TIEMPO DE MUJERES

Lealtad a cambio de impunidad

José Francisco Gallardo Rodríguez

Para los férreos defensores del fuero militar.
Con todo respeto para Tita Radilla.

Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron asestadas al Estado mexicano a fines de 2009, una por el caso González (del Campo Algodonero en Ciudad Juárez), y la otra, por el caso Rosendo Radilla Pacheco, ejecutado y desaparecido en Guerrero por militares durante la llamada guerra sucia en agosto de 1974, en este caso, la sentencia es muy clara en su mandato de ponerle fin al fuero militar; se trata de un laudo de un tribunal internacional en contra del Estado, vía Ejército.

El fallo mandata la armonización de la ley militar con la Convención Americana de Derechos Humanos –se los dijimos desde 1993–, desgraciadamente para el alto mando, ley suprema de toda la Unión (artículo 133), y para lograrlo no hace falta más que un procedimiento legislativo y voluntad política. La responsabilidad para el cumplimiento de la sentencia es de todos los partidos y en especial del tricolor pues las desapariciones forzadas y la violencia militar en la montaña de Guerrero ocurrieron dentro del régimen del partido de Estado. Lo peligroso es que ahora sigue la violencia militar pero mucho más grave y en toda la República, solapada e impulsada por la actuación hipócrita y servil de la derecha pero en un régimen de Estado partido.

El cumplimiento de la sentencia involucra a los tres poderes del Estado, ya había escarceos para modificar la jurisdicción castrense y reformar el artículo 13 constitucional, a fin de someter a los militares a la ley; sin embargo, “la izquierda”, no obstante que ha pagado las cuotas de sangre por la represión militar, ha sido tibia para impulsar las reformas pues igual coquetea con el poder, luego, dichas iniciativas se han presentado cuando hay un asunto escandaloso sobre violaciones cometidas por militares: Ernestina Asencio, Castaños, Caballeros, etcétera y los legisladores se montan en él para sacar provecho. Además hay una defensa a ultranza orquestada desde el poder para proteger las violaciones y abusos cometidos por los militares.

Lógico, después del 1º de diciembre de 2006, los militares cobran las facturas al haber impuesto a Felipe Calderón en la silla presidencial: “Lealtad institucional” a cambio de impunidad, fórmula que adquiere actualmente gran vigencia.

Es por ello que el comandante supremo ha presentado varias reformas legales para establecer un halo de impunidad al alto mando y a los militares violadores de derechos. Es decir, son leyes de inmunidad para que los crímenes cometidos por los militares queden impunes.

La simulación y la tibieza para tomar en serio las reformas a las fuerzas armadas, históricamente intocadas, con la complicidad de empresarios, legisladores, ministros, políticos y por supuesto militares –diplomados–, ha llevado a colapsar el sistema de seguridad y debilitar al poder armado del Estado.

Además de que ahora se señala al Ejército como el principal violador de los derechos humanos en México, haya 3,175 quejas enderezas ante la CNDH y otras en la CIDH, y tenga en su haber el escarnio internacional por la actuación inconstitucional en la lucha contra las drogas, ahora calificada por su mejor impulsor –USA– como fracasada a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez, un saldo de más de 200 mil deserciones (para la Sedena son 167 mil) de todos los rangos en el Ejército, y más de 20 mil ejecuciones extrajudiciales, entre mujeres y niños que mueren en fugo cruzado.

Sin ser agorero, el desenlace por los abusos militares los previmos desde 1993 al publicar la propuesta de la creación del ombudsman military (Forum 22, octubre de 1993). En México por nuestra condición histórica, la activa participación de los militares en funciones propias y exclusivas de los civiles, es necesario crear una institución que supervise, vigile y muy de cerca la administración y el ejercicio del mando militar a fin de que el Congreso contrapese al Poder Ejecutivo en su rama militar. Es decir, que los militares estén sometidos al poder civil.

El ombudsman militar de ninguna manera es sólo una instancia defensora de los derechos de la clase militar sino también de todos los mexicanos, una institución a la que cualquier persona que se vea agraviada por la acción de mando o de las tropas pueda recurrir y sea atendida y se repare en el daño.

Pero lo más importante es que aparte de tutelar la disciplina militar a través del exacto cumplimiento del estado de derecho, visitará cuarteles, hospitales, escuelas y cárceles militares, hará propuestas de reforma al cuerpo de leyes militares a fin de establecer una nueva relación civil-militar democrática, donde el poder civil tendrá primacía sobre los asuntos de la defensa y seguridad nacionales.

Estas propuestas que tocan prerrogativas del alto mando se convirtieron en cuerpo del delito para el caso Gallardo, pero la historia ahora nos concede la razón, Radilla y otros en un futuro serán el móvil para transformar al Ejército de asesinos en Ejército institucional avocado a sus funciones de defensa nacional y respetuoso de los derechos humanos.