han cometido genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, secuestros entre otras violaciones.Su status especial de potencia mayor le ha conferido un “derecho” de negociar su compromiso con los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, y políticos que le dan cuerpo y vida a la Declaración Universal.
Ese derecho de alguna forma está sustentado por el resto de las naciones debido al sistema de alianzas y a la pasividad, aunque también están los resabios de una guerra fría que no se desactiva.El argumento para justificar esa adhesión con fórceps a los instrumentos jurídicos de D.I. y a sus mecanismos institucionales está sustentado por lo general a la necesidad reformar los organismos.Por cierto, EEUU ha sentido siempre incomodidad con el derecho internacional naciente, y aunque el fenómeno no es de su exclusividad, el hecho de haber estructurado su óptica del derecho internacional a partir de una visión de supremacía, lo hace proclive a conservar esa condición.
A partir de la estratégica decisión de organizar una “guerra internacional contra el terrorismo”,-hasta este punto hecha doctrina-, EEUU se ha transformado en un estado de excepción, difícil contener. Al mismo tiempo le ha permitido introducir un sistema paralelo de interpretación del derecho internacional.Las torturas en la cárcel de Guantánamo y el mantener los tribunales militares para juzgar a los detenidos en esta prisión, conducen a pensar que estamos frente a un estado de excepción.Y no podría ser de otra forma. La constitución de EEUU en su origen se gesta como un vector orientado a la expansión protegiendo su capacidad de país de intervenir en ultramar. EEUU con su interpretación del DI, trata de evitar el abigarrado abanico de instrumentos convencionales de vocación universal como lo define A. R. Brotóns.
Todo lo anterior vuelve a colocar en el primer plano el instrumento más potente de última generación que dispone el Derecho Internacional como es la Corte Internacional Penal, o el Estatuto de Roma (1998).Se ha programado una primera conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que se llevaría a cabo en Kampala (Uganda) durante la primera mitad de 2010. El estatuto se ratificó en julio 2002 con 66 países (se necesitaban 60).Esta conferencia usará la provisión del estatuto de Roma para que sea revisado en su artículo 124.
Este es un protocolo de tipo opcional que permite a los estados no someter a sus ciudadanos a la jurisdicción de la Corte por un período de siete años respecto a crímenes de guerra.Es así que hay mucha inquietud en los defensores de los DDHH. Al centro del debate se sitúa el tema de la tortura como sistema de represalia y obtención de información, y los subterfugios de los países para evitar el control.La impronta de una potencia en guerra internacional contra el terrorismo es el legado político que más está pesando en la nueva administración.
Significará probablemente que otras medidas como esta adoptada con los detenidos de Guantánamo, cargadas de un exceso de pragmatismo innecesario y deformante en una agenda reformadora ante la cual se ha generado una expectativa mundial positiva.Nunca EEUU, especialmente por el discurso de la actual administración, había estado al frente de una oportunidad tan abierta y clara para hacer despegar un nuevo paradigma en DDHH, y menos desvirtuado por la mediatización política.Foto: Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. / Autor: Check Kennedy – White House
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