José Ramón Cossío D.
La semana pasada, Human Rights Watch (HRW) dio a conocer su informe México. Ni seguridad, ni derechos. A pesar de los graves señalamientos que en él se hacen sobre la situación de los derechos humanos en el país, la atención que recibió se redujo, básicamente, a reproducir la cifra de 170 casos de tortura, 39 de desapariciones y 24 de ejecuciones extrajudiciales. Poco más se dijo y el informe se perdió en la masa informativa. Sin embargo, por la gravedad de las cifras, pero también por lo mucho que en otras partes se dice sobre lo que vivimos y lo que podemos hacer para evitar su agravamiento, debe ser retomado y discutido públicamente.
Para hacerlo me detengo en una de sus partes más relevantes: las recomendaciones. Éstas se dirigen a diversas autoridades del Estado y no sólo al Ejecutivo federal y a su administración. Por el contrario, y sin dejar de reconocer que parte de los problemas que vivimos derivan de la manera como el Presidente inició y mantiene lo que el propio informe llama “guerra”, en el documento se asume que las soluciones a la situación deben provenir de diversas autoridades. Sin que se haga explícito, aquello que se está resaltando es que el único modo de lograr la disminución de las violaciones a derechos humanos e incremento de los niveles de seguridad es mediante la actuación de los órganos de los tres niveles de gobierno. Es decir, el informe apunta a la necesidad de que se le dé sentido a la división de poderes y al sistema federal a efecto de realizar los correspondientes “pesos y contrapesos” al Ejecutivo federal.
¿Qué recomienda el informe? En primer lugar, que todos los casos de presuntas violaciones a derechos humanos se sometan a la justicia penal ordinaria. Esta propuesta se basó en el hecho de que, a juicio de HRW, las fuerzas de seguridad del Estado están violando los derechos humanos de la población en su lucha contra la delincuencia. Para ello, se propone reformar el Código de Justicia Militar, lo que, como se sabe, es tarea del Congreso y del presidente. Igualmente, se pide a las procuradurías federal y locales que dejen de remitir a la Procuraduría Militar los casos en que estén involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar, en el informe se recomienda avanzar con seriedad en la reforma penal que habrá de dar lugar a un sistema acusatorio y oral en todo el país, esto como medio para transparentar y hacer eficaces los procesos. El llamado en este caso está dirigido a las autoridades legislativas que no han emitido la correspondiente legislación ni han asignado presupuestos; a las judiciales que no se están preparando para los cambios que vienen, ni han aplicado aquellas partes de la reforma penal que ya entraron en vigor, y a los ejecutivos que no han iniciado las tareas de transformación de policías, peritos y fiscales.
La tercera recomendación es garantizar el debido proceso a fin de prevenir abusos contra detenidos. En particular, impedir que admitan pruebas obtenidas con tortura, asegurar que las fuerzas de seguridad pongan de inmediato a los detenidos a disposición del Ministerio Público y poner fin a la práctica del arraigo para justificar detenciones arbitrarias. Estas medidas corresponden a policías, fiscales y juzgadores federales y locales, pero también a los legisladores, que deben modificar las normas para poner fin a las prácticas que permiten que detenidos y procesados queden al margen de las actuaciones judiciales.
Una recomendación más apunta a la necesidad de crear protocolos para investigar la muerte de personas en enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, crear leyes que regulen el uso de la fuerza estatal y crear bases de datos confiables para desapariciones, detenciones y muertes. Se propone que las comisiones de derechos humanos actualicen sus formas de actuación para comprender y hacer frente a los fenómenos actuales, actuando con diligencia y, sobre todo, perspicacia, para evitar violaciones especialmente ahí donde existan fuertes concentraciones de miembros de las Fuerzas Armadas.
Se puede estar o no de acuerdo con la metodología del informe, pero, en el segundo caso, se tendría que explicar por qué. Se puede o no coincidir con los resultados numéricos a los que se arribó, pero también se tendría que demostrar dónde están los sesgos en las 200 entrevistas y en los informes recabados o en la interpretación que de ellos se han hecho. Se puede convenir o no con las recomendaciones, pero en caso de que no fuere así se tendrían que proponer alternativas serias y fundadas. Lo que sí es necesario hacer es admitir que el informe es una muy seria llamada de atención a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que en su ámbito competencial generen pesos y contrapesos institucionales al modo como se está conduciendo el actual modelo de “seguridad pública” en todo el país.
Twitter: @JRCossio
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario