cirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Sociólogo, consultor independiente
José Antonio Crespo
El mexicano feo
Buena parte de las dificultades que históricamente han dividido a México y Estados Unidos es que, siendo el segundo más fuerte, rico y próspero que el primero, muchos mexicanos han deseado incorporarse de una u otra forma a ese atractivo modelo económico, social y político. Quizá los sentimientos antiestadunidenses que afloran en la historia oficial, en discursos públicos y en conversaciones privadas, tienen menos que ver con la forma de ser estadunidense y más con el hecho de que sufrimos un constante rechazo de nuestros vecinos, repudio expresado de diversas formas. Agustín de Iturbide dijo, a quien sería el primer embajador de Estados Unidos en este país, Joel Poinsett, que nosotros no teníamos ni la tradición ni la cultura para adoptar un régimen democrático (la tesis conservadora). No deja de ser irónico que muchos liberales, que sí deseaban la democracia como forma de gobierno, terminaran convencidos de que, en efecto, México no podría instaurar un régimen democrático por sí mismo y que sería mejor integrarnos a Estados Unidos, es decir, a una democracia ya establecida, a la cual podríamos asimilarnos más fácilmente.Ejemplo emblemático de ello lo es el liberal Lorenzo de Zavala, notable político e intelectual mexicano, quien, al escoger entre democracia y nacionalidad, eligió la primera al apoyar la independencia de Texas, de la cual fue primer vicepresidente. Pero Zavala no era el único que así pensaba. Aun en la experiencia traumática de la guerra de 1847, en la que perdimos la mitad del territorio, se expresaba la dualidad amor-odio hacia esa pujante república. Por ejemplo, el ex gobernador de Zacatecas, Manuel González Cosío, escribió a Valentín Gómez Farías: “Si como la posición geográfica de nuestro desgraciado estado es tan central, si fuera limítrofe, siquiera como Chihuahua, habríamos proclamado nuestra independencia y aun nuestra unión a los EU. Sí, nuestra unión a aquella República, porque en la forzosa y dura alternativa de perder la libertad o la nacionalidad, la elección es muy obvia. Texas ha hecho mil veces bien, y lo mismo hará California”.
Nicholas Trist, el negociador estadunidense de la paz con México, reportaba a su gobierno que los liberales más extremos hacían esfuerzos por prolongar la guerra para así allanar el terreno a una anexión total, y de esa manera podría prevalecer, por vía indirecta, la democracia en este territorio: “Que México vaya a convertirse en parte de los EU, es algo seguro —le decían—. ¿Y por qué no hacerlo hoy en lugar de esperar diez o veinte años más? Si ya están aquí, ¿por qué no se quedan?”. Pero mientras muchos mexicanos animaban el anhelo de incorporarnos a la Unión Americana, allá mismo se sostenía un intenso debate sobre si quedarse sólo con una parte del territorio mexicano o de una vez anexarlo todo. Las razones de quienes se oponían a la anexión total eran, por un lado, el hecho de que en el Congreso se había puesto la condición de que todo territorio nuevo estaría libre de esclavitud. Por lo cual, los esclavistas no vieron con buenos ojos la anexión total, pues quedarían en franca minoría. Pero otra razón poderosa fue la de quienes creían que, de anexarse todo México (con sus cerca de ocho millones de habitantes), las instituciones democráticas se desvirtuarían, no podrían soportar el peso de tantos nuevos ciudadanos que nada sabían de civilidad y democracia. Las sabias y eficaces instituciones estadunidenses —sostenían— se habían diseñado para población blanca, no para una raza mestiza “que había heredado todos los vicios de sus dos raíces étnicas, y ninguna de sus virtudes”. Ganó, pues, la posición de quienes sólo querían anexar los territorios menos poblados de México, con cerca de 100 mil mexicanos, que como quiera podrían ser asimilados sin que reventaran sus instituciones y forma de vida.
Hoy en día, cerca de 20 millones de mexicanos han sido asimilados adecuadamente a la forma de organización económica y política de Estados Unidos, y la gran mayoría se ha adaptado muy bien.
Inclusive, indeseables prácticas y conductas que son habituales en México, se transforman allá relativamente pronto, a causa de los fuertes incentivos económicos, sociales y políticos que el modelo estadunidense suscita en los emigrantes mexicanos.
El problema es que son también muchos los estadunidenses que, como en el siglo XIX, nos siguen considerando un elemento alienante, difícil de integrar y, por ende, francamente indeseable.
El 24 de abril de 2010 el encabezado de la noticia principal de La Jornada informaba: “Por ley, ahora en Arizona el indocumentado es ‘criminal’”. Dos títulos agregaban otras circunstancias: Obama considera irresponsable la norma; se minan nociones básicas de justicia, reconoce;
Autoridades mexicanas, obligadas a replantear esquemas de cooperación con esa entidad: SRE. Sendas noticias, cruda realidad.
Para nuestros vecinos el tema central es la ilegalidad y los vicios que ésta acarrea, sobre todo, Brewer dixit, violencia, problemas asociados al narcotráfico y conductas inadecuadas de los indocumentados, en su mayoría, mexicanos y centroamericanos. Para nosotros, el tema central es la amoralidad de la decisión.
Además de ser muchas las teselas del mosaico arizoniano, buena parte están rotas y otras se han extraviado. Los que no se han extraviado son los ciudadanos de Arizona que contratan indocumentados de acuerdo a su justicia económica. Tampoco se han extraviado los trabajadores migratorios que arriesgan sus vidas en aras del trabajo negado por los infames gobiernos de nuestros países. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, su equipo, y nuestros políticos, son los responsables de promover una ley que podría acarrear graves problemas. Ni la contratación espuria de indocumentados ni la debilidad crónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país deben pasar inadvertidas.
La nueva ley permitirá, en caso de aprobarse, criminalizar a todo indocumentado en Arizona; además, faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero ilegal
. La ley, conocida como SB1070, amenaza con reducir a polvo algunas teselas del mosaico vigente entre nuestra nación y Estados Unidos. Derechos civiles, justicia y derechos humanos son algunos de los conceptos que se verán afectados por la propuesta de la gobernadora republicana. Atropellar esos principios deviene estigmatización y la autorización de maltratar. Entre esas circunstancias y el racismo, la frontera es endeble. En ese entramado es imposible soslayar el nacimiento del Tea Party, movimiento que reúne activistas de derecha y de ultraderecha. Buena parte del electorado estadunidense comparte la ideología derechista del joven partido. La ley Brewer será, sin duda, atractiva para los simpatizantes del Tea Party.
No ignoro que en Estados Unidos cohabitan personas de múltiples nacionalidades y que en muchas ocasiones esa nación les ha dado la oportunidad de trabajar y mantener a sus familiares en sus países de origen. Buen ejemplo de ese fenómeno es nuestra nación. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos constituyen, habiendo disminuido el turismo, la segunda fuente de ingreso de nuestro país. Huelga decir que esa realidad no justifica ninguna acción como la que pretenden implementar en Arizona.
La Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) podría entrar en vigor a principios de septiembre. De aprobarse, aunque algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, deploraron la promulgación de la ley, es muy factible que la iniciativa contagie
a otros políticos. La crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos, la figura de Obama, denostado por los grupos reaccionarios y el rápido ascenso del Tea Party –tiene menos de un año de existir–, son buena semilla para que la propuesta de Brewer se disemine.
En Arizona existe un campo de prisioneros en el condado de Maricopa donde viven entre alambradas cientos de reos a los que se les obliga vestir uniformes y calzones rosas. Zaherirlos es la meta del sheriff. En ese mismo estado, los inmigrantes, contratados ilegalmente y explotados ad nauseam sobreviven en condiciones precarias. El problema es mayúsculo. Los sin papeles
emigran para sobrevivir, los contratan ilegalmente, les pagan sueldos magros, la violencia aumenta y el rechazo social se multiplica. El problema, además de ser mayúsculo, no tiene solución. Ni en México ni en Centroamérica las condiciones de vida de los pobres mejorarán. Basta repasar la historia de nuestros viejos políticos, escuchar a la mayoría de los actuales y conocer la miseria de la mayor parte de los habitantes de nuestras naciones para entender que el flujo de sin papeles
no cesará. Por esas razones, la aprobación de la ley causaría graves problemas. Justicia es no sólo una palabra bella. Es un bien universal. Atropellarla daña la dignidad de la persona. Es obligación de nuestro gobierno luchar por la dignidad y la justicia de los connacionales en Estados Unidos.
Ilegalidad es un término que no debe aplicarse solamente a la migración de personas sin documentos. Los millones de sin papeles
han sido, desde hace décadas, factor imprescindible para la economía estadunidense. Esos trabajadores han sido contratados ilegalmente y, muchas veces, explotados. Criminalizar a los indocumentados presagia malos, muy malos tiempos. Maltrato y estigmatización son males menores. Cazar indocumentados es una vieja propuesta de algunos estadunidenses. Ahora, en Arizona, quieren legalizar ese deseo. Lo peor es que ahora el Tea Party cuenta con un nuevo sabor: Brewer.
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