han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional
del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.
2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.
3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista
y estatista
, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.
4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.
5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones
de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen
las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.
7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).
8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.
9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.
10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino
Mientras en Los Pinos los mariachis entonaban Llegó borracho el borracho, y otras del insigne José Alfredo, el Senado debatía acaloradamente el proyecto más reciente de la Ley de Seguridad Nacional: ¿preservar o no el fuero militar? ¿Utilizar al Ejército para labores de policía? ¿Cómo identificar una amenaza a la seguridad interna? ¡Viva México, señores!Toda guerra tiene un costo. Y en el combate contra el crimen el gran perdedor ha sido el Ejército. Asumió el riesgo y se enfrascó en un combate para el que no estaba preparado; embelesado con el canto de las sirenas siguió al Ejecutivo por senderos que se apartan de la Constitución. Abandonó el nicho de misterio, poder y respeto en el que había permanecido la mayor parte del siglo pasado, para involucrarse en una guerra sin futuro ni cuartel. Puso sus muertos y mató a otros mexicanos, como en tiempos de la Revolución. Al salir a las calles y enfrentarse a su pueblo quedó inerme: amenazado por organizaciones y tribunales de derechos humanos, enfrentado a la Marina en calidad de patito feo de las fuerzas armadas; a punto de perder el fuero militar, y sujeto a futuras comisiones de la verdad o fiscalías para delitos del pasado. ¿Valió la pena?
Joaquín López Dóriga recordó una charla con el general Clemente Vega García, secretario de la Defensa de Fox. Enfrentado a la eventualidad de una orden superior para sacar al Ejército a las calles en caso de un desbordamiento social
por el desafuero de López Obrador, el general, con inteligencia y visión de Estado, dijo a López Dóriga: si el Presidente me da esa orden, me la tendrá que dar por escrito. De otro modo no saldrá ni un soldado a la calle
. Meses después rectificó su postura: se hizo más intransigente. Recordó la charla anterior y le dijo al periodista: si llega a ver a los soldados en la calle es que yo ya no estoy aquí. He decidido renunciar antes de dar esa orden
. Hay de generales a generales.
Se acabó la obediencia debida
. La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional por el Senado indica que altos mandos, gobernadores y partidos han comenzado a acotar al Presidente. Cada vez más altos mandos se rehusaban a pelear sin un marco legal, y algunos consideran el combate una guerra civil. Más aún, ¿quién conoce las cifras de esta guerra
combatida en la peor crisis económica? ¿Cuánto ha costado en armamento, combustible, sueldos, transportes, alimentos y medicinas, además de indemnizaciones a familiares?
Cual mandatario priísta, Calderón sacó al Ejército descansando en la facultad que le permite disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior
. Pero de ahí a involucrarlo en una matanza descomunal, con víctimas civiles y sin estrategia de salida, hay un gran trecho. Con esa cuestionable autoridad los presidentes compraban la paz: rompían huelgas, auxiliaban a la población civil, apagaban movimientos sociales, sometían estudiantes (hasta que vino Tlatelolco) y mantenían en línea a los opositores.
Hoy es diferente. Hay 22 mil 700 muertos, y estados sustraídos a la gobernabilidad; territorios donde no manda el gobierno. Apostar todo a la confrontación militar, o enfocar el problema como “un asunto de narcos matándose entre sí” es ingenuo, y cada vez menos aceptable. Sobre todo frente al alarmante reconocimiento presidencial: cobran impuestos, imponen leyes y cuentan con fuerza pública
. ¿Qué falta?
Joaquín Sabina llamó ingenuo a Felipe Calderón por pretender la victoria con ayuda del Ejército: ésa es una guerra que no la puede ganar él ni la puede ganar nadie
, advirtió el español, desatando una batalla mediática en la que Calderón fue defendido por Fernando Gómez Mont. El secretario refutó en forma comedida a Sabina, porque a pesar de todo Calderón considera al cantante su amigo (un amigo que lo critica públicamente y lo llama ingenuo
en suelo mexicano).
Para justificar a Sabina, Gómez Mont dijo de todo: que no fue insulto, que estaba en su derecho y que éste es un país donde la gente puede decir lo que le venga en gana. Después el gobierno hizo un acercamiento. Invitó a Sabina a comer en Los Pinos. Hubo vino, tequila, mariachis y otros cantantes de renombre. Pero no les dieron las diez ni las once, y menos las dos ni las tres de la mañana, como dice la canción. Cantó Sabina, cantaron los mariachis y cantó Calderón (según Sabina mejor que él: nobleza obliga). Después Sabina, romántico empedernido, acuñó una frase que podría ser título de su próximo disco: el ingenuo soy yo
. Pero no se engañe: ni se disculpó ni fue a pedir perdón, porque luego añadió: por ingenuo quise decir alguien que no pierde la esperanza cuando se reducen los espacios
. Eso le viene como anillo al dedo a la terquedad con la que Calderón continúa empeñado en una guerra que lleva 22 mil 700 muertos.
Tal vez los ingenuos
seamos todos: Calderón por creer que es un tema de policías y ladrones, los soldados por comprar la estrategia presidencial, y nosotros por confiar en que el gobierno resolverá el problema. De Sabina ni se preocupe: es ingenuo
por reconocimiento propio. Ya escribirá algunos versos…
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