TIEMPO DE MUJERES

Alberta Alcántara y Teresa González, a cuatro años de reclusión

Piden indígenas otomíes a SCJN tomar en cuenta sus pruebas de inocencia

Gustavo González López/enviado

San José El Alto, Qro. 27 abr 10 (CIMAC).- A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la inocencia o culpabilidad en el caso de las indígenas otomíes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestro, ellas mantienen la esperanza de que se haga justicia y se reconozca su inocencia.

En el penal donde están recluidas desde hace casi cuatro años, al ver su menuda figura y la pulcritud de su vestimenta, es inevitable pensar en el desaseo del proceso y las acusaciones que mantiene en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por el “secuestro” de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El proceso plasmado de irregularidades se inició a raíz del operativo del 26 de marzo de 2006, cuando se llevó a cabo un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlan, del municipio de Amealco de Bonfil.

En marzo pasado, Alberta y Teresa fueron sentenciadas por segunda ocasión a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 91 mil pesos más 70 mil por concepto de “reparación del daño” de los presuntos “secuestrados”.

Por ello, la SCJN atrajo de oficio, el recurso de apelación contra la sentencia emitida para las indígenas otomíes, y la revisión de la sentencia quedó a cargo de la ministra, Olga Sánchez Cordero.

Aunque diversas organizaciones No gubernamentales nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, han demandado justicia para Alberta y Teresa, ellas han comprobado que “nadie les hace caso porque son pobres y débiles".

“Hemos visto aquí, dice Teresa, que una persona que cae y tiene dinero, no termina ni siquiera el proceso y se va. Todas las que estamos aquí, que no tenemos dinero, nadie nos hace caso”.

Nosotras “hemos pedido ayuda en todas partes, y mientras no vea mi libertad sigo pensando que la justicia aquí no existe en México”.

EN LA PGR NOS DIJERON QUE NINGUNA INDÍGENA PODÍA CON ELLOS

Alberta añade que “siento que somos utilizadas”. Nomás como que mucha gente dice “vamos a verlas. Vamos a ayudarlas” pero nosotras no hemos visto nada. Estamos en lo mismo. No han resuelto nada. Nuestros expedientes siguen iguales.

Cuándo estábamos en la PGR, nos dijeron que ninguna indígena, podía contra ellos. Que ellos estaban para ganar y no para perder y nos amenazaron con traer a más de nuestra familia si ellos seguían protestando por nosotras, recuerda Alberta, y remata “no importa, nosotros vamos a traer todo el pueblo si es necesario”.

Teresa comenta que aunque han recibido apoyo total del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y de Amnistía Internacional, “mientras no esté libre, ya no se que pensar”.

Para mí fue muy difícil estar embarazada en este lugar. A mis ocho meses de embarazo me dieron la noticia de mi sentencia de 20 años. En ese momento se me vino el mundo encima y me dije “yo no quiero que mi hija nazca aquí”.

Yo tenía la idea de que iba a salir. “Tenía la esperanza de aliviarme allá afuera y cuál va siendo mi sorpresa de que no. Que me alivio aquí: pasa un año. Y mi niña ya tiene un año dos meses y sigo estando en este lugar”.

“Yo ya no me quiero aguantar. Últimamente ya me desesperé más, Yo ya me quiero ir porque ya no quiero que mi niña siga creciendo aquí y no quiero que se vuelva a repetir una situación igual a la que viví con mi esposo en esta última visita, de la da tristeza que tiene de dejarnos aquí y él ya quiere convivir más con su hija”.

Ni la SCJN ni los agentes que nos metieron aquí “se preguntan si nuestra familia tiene o no para comer. Y ésa es la tristeza que más nos da a nosotras porque cuando les hablamos y les preguntamos ¿qué están comiendo? “tortilla con sal” porque no tenemos nada que comer y no tenemos dinero, nos dicen.

Nadie se pregunta eso, dice Teresa, en que nos estaban perjudicando a nosotras y a nuestra familia, y ahora quiero pedirle a la Suprema Corte ahora que tiene en sus manos nuestro expediente, que tomen en cuenta nuestras pruebas y no como el juez que nos negó muchas pruebas”.

Hasta ahorita, dijo, no se han tomado en cuenta nuestras pruebas porque también, está una prueba de conciliación o no sé, donde ellos se comprometían a no tomar represalias contra el pueblo de Santiago Mexquititlán por ser indígena. Y no lo están cumpliendo. ¿Qué hicieron con nosotras? Nos trajeron aquí.

Si alguna lección existiera de esto para Teresa dice que ha aprendido a “valorar más a mi familia, a que lo que yo pasé de niña, no lo pase mi hija y como le digo a mi esposo que ojala y Dios me permita salir pronto de aquí y que los dos le echemos ganas a trabajar para poderle dar estudios a ella y que de grande, ella decida qué es lo que quiera ser”.

Zona de Reflexión

Cero impunidad

Por Lucía Lagunes Huerta*

México, DF 27 Abr 10 (CIMAC).- Lo que a todas luces era ridículo, por fin parece que puede tener lógica. La Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, en el caso de las ciudadanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Razón por la cual la Suprema Corte pedirá su liberación.

El proyecto de sentencia que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero, deja al descubierto el tamaño de corrupción y sexismo con el cual se maneja la máxima autoridad para investigar y perseguir los delitos federales y proteger a la ciudadanía, sin duda esta liberación tendría que ser el principio de una campaña que se llame “Cero Impunidad”.

La PGR hoy comandada por un político cuestionado por falta de profesionalismo e incapacidad para la investigación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestra nuevamente el sexismo con el que actúan.

¿Qué investiga la PGR, dónde pone el acento cuando se trata de justicia, qué quería demostrar al inculpar a Alberta, Teresa y Jacinta, ya liberada, de secuestrar a policías de investigación, qué mensaje quiere dejar en la sociedad y especialmente en las ciudadanas?.

Desde su detención hace cuatro años, el sentido común y la narración de los hechos demostraban que en este caso no había delito que perseguir, que nuevamente ante la protesta ciudadana, el autoritarismo se imponía.

Jacinta fue liberada después de tres años y un mes de prisión por un delito que nunca existió, hoy pareciera que Alberta y Teresa pudieran lograr la libertad después de cuatro años de prisión.

Se podría pensar que con su liberación ya se logró hacer justicia, pero no, falta todavía la reparación del daño para la víctima. Tres años para Jacinta y cuatro para Alberta y Teresa, falta la sanción para las autoridades que fabricaron el delito e incluso pruebas.

Falta revisar cómo el Juez cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi sentencia a 21 años de prisión a tres mujeres basándose en mentiras. ¿Con quién estaba quedando bien, a quién estaba protegiendo el juez? Esto es lo que aún le queda pendiente a la justicia.

La fabricación de pruebas muestra la corrupción con la cual actúa la PGR, por ser mujeres e indígenas quedó claro el sexismo y discriminación con la que se actuó, son mujeres y son indígenas ¿que más daba, quién las iba a defender, a quiénes les iba a importar? Habrán calculado que no habría más que algunos gritos sin efecto.

Lo que no calcularon es que del otro lado, del lado de la ciudadanía se ha robustecido la indignación del abuso, se ha profesionalizado para la defensa ante el autoritarismo.

Aun cuando no del todo se gana, la esperanza interna quedaba en la Suprema Corte de Justicia. El proyecto de sentencia será discutido el día de mañana, si nada cambia, además de la liberación de las dos indígenas presas injustamente, debe incluirse la reparación del daño, la investigación sobre las autoridades involucradas en la fabricación de pruebas y en el enjuiciamiento.

Brindar un castigo a la corrupción y la prepotencia, demostrar que quien se colude contra los derechos humanos de la ciudadanía, es juzgado y sancionado, desalentará la tentación permanente de hacer de las instancias de procuración y aplicación de justicia espacios de discrecionalidad y autoritarismo a favor de los poderosos.

En el caso de Alberta y Teresa, también se dejará claro que ninguna discriminación se tolerará, y que cuando la haya, también será sancionada, como lo marca la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

* Periodista mexicana, directora general de CIMAC