Entregan cuerpos de activistas asesinados en emboscada de Oaxaca
Nadia Altamirano Díaz, corresponsal
Oaxaca, Oax 29 abr 10 (CIMAC).- Representantes diplomáticos de Finlandia recibieron hoy el cuerpo del activista Tyri Antero Jaakkola, mientras que los restos de la defensora Beatriz Alberta Cariño, fue entregado ayer miércoles a sus familiares. Ambos defensores de derechos humanos asesinados el pasado martes en San Juan Copala, a unos 300 kilómetros de esta ciudad capital.
Alberta Cariño, integrante de la organización CACTUS de Oaxaca, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia, formaban parte de la caravana que fue emboscada el martes pasado en las cercanías del municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca.
En el municipio de Huajuapan de León se les practicó la necropsia de ley a los defensores. Estuvieron presentes Seppo Tunturi y Arja Perala, representantes de la embajada de Finlandia; así como Fracis Sorby, representante de la embajada de Bélgica; y Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño Trujillo.
Los peritos médicos legistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinaron en ambos casos traumatismo profundo de cráneo con fracturas craneales y laceración de masa encefálica, producidas por proyectil disparado de arma de fuego.
En las últimas horas, se informó que los periodistas de la Revista Contralínea Erika Ramírez, David Cilia y los activistas David Venegas y Noé Bautista, quienes también formaban parte de la caravana, fueron localizados con vida.
El mismo martes del ataque, las autoridades sólo reconocían que Mónica Citlalli Santiago Ortiz, originaria de la ciudad de Oaxaca, de 22 años de edad, recibía atención en el hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca por presentar lesiones de esquirlas de bala. En su testimonio la joven hablaba de dos personas muertas.
Las autoridades pudieron ingresar a la zona trique hasta ayer para hacer las diligencias, dictámenes periciales y localizar dos cuerpos de los dos activistas en el interior de una camioneta tipo Urban, de color blanco, con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino A.C.
Jorge Albino Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Copala, considera que primero hubo una ola de represión directa contra el palacio municipal y ahora en contra de personas civiles, "lo más absurdo que se podría hacer y no hay de otra que exigir la intervención de la Cruz Roja y la ONU y exigir que este caso lo retome la PGR".
San Juan Copala se ubica en una zona de Oaxaca, que además de pobre e indígena, se caracteriza desde hace décadas por la violencia ante la omisión de un gobierno ausente.
No falta quien en ese pueblo tenga un familiar herido o muerto por balas de integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) o el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) -o sus incisiones-, a cuyos dirigentes sólo se les identifica como los operadores de un monstruo que ha crecido al amparo del Gobierno.
A diferencia de las mujeres, los hombres no expresan miedo, dicen estar acostumbrados a una pelea entre el MULT y la UBISORT por ganar territorio. En esa lucha de años, la cuenta de los asesinatos se perdió y muchos permanecen impunes, como la desaparición desde el 5 de julio de 2007 de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, o el asesinato el 7 de abril del 2008 de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala.
En todos estos años no ha existido autoridad alguna que muestre interés por terminar con un fuego cruzado que domina la zona triqui, en la Mixteca, donde además de balas fortuitas, las personas mueren por no llegar rápido a una clínica por lo accidentado de los caminos, o por una deficiente alimentación.
CNDH EXIGE MEDIDAS CAUTELARES
En tanto, en un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos ocurridos en Oaxaca e informó que ya inició de oficio, un expediente de queja y solicitó al gobierno de Oaxaca la adopción de medidas cautelares, para que los defensores civiles de derechos humanos y los periodistas puedan desempeñar sus labores.
Para la CNDH el Estado mexicano no puede renunciar a su papel de garante del Estado de Derecho, sino que debe investigar de manera efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.
El organismo informó que visitadores adjuntos de la CNDH están ya en el lugar de los hechos, donde han entrado en contacto con familiares de los presuntos desaparecidos, recaban testimonios y han solicitado información a las autoridades.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, DF, 29 de abril (apro).- Los periodistas de la revista Contralínea, David Cilia y Érika Ramírez, reportados como desaparecidos desde el martes pasado, cuando paramilitares emboscaron a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fueron reportados con vida y fuera de peligro de muerte.
Así lo confirmaron los activistas David Venegas y Noé Bautista, quienes también formaban parte de la caravana y se encontraban escondidos con ambos periodistas.
David y Noé lograron romper este jueves el cerco paramilitar para llegar a la ciudad de Juxtlahuaca, portando un video en el cual los periodistas dan testimonio de su estado y piden auxilio para su rescate.
Los defensores de derechos humanos advirtieron que “si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”.
Aclararon que Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, en tanto David Cilia presenta una herida de bala en el pie izquierdo y un rozón de bala a la altura de la cintura.
Miguel Badillo, director de Contralínea, adelantó que este viernes buscarán incursionar vía aérea en la zona para buscar a los periodistas:
“Nos encontramos en Huajuapan de León seis reporteros más y el padre de uno de los desaparecidos, pero no ingresaremos todos, sólo algunos”, detalló Badillo.
Por su parte el Ministerio de Exteriores de Italia informó hoy que el internacionalista italiano David Casinori, también reportado como desaparecido en Oaxaca, fue localizado sano y salvo.
Destacó que Casinori se puso en contacto telefónicamente con un funcionario de la embajada italiana en México que se había trasladado a Oaxaca para tener informaciones sobre la suerte del activista.
Según la dependencia, Casinori no fue secuestrado y no había podido comunicarse debido a que le fueron robados sus objetos personales, incluido un teléfono celular.
El brigadista confirmó que el convoy humanitario en que participaba fue atacado el martes por individuos armados en las cercanías de la localidad indígena de San Juan Copala.
Dijo que los encapuchados comenzaron a disparar y que los participantes en la llamada Caravana de la Paz huyeron a la selva.
En el tiroteo murieron Beatriz Cariño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el ciudadano finlandés Jyri Antero Jaakkola, miembro de la Zezta.
En tanto organizaciones de derechos humanos de Alemania condenaron enérgicamente la agresión armada perpetrada en contra de la Caravana de Apoyo con el municipio autónomo de San Juan Copala.
En un documento, las organizaciones Initiative Mexiko, de Hamburgo; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, de Munich, así como del Gruppe B.A.S.T.A, de Münster, se quejaron de que “esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esa región del estado de Oaxaca”.
Así mismo, consideran que ese hecho es producto de la “violencia institucional dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social en Oaxaca y, específicamente, contra la construcción de procesos autónomos”.
Es por ello que exigieron al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz la presentación inmediata de todos los desaparecidos, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui y castigo a los responsables de esta agresión, “pues la impunidad sólo genera más violencia”.
Además, reprobaron la actitud del gobierno de Oaxaca, al pretender deslindarse de su responsabilidad en estos hechos, luego que el conflicto en la región triqui se ha mantenido al amparo de los gobiernos federal y estatales, ya que poco han hecho para solucionar la problemática; al contrario, “más bien su estrategia ha sido la de alimentar los rencores y así aprovecharse de la situación de inestabilidad”.
También reprobaron el intento del secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, de no responsabilizarse por la seguridad de los integrantes de la caravana.
Recordaron que el gobierno estatal es el responsable de garantizar la integridad de todas las personas que habitan y transitan en su territorio.
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