Lydia Cacho Cuando Galina salió de su casa en Bulgaria estaba convencida de que su vida daría un giro. Aseguró a su amistades que su vida cambiaría y que sería famosa. Viajó a Cancún y unas horas más tarde había caído del piso 19 de uno de los condominios privados de la exclusiva zona de playas en Cancún.
Los padres de la joven de 25 años aseguran que estaba desempleada y que jamás les informó que viajaría al otro lado del mundo. Ellos están convencidos de que su hija fue asesinada y el esclarecimiento del delito está en manos de un solo hombre: Gaspar Armando García Torres, procurador general de Justicia de Quintana Roo.
Ya el diario Reforma ha dado una cobertura impecable del tema; como suele suceder en México, todos los días en los estados suceden hechos trágicos que quedan ocultos bajo el aplastante peso del influyentismo de empresarios o políticos implicados en ellos. Aunque la prensa quintanarroense cubrió el caso de la muerte de Galina en abril, de inmediato se activó la dinámica del manejo de influencias, compra de voluntades y actos de corrupción institucional que impidieron una investigación pronta, expedita y transparente. Y no es la primera vez que una turista muere en este centro turístico, se han documentado casos de accidentes en que algunos turistas han caído de balcones de hoteles de playa y otros más de personas que llegan a Cancún, como a cualquier sitio turístico del mundo, expresamente a cometer suicidio.
Sin embargo, el caso de Galina Chankova Chaneva no entra en los parámetros de un infortunado incidente más; hay componentes que no pueden ignorarse, ni siquiera porque la chica fue cremada hace meses. Su muerte se da en un condominio vinculado a personajes relacionados con el Partido Verde, que, encabezados por Jorge Emilio González, han tomado varios departamentos en el Edificio Emerald. La chica, según testigos presenciales, llegó esa noche a una fiesta en el condominio en cuestión; unas horas después Galina cayó desde el balcón, no sin antes responder a sus padres en un mensaje SMS de celular: “Estoy trabajando, mañana hablamos”.
Ya se ha documentado que González niega ser propietario del condominio, sin embargo, se ha evidenciado en notas de prensa que él mismo paga el mantenimiento de la torre y hay testigos presenciales de que durante largas temporadas se hospeda allí y que está llevando a cabo una remodelación que él mismo ha pagado. Resulta difícil precisar el verdadero propietario del departamento, toda vez que buena parte de los políticos recurren a la figura del prestanombres. Imposible saber si es el caso del condominio del que cayó la joven búlgara. Lo cierto es que, según fuentes de la Procuraduría de justicia Quintana Roo, Jorge Emilio González ha hecho uso constante de ese departamento.
Nadie ha acusado al líder del Partido Verde de asesinato. Pero es evidente que ha existido una operación de autoridades e influyentes para manipular la información, falsear declaraciones ante la autoridad, de corromper a medios para ocultar la nota e intentar sobornar a personal de mantenimiento de las torres para que ellos incurran en el delito de falsedad de declaraciones en un probable caso de homicidio imprudencial, una maquinación que ha antepuesto la protección de la imagen pública de un político al esclarecimiento de una muerte sucedida durante la gestión del ex procurador de Justicia estatal Francisco Alor Quezada.
Los padres de Galina tienen muy claras varias cosas: su hija cambió notablemente unas semanas antes de salir de su país, nadie conocía a Mircho, el hombre que les pagó los boletos a ella y su amiga para viajar a México; su hija no bebía más de lo normal y no consumía drogas (se dice que había consumido cocaína durante la fiesta). Para sus familiares y el fiscal especial dedicado al asunto desde Bulgaria, el hecho tiene todos los componentes de uno más de los miles de casos de trata de mujeres que salen de Bulgaria, país que colinda con Rumania, Grecia y Turquía y es parte del triángulo euroasiático de la trata de mujeres de los países que pertenecieron al bloque comunista. El año pasado la policía búlgara detuvo a 69 tratantes de mujeres jóvenes sometidas a redes de prostitución VIP; de ellos sentenció a 25 explotadores a la pena máxima por trata de personas: tres años de prisión.
Los padres de Galina seguirán buscando la verdad. Jorge Emilio González y quienes lo protegen seguirán negándoles esa oportunidad. Todo queda en manos del nuevo procurador local.
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Periodista
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