TIEMPO DE MUJERES

Caso emblemático del deterioro de los DH en el país: abogados
Exigimos una disculpa pública de quien nos acusó: Alberta y Teresa

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 29 abr 10 (CIMAC).- Tímidas, pero con un gesto de alegría en el rostro, las mujeres otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, demandaron hoy ante una sala llena de periodistas nacionales y extranjeros una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que las acusó de “secuestro equiparado”.

Porque tres años y ocho meses en la cárcel “no hay cómo pagarlos” dijo Teresa, quién acompañada por Alberta, sus abogados y su familia dieron una conferencia de prensa en esta ciudad, luego de que ayer por la tarde se acató la orden que giró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fueron liberadas del penal de San José El Alto, Querétaro.

Vestidas con sus trajes regionales, antes de hablar sobre la resolución de la SCJN que ayer reconoció su inocencia, y revocó la condena que les fue impuesta a 21 años de prisión, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) proyectó un video sobre su liberación.

En la imagen se observa que Teresa lleva en brazos a su hija Jazmín y junto con su cuñada Alberta recorren un pasillo y llegan al lugar donde firmaron su salida del penal. Ya libres, afuera del reclusorio, las esperan en una camioneta sus abogados, Leopoldo Maldonado y Andrés Díaz. Todos felices porque se hizo justicia.

Luego de ser liberadas viajaron a la ciudad de México y esta mañana hablaron ante los medios sobre los delitos que les imputaron: secuestrar a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en marzo de 2006 y además a Alberta se le inculpó de posesión de cocaína.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Después de esta experiencia dicen que regresarán a su casa en Querétaro, no tienen planes a futuro, sólo quieren estar con sus familias, aunque confiesan tener miedo. "Tengo miedo, porque me detuvieron con engaños, y cuando estaba en la PGR me dijeron que ninguna india se había atrevido a levantar la voz y por eso fue la venganza", dijo Alberta.
Por su parte Leopoldo Maldonado afirmó que aunque en México las leyes y mecanismos jurídicos son “insuficientes e ineficientes”, actuarán conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para demandar la reparación del daño.
En cuanto a la actuación de los jueces, Andrés Díaz, recordó que hay un proceso que seguir ante el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar a quienes las juzgaron injustamente porque “ni siquiera existió un delito”, se les detuvo con engaños, no tuvieron un traductor y los agentes fungieron como víctimas, investigadores y testigos.
REACCIONES SOLIDARIAS

Finalmente Alberta y Teresa agradecieron las muestras de solidaridad, a toda la gente que las apoyó, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación, quienes de acuerdo con Luis Arriaga, director del Centro Prodh, contribuyeron a evidenciar la deteriorada situación de los derechos humanos.

En tanto, organismos nacionales e internacionales celebran la liberación de ambas indígenas. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que se hizo justicia y que ahora las autoridades correspondientes deben reparar el daño causado.

A esta reacción, hoy se sumaron Amnistía Internacional (AI) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), ambos organismos coincidieron en que Alberta, Teresa y Jacinta, en su calidad de mujeres indígenas y pobres, víctimas de detención arbitraria, tienen derecho a una reparación en la que se incluya la perspectiva de género.

En comunicados de prensa por separado, estas instancias internacionales afirmaron que este caso evidencia los procesos irregulares a los que habitualmente son sometidas las personas indígenas en el país, procesos que entrañan condiciones de discriminación reflejados en faltas graves al debido proceso y a juicios injustos.

Por lo cual será un caso emblemático al mostrar los retos que el sistema de justicia mexicano tiene en relación con la eliminación de la discriminación que sufren las personas indígenas el acceso a la justicia, pero en particular las mujeres.