Estado impone maternidad a niñas víctimas de violación

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

REPORTAJE

Autoridades transgreden norma contra violencia sexual

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 18 nov 11 (CIMAC).- El Estado mexicano ha fallado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, y ejemplo de ello es la imposición de la maternidad en menores de edad víctimas de violación.

Así lo señaló Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, quien lamentó que este 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños, esta población tiene “poco que festejar”.

La especialista en infancia expresó su preocupación porque “autoritariamente” las autoridades imponen “sus valores y creencias” por encima del bienestar de las niñas y adolescentes.

Además de que no proporcionan la información y servicios para que las adolescentes ejerzan una sexualidad sin riesgos de tener un embarazo no deseado y contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), “hace víctimas para toda su vida a las sobrevivientes de una violación sexual” al obligarlas a llevar a término un embarazo producto de esa violencia.

Debido al “conservadurismo” de servidores públicos, casos como el de Paulina, la niña agredida sexualmente en 1999 y a quien las autoridades de Baja California le negaron su derecho al aborto legal, se siguen repitiendo en el país.

En abril de 2010 autoridades de Quintana Roo impidieron el acceso a servicios de aborto legal a una niña de 9 años de edad, violada sexualmente por su padrastro, en Robirosa, una comunidad rural del sur de ese estado.

Elsa Conde, ex legisladora e integrante del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, denunció que después de Paulina, “hay varios casos semejantes, en los que se observa que las autoridades que deberían velar por sus derechos como el DIF, secuestran a las niñas y adolescentes para que concluyan sus embarazos”, producto de una violación sexual.

Nashieli Ramírez indicó que en el país 5 por ciento de la gama de violencia en contra de las y los menores de 18 años de edad, corresponde a abuso sexual. El porcentaje es mínimo en comparación con la magnitud del problema, el cual poco se denuncia.

Ello se debe a que en 8 de cada 10 casos la violencia sexual contra niñas es cometida por miembros de la familia, “por padrastros, tíos” y “las familias se vuelven cómplices del delito y no lo denuncian”, éste es otro obstáculo para que las menores de edad tengan acceso a la justicia.

Cuando los casos son denunciados, además de sancionar penalmente al agresor, las niñas y adolescentes deben recibir la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y tratamiento de profilaxis para evitar el contagio de ITS.

Si las sobrevivientes de violación sexual están embarazadas el Ministerio Público está obligado a informarles que tiene acceso a servicios de aborto legal, que el personal de salud debe brindar conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Sin embargo, en los hechos la obligatoriedad de la norma no es asumida por los administradores de justicia y el personal de salud, debido a la falta de difusión de la 046 y a las “resistencias personales” de los funcionarios, acusó Elsa Conde.

La ex legisladora denunció que otra barrera para su aplicación es que las mujeres adultas y menores de edad también desconocen la obligatoriedad de la norma. Para remediar la situación, la Secretaría de Salud (Ss) debe iniciar una amplía difusión entre prestadores de servicios y las usuarias.

Al tiempo, deben establecer sanciones a quienes incumplan los lineamientos de la NOM-046, pues, dijo, ésta se creó para evitar que las sobrevivientes de violación sexual sufran una doble victimización, porque además de afrontar las consecuencias del delito enfrentan a las autoridades que por cuestiones ideológicas pretenden imponerles la maternidad, aunque se ponga en riesgo su salud y su vida.

Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, informó que las niñas y adolescentes corren un 60 por ciento de riesgo adicional de sufrir una muerte materna (MM) que las embarazadas en edad adulta.

La interrupción legal del embarazo, sobre todo en las primeras 12 semanas, “es un procedimiento más seguro que permitir que niñas y adolescentes lleven a término un embarazo”, para salvaguardar su salud física y mental.

El embarazo a edades tempranas pone en peligro la vida de la niña o adolescente, ellas suelen sufrir trastornos hipertensivos: eclampsia y preeclampsia, principales causas de MM, independientemente de la calidad de la atención médica que reciban.

La información oficial da cuenta de esa realidad, ya que en el país 24 por ciento de todas las hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años de edad se debieron a causas relacionadas con embarazo, aborto, parto o puerperio, padecimientos por los que 88 por ciento de las adolescentes de entre 15 a 19 años de edad fueron hospitalizadas.

La mortalidad en las adolescentes por causas maternas representa el 5.6 por ciento de las defunciones registradas en este grupo de edad, “está después de las causas de muerte violentas y antes de cualquier enfermedad”.

Los datos, concluyó Schiavon, ponen en evidencia la magnitud de la responsabilidad que el Estado debe asumir para atender la salud sexual de niñas y adolescentes.