Ante este dilema, lo que queda a Las Abejas es reiterar la verdad una y otra vez, confirmando lo que haya que confirmar en la demanda contra Zedillo, pero también dejando bien claras las diferencias con su propia postura.
En esta línea, una primera diferencia es la que ya se ha hecho notar desde que se dio a conocer la demanda en EU, y que últimamente reiteró Luis Hernández Navarro en estas páginas de La Jornada: la demanda en EU no es una demanda penal que busque castigo para el o los responsables de la masacre de Acteal; es simplemente una demanda civil que busca una compensación económica por daños y perjuicios. Pero además de esta diferencia hay otras cuya importancia concierne no solamente a Las Abejas, sino a todos aquellos que se preocupan por la justicia y los derechos humanos en México.
En efecto, la demanda en EU contra Zedillo es contra un individuo que por su trabajo en esos momentos (que resultó ser el de presidente de México) tuvo una responsabilidad por acción u omisión en los hechos cuyas consecuencias se le reclaman. En cambio, la demanda tanto de Las Abejas como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha acompañado a las víctimas desde el principio, es por un crimen de Estado, en el que la responsabilidad ciertamente toca en buena parte a Zedillo, como cabeza del Estado mexicano, pero va más allá de este individuo. Las consecuencias de esta diferencia no son nada despreciables. Mientras el juicio en Connecticut se agotaría en el pago de daños a los demandantes, la demanda FrayBa-Abejas apunta, no sólo a que se determine la culpa de otros altos funcionarios civiles y militares, además de Zedillo, sino a poner en evidencia todo el aparato represivo y francamente criminal que se montó en aras de la contrainsurgencia, esto es, en aras de escamotear las justas demandas indígenas que habían sido reconocidas no sólo por la opinión pública nacional sino por una ley, valga la redundancia que aquí es énfasis necesario, aprobada con todas las de la ley.
De cara a la guerra de Calderón contra el crimen organizado, que es el dato más impactante de la realidad nacional hoy, Las Abejas han reiterado insistentemente que la guerra de Zedillo contra las comunidades indígenas no es algo del pasado, sino que deben buscarse las ligas entre la contrainsurgencia de aquellos años y la muy discutible estrategia (si se le puede llamar así) de Felipe Calderón de combatir la violencia con más violencia. Por cierto, el presidente electo de Guatemala, Otto Pérez Molina, notorio protagonista de la guerra sucia y la contrainsurgencia en su propio país, acaba de declarar que usará a los kaibiles para combatir a Los Zetas. Ante la evidencia de que éstos se han formado a partir de grupos de élite de los dos ejércitos, tanto el mexicano como el guatemalteco (los Gafes y los kaibiles, respectivamente), lo menos que se puede decir es aquello de “cría cuervos…”
Hay otra diferencia entre la demanda civil contra Zedillo y la del FrayBa-Abejas, diferencia que me parece que hasta ahora no se ha señalado. Concierne, ya no a la naturaleza jurídica del caso, sino a la estructuración de la narrativa que sostiene la demanda. Según la versión Abejas-FrayBa, hay una línea de continuidad desde la masacre de Acteal hasta la fecha, pasando por la sentencia de la Suprema Corte para excarcelar a los asesinos hace dos años; dicha línea es la continuidad de la impunidad. La sentencia de la Corte no fue más que otra vuelta de tuerca a la impunidad. Bajo el gobierno de Zedillo el Estado auspició a los paramilitares; bajo el gobierno de Calderón el Estado absolvió a los paramilitares que él mismo había creado. La actuación de la Suprema Corte no representó sino más de lo mismo.
Pero la narrativa de la fiscalía creada por el gobernador Sabines en Chiapas, que es asumida prácticamente íntegra por la demanda contra Zedillo en EU, plantea las cosas de otra manera: la masacre de Acteal es un crimen del que Zedillo es responsable y su conducta criminal se extendió a la cobertura de su propia responsabilidad y la de sus cómplices, por medio de un juicio amañado que castigó a inocentes para encubrir a los verdaderos culpables. En esta perspectiva, la acción de la Corte durante el gobierno de Calderón fue echar por tierra el encubrimiento y de esta manera abrir las puertas para la búsqueda de los verdaderos responsables; que es lo que, según ellos, están haciendo la Fiscalía Especial de Chiapas y los demandantes en EU junto con sus abogados.
En la versión real de los hechos, que es la del FrayBa y Las Abejas, la masacre de Acteal fue algo cuidadosamente planeado por el gobierno; pero le salieron mal sus cálculos y ante la ola de indignación nacional e internacional no tuvo más remedio que encarcelar a algunos autores materiales y a un puñado de funcionarios menores. Pasados los momentos de atención vigilante de la opinión pública sobre Chiapas, el Estado (vía la Suprema Corte) liberó a sus cómplices, retomando el camino de la impunidad, que es lo que han hecho todos los gobiernos dictatoriales en América Latina. En la versión de la fiscalía de Chiapas y de los abogados de Miami significativamente no existe el sujeto pueblo (la opinión pública, en este caso) ni continuidad de una política criminal del Estado. Lo que hay es un antes de maldad en el sexenio de Zedillo y un después de justicia en el sexenio de Calderón.
¿Es posible que algún ciudadano consciente, ya no digamos Las Abejas, avale este cuento nada más por el gusto de ver a Zedillo en el banquillo de los acusados?
*Asesor de proyectos educativos con Las Abejas de Acteal.
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