TIEMPO DE MUJERES

Los países no asumen políticas de Estado contra la violencia

Retroceden los avances del movimiento feminista en AL y el Caribe

Por Gladis Torres

México, DF. 27 abr 10 (CIMAC).- En América Latina y el Caribe, las políticas públicas relativas a la violencia contra las mujeres ocupan un lugar marginal dentro de la política, “ni si quiera han sido incorporadas a los planes nacionales de desarrollo, ni se asumen como políticas de Estado”, afirmó la investigadora Montserrat Sagot Rodríguez.

Al dictar la conferencia “Los límites de las reformas: reflexiones feministas sobre las políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres en América Latina”, la feminista de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que la violencia contra las mujeres es resultado de un modelo de Estado y de desarrollo que se basa en la exclusión social y la desigualdad.

“La violencia contra las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de género. Es uno de los medios más efectivos para controlar a las mujeres, y una de las expresiones más brutales y explícitas de la dominación y la subordinación”, dijo.

En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, la especialista dijo que hasta el momento las leyes y políticas, no han reconocido la diversidad con que se manifiesta la violencia.

Además, dijo, los Estados no cuentan con suficientes recursos, ni con los mecanismos de evaluación, monitoreo y seguimiento para ver si el país de verdad avanza hacia la construcción de una sociedad libre de violencia.

La doctora en Sociología de Género, por la Universidad de Washington DC, indicó que en general en América Latina la aprobación de las leyes no ha estado en consonancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

Es decir, no hay una legislación específica sobre violencia contra las mujeres, sino violencia intrafamiliar, “protegiendo de manera abstracta a la familia y no a las personas con cuerpos específicos”.

Además, el principal ámbito de acción de la nueva normativa es la prevención y la atención; es decir, no todas las leyes tienen un carácter sancionador, lo que implica la impunidad de la violencia y de quienes la ejercen.

En general, la penalización de la violencia contra las mujeres se aplica solo cuando la conducta violenta “es de cierta gravedad” y constituye un delito tipificado en los códigos penales, si no está en los códigos penales no se sanciona, subrayó Sagot Rodríguez.

Para el caso de México, refirió que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), es un ejemplo para la región, sin embargo hay que ver la manera en que se le está dando cumplimiento a dicho ordenamiento.

Recordó que los movimientos feministas han avanzado en la lucha por erradicar este flagelo con la creación e impulso de políticas públicas y leyes, sin embargo aún falta mucho ya que estos sólo son instrumentos para llegar a este objetivo.

Aunado a ello, se encuentra que en la medida en que ganan aceptación las propuestas del movimiento feminista, corren el riesgo de perder su carácter transformador y radical, ya que las instituciones se apropian del discurso, pero lo asimilan “a su lógica”.

Si bien hay leyes, políticas y programas, estos no representan una amenaza al régimen de opresión, sino más bien tienden a reforzarlo. “no hay penalización y reparación del daño lo que genera mayor impunidad”, enfatizó Sagot Rodríguez.

En muchos países de América Latina, los programas para erradicar la violencia contra las mujeres no tienen perspectiva de derechos humanos y tampoco una visión articulada de los procesos; “se trata a las mujeres como víctimas o beneficiarias y no como ciudadanas”.

Detalló que en algunos países todavía se impone la conciliación. “La forma en que las mujeres son abusadas y tratadas en los servicios, muestra que los múltiples programas de capacitación no se han aplicado de la manera correcta y por tanto no han dado resultado”.

Sagot Rodríguez, advirtió que la dinámica actual se da en un clima social conservador, que busca no avanzar en los derechos de las mujeres y en retroceder en los avances logrados por el movimiento feminista.

Ante ello el reto es el mismo del inicio del movimiento feminista, construir una sociedad que garantice a las mujeres su autonomía, bienestar, integridad, y una vida libre de violencia”.