Editorial La Jornada.
A la luz de los elementos de juicio disponibles, los sucesos comentados son consecuencia insoslayable de la actitud cuando menos omisa con que se ha desempeñado el gobierno estatal encabezado por Ulises Ruiz. Y esto no sólo se refiere a la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas en una radiodifusora local por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización de corte paramilitar a la que se atribuye la autoría del atentado y que mantiene, según han denunciado diversos organismos humanitarios, un férreo aislamiento sobre la comunidad de Copala– de que no dejaría pasar la caravana agredida, sino también a la incapacidad o falta de voluntad del Ejecutivo estatal para desalojar a los paramilitares que aún se encuentran en la zona y que dificultan, según informes procedentes del sitio, el rescate de los sobrevivientes de la agresión.
Las consideraciones referidas, así como la renuencia inicial del mandatario oaxaqueño por actuar ante estos hechos –a los que se refirió en una primera reacción como un enfrentamiento
entre activistas y agresores, y cuestionó la presencia de ciudadanos extranjeros en la región– plantean una perspectiva paradójica y preocupante: si hasta ahora el gobierno oaxaqueño se había venido caracterizando, al estilo de los regímenes priístas tradicionales, por un férreo control político y social sobre su territorio y por perseguir y criminalizar expresiones de disidencia –como quedó de manifiesto con la represión ejercida hace más de tres años sobre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, la impunidad con la que operan los poderes fácticos y la incapacidad de las autoridades estatales para implantar el estado de derecho en la región triqui siembran una inevitable percepción de vacío de poder en esa entidad.
Si es verdad, en cambio, que el gobierno oaxaqueño mantiene vínculos con la Ubisort, como han sostenido los integrantes de la comunidad de Copala y distintos activistas sociales, entonces su titular pudiera estar incurriendo en responsabilidades mucho más graves que la manifiesta omisión con que se ha desempeñado hasta ahora.
Desde una perspectiva más general, los sucesos del pasado martes constituyen un indicador de la catástrofe que recorre al país en materia de seguridad pública y legalidad, y ensombrecen el de por sí complicado panorama de la violencia en México: según puede verse, éste no sólo está marcado por la operación de grupos vinculados al narcotráfico en distintos puntos del territorio nacional –grupos cuyo poder no parece haber disminuido en el curso de la guerra
emprendida por el gobierno federal–, sino también por la acción cada vez más desembozada de grupos paramilitares en el sur del país.
En tal escenario, se debe exigir a las autoridades estatales y federales que emprendan una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos, sancionen a los responsables y eviten, en esa medida, un descrédito mayor al que actualmente padecen las instituciones federales, estatales y municipales del país.
La otra disputa por Chihuahua
La más reciente muestra pública de esta batalla son las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las que responsabiliza al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), implementado en Chihuahua desde 2008, del desgobierno
que priva en la entidad.
Algo de razón tiene Gómez Mont. Si bien no se puede considerar que el NSJP sea el causante del desgobierno
que priva en la entidad, no puede ignorarse su contribución a que el problema de la violencia y la inseguridad no se solucionen. Vayan algunos datos:
Este nuevo sistema, de juicios orales, se puso en práctica con gran apoyo técnico, organizativo e incluso económico de organismos como la USAID y la agrupación Pro-Derecho a partir de 2004. Sin embargo, aunque el sistema en el papel es bueno, la preparación no sólo técnico-jurídica, sino también de actitudes de sus operadores: agentes del Ministerio Público y jueces, sobre todo, ha dejado mucho que desear. En buena parte debido a la sobrecarga de trabajo, a la improvisación, a la falta de criterio de ellos; en muchos delitos, sobre todo, asaltos, hurtos de vehículos y violaciones, los presuntos responsables han quedado en libertad o, cuando mucho, en arraigo domiciliario, con gran costo para el erario estatal.
Por otro lado, según datos del Inegi, en 2008, cuando se instauró en toda la entidad el NSJP, se registraron un total de 2 mil 678 homicidios, de los cuales 2 mil 101 fueron dolosos, cifra tres veces superior a la del 2007. No obstante ese incremento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó ante jueces de primera instancia a sólo 253 personas como presuntos homicidas, cantidad inferior a los 379 sentenciados el año anterior, cuando sólo se cometieron 708 asesinatos. Además, al terminar 2008, primer año de funcionamiento del NSJP, quedaron pendientes de resolver 45 mil asuntos, cifra casi cuatro veces superior al rezago de 2007 (Ahora mismo, nota de Alejandro Salmón).
Por si esto fuera poco, los ministerios públicos de la PGJE están reventando. Mal pagados, muy presionados, con expedientes mal integrados, amenazados por la delincuencia, empiezan a aventar los bártulos. Acaban de renunciar varios, enviados a Ciudad Juárez, por el miedo a represalias del crimen organizado.
Así esté al borde del colapso el NSJP en Chihuahua, el aserto del secretario de Gobernación tiene muchos puntos endebles. Él, como responsable de la política y seguridad interiores, es también responsable en parte del desgobierno
de Chihuahua. Si bien la criminalidad se dispara en el estado coincidentemente con la implementación del NSJP, también coincide esta explosión delincuencial con el comienzo de los operativos conjuntos, es decir, con la llegada y despliegue en las calles norteñas de elementos del Ejército y de la Policía Federal. Además, las cifras de detenciones y sentencias realizadas por la PGR son abrumadoramente inferiores a la proporción de delitos federales cometidos. Y si atendemos no sólo a las causas inmediatas de la escalada de crimen, hay graves omisiones de política de seguridad pública y de desarrollo social tanto en el gobierno del estado como en el gobierno federal que propiciaron el deterioro social y el crecimiento de las organizaciones criminales.
Entonces, lo que sucede es que, aun habiendo renunciado a su partido, Gómez Mont está actuando sectariamente en esta coyuntura electoral: ataca a un gobierno priísta y no asume la parte del Ejecutivo federal, panista, en la situación de desgobierno generalizada por lo menos en los estados de la frontera norte. Al mismo tiempo trata de curarse en salud por la fallida estrategia desplegada por el gobierno federal en contra del narcotráfico y el fracaso rotundo del programa calderonista Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad.
Vuelve a reiterarse la evidencia: a pesar de que se sigue hablando de operaciones coordinadas
, a pesar de que se organizan reuniones del más alto nivel de los gabinetes estatal y federal de seguridad, la realidad es que no hay coordinación y la estrategia conjunta brilla por su ausencia. Ante la inseguridad y la violencia en Chihuahua podrá haber, si mucho, políticas de un orden de gobierno, no estrategia de Estado.
La disputa no es, entonces, por restablecer la paz con justicia en Chihuahua. Lo importante es ganar las elecciones de julio próximo, no ganar esta sin pies ni cabeza “guerra contra el narco”.
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