Criminaliza la pobreza, como ocurre en Cuernavaca
Por Nasheli Arellano
México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- Sesenta Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron que la iniciativa de los senadores Mario López Valdés y Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para modificar el Artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños vulnera los derechos de la infancia.
En conferencia de prensa, explicaron las OSC que la iniciativa, presentada el 6 de mayo pasado, pretende que se remita a los menores de edad en situación de calle a instituciones gubernamentales, como las del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que se multe a las autoridades que no sigan la indicación.
Con ello, afirmaron las OSC, se criminaliza la pobreza. Alicia Vargas, consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), declaró que esa reforma forma parte de una estrategia de limpieza social impulsada por el aparato gubernamental.
Aurora Cuevas, también de la RDIM, alertó que estas decisiones buscan anular a un sector de la población, en lugar de atender la pobreza, “una tendencia que se ha registrado en otros países de América Latina como Guatemala, donde cuatro menores de edad fueron torturados y asesinados y cuyos casos se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)”.
Por su parte, Pedro Ameglio, de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)-Morelos, resaltó el clima de tensión social que se padece en la ciudad de Cuernavaca desde el pasado 23 de enero, fecha en la cual se prohibió el trabajo en la calle (vía pública, plaza o avenida).
También expresó su preocupación por los argumentos planteados por el Gobierno local, que señala textualmente: “los trabajadores de la calle son focos de infección social, son promiscuos, alejan a los turistas y afean la ciudad”.
Es una ley que genera prejuicios en la población y estigmatiza a la niñez que trabaja en la calle, afirmó Ameglio, “porque sacar a las y los pobres de la calle es sólo una primera fase para el proyecto Cuernavaca turista y quien incumpla con la ley recibirá castigos como el pago de 100 días de salario mínimo y 36 horas de cárcel mínimo”.
Por otra parte, Martín Pérez, de la organización El Caracol AC, exhortó a las autoridades a atender en el ámbito institucional a las niñas y niños, y pidió a las autoridades que piensen este tipo de reformas, como la planteada por los senadores priistas y la vigente en Cuernavaca, que no prevén los suficientes recursos públicos para albergar a menores de edad y abre la puerta a la impunidad, como ocurre con Casitas del Sur.
Por Nasheli Arellano
México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- Sesenta Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron que la iniciativa de los senadores Mario López Valdés y Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para modificar el Artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños vulnera los derechos de la infancia.
En conferencia de prensa, explicaron las OSC que la iniciativa, presentada el 6 de mayo pasado, pretende que se remita a los menores de edad en situación de calle a instituciones gubernamentales, como las del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que se multe a las autoridades que no sigan la indicación.
Con ello, afirmaron las OSC, se criminaliza la pobreza. Alicia Vargas, consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), declaró que esa reforma forma parte de una estrategia de limpieza social impulsada por el aparato gubernamental.
Aurora Cuevas, también de la RDIM, alertó que estas decisiones buscan anular a un sector de la población, en lugar de atender la pobreza, “una tendencia que se ha registrado en otros países de América Latina como Guatemala, donde cuatro menores de edad fueron torturados y asesinados y cuyos casos se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)”.
Por su parte, Pedro Ameglio, de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)-Morelos, resaltó el clima de tensión social que se padece en la ciudad de Cuernavaca desde el pasado 23 de enero, fecha en la cual se prohibió el trabajo en la calle (vía pública, plaza o avenida).
También expresó su preocupación por los argumentos planteados por el Gobierno local, que señala textualmente: “los trabajadores de la calle son focos de infección social, son promiscuos, alejan a los turistas y afean la ciudad”.
Es una ley que genera prejuicios en la población y estigmatiza a la niñez que trabaja en la calle, afirmó Ameglio, “porque sacar a las y los pobres de la calle es sólo una primera fase para el proyecto Cuernavaca turista y quien incumpla con la ley recibirá castigos como el pago de 100 días de salario mínimo y 36 horas de cárcel mínimo”.
Por otra parte, Martín Pérez, de la organización El Caracol AC, exhortó a las autoridades a atender en el ámbito institucional a las niñas y niños, y pidió a las autoridades que piensen este tipo de reformas, como la planteada por los senadores priistas y la vigente en Cuernavaca, que no prevén los suficientes recursos públicos para albergar a menores de edad y abre la puerta a la impunidad, como ocurre con Casitas del Sur.
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