4/29/2010

Alertan de vulnerabilidad de periodistas en México

El representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, destacó que en lo que va del año cuatro comunicadores han sido asesinados en el país, víctimas del entorno de inseguridad y violencia

Notimex
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Jueves 29 de abril de 2010


Alertan de vulnerabilidad de periodistas en México

Los años recientes han sido particularmente violentos en México y los periodistas resultaron especialmente vulnerables al recibir ataques y agresiones de diversos grupos, alertó Alberto Brunori, funcionario de la ONU.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que en lo que va del año cuatro periodistas han sido asesinados en el país, víctimas del entorno de inseguridad y violencia que impera en estados como Coahuila, Guerrero y Sinaloa.

Durante la clausura del ciclo "Periodistas sin voz", que se realizó en la galería de la Alianza Francesa de México, Brunori recordó a Valentín Valdés, Evaristo Pacheco, Jorge Ochoa y José Luis Romero, quienes resultaron víctimas mortales de la ola de violencia que aqueja al país.

En ese sentido, abundó que a las ejecuciones se suman las desapariciones de periodistas, que con los hechos ocurridos la víspera en San Juan Copala, Oaxaca, son ya 12 los comunicadores de los que se desconoce su paradero desde 2000.

La noche del martes se informó que cerca de la comunidad de San Juan Copala, Juxtlahuaca, desconocidos dispararon contra una caravana en la que viajaban observadores y activistas de derechos humanos, provocando la muerte de un ciudadano finlandés y una mexicana.

Brunori explicó que la libertad de expresión se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda nacional y para los organismos internacionales de derechos humanos, su respeto constituye uno de los tópicos de mayor preocupación.

El funcionario de las Naciones Unidas indicó que existe información recabada por organizaciones civiles, en la que se identifican a personas vinculadas con el crimen organizado, funcionarios estatales y fuerzas de seguridad como presuntos responsables de las agresiones.

Ante este escenario, añadió, el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables, juzgarlos y en su caso aplicarles las sanciones correspondientes, así como la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.

lns

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