comprueba su estancia legal en Estados Unidos.Al suscribir esa iniciativa, la gobernadora Janice K. Brewer se corresponsabiliza de su contenido con la legislatura de ese estado, que previamente la aprobó, con lo que le está dando dentro de la vida pública interna una mayor fuerza política.
La iniciativa de ley SB 1070 es persecutoria y racista, de espíritu francamente fascista.
La reglamentación migratoria en Estados Unidos es facultad federal. El presidente Barack Obama ha instruido a colaboradores para que examinen la procedencia legal de la iniciativa. El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, cuya actitud es representativa de la de muchos funcionarios y de amplios sectores de la población, ha declarado que presentará una denuncia ante la autoridad judicial buscando echar abajo esa ley a la que califica de inconstitucional e inaplicable. De llegar el caso a la Suprema Corte, existe la posibilidad de que ésta declare la improcedencia de esa ley estatal, pero es sólo una posibilidad, sobre todo si se considera la actual integración altamente conservadora y reaccionaria de ese cuerpo.
El gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha declarado en torno a la ley SB 1070 que utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona, y que las agencias diplomáticas y consulares de nuestro país estarán redoblando sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, independientemente de la condición migratoria de nuestros nacionales.
En su declaración señala, adecuadamente también, que el tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio, y que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada, que la existencia de mercados laborales trasfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo.
Es ahora la oportunidad para que el gobierno mexicano vaya más allá del rechazo a la ley SB 1070 y de esta declaración, y haga una propuesta que permita resolver de fondo los problemas de la migración irregular de nuestro país hacia Estados Unidos.
Es el momento de proponer un adendum al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN), que considere la creación de fondos de compensación para reducir las asimetrías económicas existentes entre los tres países signatarios del pacto, así como la suscripción de una carta o compromiso social en el que se establezcan los mecanismos que, al ponerse en práctica, permitan igualar, en tiempos razonables que se fijen, las condiciones laborales en los tres países, que garantice el respeto y ejercicio de los derechos de los trabajadores donde quiera que realicen su actividad, y que prevea los plazos en los cuales, así como ya sucede con las mercancías, se dé también la libre circulación de personas.
La defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que ya enfrentan un sinnúmero de amenazas en Estados Unidos, a las que se suman ahora las que surgen de la ley SB 1070, será más efectiva si la actitud del gobierno mexicano no es sólo reactiva a los eventuales efectos directos derivados de la entrada en vigor de esa ley arbitraria y represiva, sino planteando una solución de fondo, con una visión integral de la problemática socioeconómica existente en la porción norte del continente, que se promueva con todo vigor y decisión, como parte de la política bilateral y trilateral, en los medios oficiales y civiles de los países con los que estamos asociados en el ALCAN, así como entre aquellos que en nuestro propio país habrán de tomar las correspondientes decisiones.
El martes pasado entró en vigor el embargo decretado por Estados Unidos al camarón mexicano capturado en altamar con redes de arrastre, que representa aproximadamente una cuarta parte del total que cada año obtiene dicha pesquería. No es el primer embargo que Estados Unidos decreta contra un producto mexicano. Antes lo sufrieron, por diversas razones, el atún, el aguacate, el melón y la fresa. En esta ocasión las autoridades del vecino país argumentaron que las redes utilizadas por los barcos camaroneros también capturan tortugas marinas. Allá está prohibido importar camarón de países cuyas flotas pesqueras maten los quelonios. La medida se comunicó al gobierno mexicano en enero, pero éste la dio a conocer dos meses después.Bueno es recordar que para decretar el embargo contra el atún aleta amarilla, el vecino alegó que en la captura de dicha especie se mataban delfines. El embargo significó pérdidas millonarias durante varios años y obligó a modernizar la flota, de tal forma que ahora se garantiza que en sus lances de pesca sobrevivan los delfines. Ese embargo fue alentado y sostenido por una organización ecologista de ese país: Isla de la Tierra, aliada de los atuneros estadunidenses, que le dan unos cuantos centavos de dólar por cada lata de atún que vende en su mercado con la leyenda: libre de delfines. Fue un embargo con claros tintes proteccionistas.
En el caso del camarón, las autoridades mexicanas inicialmente se contradijeron al explicar el origen del embargo. Por un lado, el titular del medio ambiente, el ingeniero Juan Elvira, dijo que la medida era injusta, pues solamente se matan unas 50 tortugas en la temporada camaronera, mientras en sólo tres años se liberaron 150 millones de crías de tortuga. Después optó por no hablar de injusticia. Mejor advirtió de la necesidad de que los barcos camaroneros cumplan con las normas establecidas para proteger a los quelonios. En cambio, el procurador federal del medio ambiente, Patricio Patrón Laviada, reconoció desde un principio que no toda la flota camaronera las protegía. En igual sentido se pronunció el líder de los empresarios del ramo.
Y eso que desde hace 14 años las autoridades instauraron un programa para excluir a las tortugas de los lances de captura de camarón. Y que hace dos la parte estadunidense comunicó a México irregularidades en el funcionamiento de parte de la flota camaronera en cuanto a garantizar la vida de esos milenarios animales. Anotemos que nuestro celoso vecino, en cambio, hace de las suyas con el atún aleta azul, el bacalao, el salmón del Atlántico, especies sobrexplotadas por su flota.
Todo el camarón capturado en altamar la pasada temporada alcanzó a venderse en el mercado estadunidense. Habrá problemas si el embargo se alarga más allá de septiembre próximo, cuando se levanta la veda que cada año va de abril a agosto. Por principio, habría que buscar mercado para más de 40 mil toneladas de camarón de altamar. Podría abastecer la demanda local si el precio de venta es atractivo para los consumidores, pues es un producto caro. En cuanto a buscar otros mercados, no es fácil encontrarlos de la noche a la mañana.
Somos un país privilegiado: a nuestras costas llegan a desovar siete de las ocho especies marinas que existen en el planeta: golfina, lora, carey, caguama, verde, prieta y laúd. La única que no llega es la kikila, que se localiza en Australia. Todas esas especies se encuentran protegidas por la legislación mexicana desde hace lustros, luego de una gran lucha ciudadana para librarlas de la depredación en mar y tierra. Sin embargo, se siguen matando para aprovechar su carne, su caparazón, sus huevos, falsamente catalogados de afrodisiacos, ya que en realidad producen en el hombre colesterol malo.
Las autoridades mexicanas negocian ya con las estadunidenses levantar el embargo antes de septiembre. Garantizan que, ahora sí, toda flota camaronera protegerá los quelonios, algo que también debe hacerse en las costas del país, donde siguen siendo víctimas de la depredación.
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